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Diligencias previas

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Las diligencias previas suponen una actuación judicial que tiene por finalidad investigar si unos hechos son constitutivos de delito, quienes son sus autores, y los órganos competentes para juzgarlos. Se contemplan en el art. 775 LECrim y siguientes.

Estas diligencias tienen lugar en la fase inicial del procedimiento penal: la fase de instrucción, que se regula en el título IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La instrucción se inicia mediante denuncia del perjudicado, de la víctima, o de la fuerza actuante (guardia civil o nacional).

Es una fase fundamental que estrechamente está vinculada con el derecho a la presunción de inocencia, es por ello, que la persona investigada tendrá la oportunidad de dar una explicación lógica de los hechos que se le atribuyen.

El proceso penal puede comenzar con la detención y asistencia jurídica en comisaría del detenido, puesta a disposición judicial, e incoación de aquellas  diligencias previas por el juez.

El proceso penal se inicia de forma estricta mediante denuncia o querella. A través de la denuncia se pone en conocimiento de la autoridad competente la comisión de un delito pero no se ejercita una acción penal, es decir, el denunciante no tendrá que probar los hechos objeto de la denuncia, no siendo parte del proceso. Sin embargo, en la querella sí se ejercita la acción penal (arts. 100 y 270 LECrim). La querella está sujeta a requisitos más estrictos, por ejemplo, únicamente podrán presentarla aquellas personas capacitadas para ello: el Ministerio Fiscal, las personas jurídicas y las personas físicas que estén legitimadas para ejercer la acción penal; además, para su admisibilidad podría ser necesario dejar una fianza, exceptuando aquellos casos contemplados en el art. 281 LECrim.

A continuación se llevarán a cabo los actos de comprobación y averiguación necesarios para determinar el hecho punible consistente en delito, así como las circunstancias que conllevaron a ello.

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