ABOGADO 24 HORAS: +34 643647677 | DESPACHO: +34 91 157 37 28

Abogados Delitos contra la Hacienda Pública

Abogados especialistas en Delitos contra la Hacienda Pública

Escribe los números que ves aquí *

Acepto haber leído la política de privacidad y uso de datos.


He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad.

Declaro, bajo mi propia responsabilidad, ser mayor de 18 años y respondo de manera exclusiva de la veracidad de dicha declaración.

Acepto recibir la información que la entidad considere oportuno enviarme por correo electrónico o medio de comunicación electrónica equivalente. (Es posible darse de baja en cualquier momento).

Los conocidos delitos contra la Hacienda Pública o delitos fiscales están en boca de todos pero. ¿Qué consiste un delito fiscal? Consisten en defraudar a la Administración Pública (estatal, autonómica, foral o local) sea eludiendo la obligación de pago, sea mediante engaño o voluntad de no pagar las obligaciones tributarias. Su regulación se encuentra en los arts. 305 y ss. del CP. Para poder hablar de delito la cantidad defraudada ha de ser siempre superior a los 120.000 €.

¿Qué se entiende por la acción de defraudar?

  • Eludir el pago de tributos.
  • Cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie.
  • Obtener indebidamente devoluciones.
  • Obtener indebidamente beneficios fiscales.

 

¿Cuál es el bien jurídico protegido?

El bien jurídico protegido es el patrimonio público en su manifestación relativa a la recaudación tributaria de los impuestos, eludiendo dicha obligación de pago.

 

¿Qué penas tiene aparejadas el delito fiscal?

La pena de prisión va: de uno a cinco años.

A la cual se añadirá una multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiera regularizado su situación tributaria.

Así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años.

 

¿Sin embargo se pueden plantear atenuantes para reducir las consecuencias penales?

Sí. Se podrá pactar una pena inferior en uno o dos grados cuando:

  • Cuando el imputado satisfaga la deuda tributaria antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial y antes de que se reconozcan judicialmente los hechos.
  • Otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor cuando colaboren activamente en la obtención de pruebas decisivas para la identificación, captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario u otros responsables.

 

¿Existen agravantes que aumentan las consecuencias penales?

La pena de prisión puede agravarse. De dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando:

  1. La cuantía defraudada exceda de seiscientos mil euros (600.000€).
  2. La defraudación se haya cometido por organización o grupo criminal.
  3. Utilización de personas, empresas que oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito (físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación).

 

¿Cómo se determina la cuantía del delito?

  • En tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración (si son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural).
  • En los demás supuestos, la cuantía de cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.

 

¿Qué es la regularización de la situación tributaria previo a la incoación de expediente judicial o administrativo?

  • Cuando se haya procedido por el obligado tributario al reconocimiento y pago de la deuda tributaria, ANTES de que la Administración Tributaria le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración (autonómica, foral o local) interponga querella o denuncia contra el autor, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realice actuaciones.
  • La regularización impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria.
  • La liquidación seguirá la tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de recursos propios de toda liquidación tributaria.
  • La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución.

 

Delitos contra la Hacienda de la Unión Europea

Estos delitos se cometen contra la tesorería de la UE mediante:

  • La elusión del pago de cantidades que se deben ingresar.
  • Dar a los fondos una aplicación distinta a la que estuvieran destinados.
  • Obtener indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión.

 

Fraude superior a 4.000 € e inferior a 50.000 €

Si la cuantía defraudada no supera los 50.000 euros, pero excede de 4.000 euros, se impondrá:

  • Prisión de tres meses a un año O multa del triple de la cuantía Y Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis meses a dos años.

 

Fraude superior a 50.000 €

Si la cuantía defraudada no supera los 50.000 euros, se impondrá:

  • Prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía y
  • Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

Despacho de abogados penalistas en Madrid especializado en todo tipo de derecho penal y penitenciario