Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico se encuentran en el Título XIII de nuestro Código Penal. Estos delitos son aquellos que, debido a la gravedad y el perjuicio patrimonial que provocan, generan responsabilidad penal, al margen de la responsabilidad civil derivada de delito.

Ospina Abogados está especializado en derecho penal económico en Madrid, abarcamos todo tipo de delitos relacionados con el derecho penal y económico.

¿Cuáles son los Delitos de Corrupción?

Tráfico de Influencias

Estos delitos están tipificados en los artículos 428 a 431 del Código Penal, y castigan al funcionario público, autoridad o particular que influya en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose de su cargo, o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí mismo o para otra persona. Si se consigue el beneficio perseguido, la pena se impondrá en su mitad superior.

Delito de Fraude

Este delito está recogido en los artículos 436 a 438 del Código Penal, y los comete aquella autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en actos de contratación pública o de liquidación de activos públicos, pactara con los interesados, o usase cualquier mecanismo para defraudar a un ente público. También incurren en este delito los particulares que pacten con la autoridad o funcionario en cuestión.

Cohecho

El delito de cohecho está recogido en el artículo 419 y siguientes del Código Penal, y castiga a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, reciba o solicite, por sí mismo o a través de otra persona, regalo, favor, retribución o promesa, a cambio de realizar bien un acto propio de su cargo, bien un acto contrario a los deberes de su cargo, o, también, de no realizar o retrasar injustificadamente aquello que debiera llevar a cabo. Estaremos en el mismo supuesto si la retribución o regalo se solicita o recibe en forma de recompensa. En cualquier caso, incurre también en cohecho la autoridad o funcionario público que admita una retribución, favor o regalo que le sean ofrecidos en consideración a su cargo. Todo esto es aplicable igualmente a jurados, árbitros, mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores concursales o cualquier persona que participe en el ejercicio de la función pública.

Malversación

Este delito se tipifica en los artículos 432 a 435 del Código Penal, y puede suponer bien la administración desleal del patrimonio público, o su apropiación indebida. Concretamente, se castiga a la autoridad o funcionario que, teniendo las facultades para administrar patrimonio público, se exceda en el ejercicio de las mismas, causando perjuicio al patrimonio público. Asimismo, incurre en malversación aquella autoridad o funcionario público que, de forma idónea para causa un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, y fuera de los supuestos falsee su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida en los mismos, o facilite a terceros información relativa a la situación económica de la misma.

Prevaricación

La prevaricación es un delito cometido por la autoridad o un funcionario público cuando dicta una resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia en un asunto administrativo (acto o resolución administrativa).

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