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Clasificación en Tercer Grado. Potenciación del régimen abierto

Clasificación en Tercer Grado. Potenciación del régimen abierto

 

Clasificación en Tercer Grado. Potenciación del régimen abierto.

Madrid 24/07/2018 Ospina Abogados

El Tercer Gradoes el último de los grados de cumplimiento de las penas privativas de libertad. La Ley Orgánica General Penitenciaria, en su artículo 72.1, establece lo siguiente:

“Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional, conformedetermina el Código Penal”.

El Tercer Gradosupone un régimen de vida en semilibertad, aplicable a aquellos internos que por sus circunstancias están capacitados para ello.

 

¿Qué se considera Tercer Grado en el sistema penitenciario?

 

Tal y como hemos mencionado, el Tercer Gradosupone un régimen de vida en semilibertad. Sin embargo este no debe entenderse como un beneficio penitenciario. Es una modalidad de cumplimiento de condena a la que se deben adherir todos aquellos penados que muestren una capacidad de inserción social positiva.

El Tercer Gradomaterializa de alguna manera el mandato constitucional establecido en el artículo 25.2º de la Constitución española, en el cual se recoge la función de reeducación y reinserción social de las penas. Por lo tanto, en nuestro sistema jurídicono se permite la aplicación de las penas con fines punitivosy se debe garantizar el acceso al Tercer Gradoen cuanto el penado cumpla los requisitos para ello.

Aún así el Tercer Gradopresenta en nuestro país un grado de desarrollo insuficiente y así se ha reconocido en la Instrucción 9/2007 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sobre la clasificación y destino de los penados.

    ¿Es la prueba de cuerpo de escritura invasiva con los derechos de la persona?


    Como bien explica la sentencia del Tribunal Supremo 259/2006, la realización de una prueba pericial de cuerpo de escritura no supone intervención corporal del investigado. Se entiende por tanto que esta no es invasiva con los derechos propios de la persona en tanto que no se está vulnerando ni su intimidad ni su integridad física.

    Sin embargo, tal y como mencionado anteriormente, un investigado está en su derecho a negarse a realizar dicha prueba y esto será simplemente un indicio más, a valorar por el juez a la hora de dictar la sentencia.

    Juan Gonzalo Ospina Serrano

    Abogado Penalista

    ¿Es posible el acceso al Tercer Grado sin pasar previamente por los grados que le preceden?

    El acceso al Tercer Gradosin pasar previamente por Primer y Segundo Grado es posible. Esta posibilidad se reconoce en el artículo 72.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de la siguiente manera:

    “Siempre que de la observación y clasificación correspondiente de un interno resulte estar en condiciones para ello, podrá ser situado inicialmente en grado superior, salvo el de libertad condicional, sin tener que pasar necesariamente por los que le preceden.”

    Para que esta posibilidad se pueda materializar se deben cumplir ciertos requisitos que vienen regulados en la Instrucción 9/2007 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

    Dicha Instrucción basa el acceso al Tercer Gradoen dos puntos básicos: la reincidencia por un lado y la adaptaciónpor otro. Entiende que se debe permitir el acceso cuando el penado presente un pronóstico de reincidencia medio bajo a muy bajoy cuando no muestre factores de inadaptación significativos.

    Ahora bien, una vez establecidos estos requisitos cabe explicar que se entiende por cada uno de ellos. En primer lugar respecto a la reincidenciase considerará de nivel bajo cuando se den los siguientes factores:

    1.) Ingreso voluntario en CIS o Sección Abierta.

    2.) Condenas no superiores a 5 años.

    3.)Primariedad delictiva o reincidencia de escasa.

    4.)  Antigüedad en la causa por la que ingresó. (Más de tres años).

    5.) Correcta adaptación social desde la comisión de los hechos hasta el ingreso.

    6.) Baja prisionización.

    7.) Apoyo familiar pro social (origen y/o adquirida).

    8.) Asunción del delito.

    9.) Personalidad responsable.

    10.) En el caso de adicciones, que se halle en disposición de tratamiento.

    En segundo lugar, en referencia a la ausencia de factores de inadaptación significativos, algún ejemplo de estos sería la pertenencia a una organización criminal, que el penado tenga una personalidad con rasgos de carácter psicopáticoo que muestre una escalada delictiva, entre otros.

     

    La importancia de fomentar el Tercer Grado.

    El uso de esta modalidad de cumplimiento de condena es todavía insuficiente en nuestro país. Es cierto que se está intentando fomentar su aplicación con medidas como puede ser la creación de la Subdirección General del Medio Abierto y Medidas Alternativas.

    La importancia de fomentar el Tercer Gradoradica por un lado en el cumplimiento del mandato constitucional del 25.2  de cara a fomentar la función de reeducación y reinserción social de las penasy por otro lado es importante el aspecto económico. El coste de mantener a un penado en prisión es mucho más elevado de lo que supone cumplir una condena en un CIS o Sección Abierta.

    Departamento de Procesal Penal Derecho Penitenciario

    Juan Gonzalo Ospina

    Marta Alonso Santos

    ¿Me puedo negar a realizar una prueba caligráfica?

    ¿Me puedo negar a realizar una prueba caligráfica?

     

     La prueba de Cuerpo de Escritura. Negación a su realización por parte del investigado y sus consecuencias.

    Madrid 11/07/2018 Ospina Abogados

    El cuerpo de escritura es una prueba pericial caligráfica que tiene la finalidad de establecer si una determinada persona es la autora de un grafismo concreto. Es decir, si ha falsificado, o copiado una firma en un determinado documento. Es común para identificar la autoría de ciertos acusados en la falsedad documental o en la usurpación de identidad.

    ¿Qué se entiende por cuerpo de escritura?

    El cuerpo de escritura se trata de una prueba pericial caligráfica. Su realización se puede pedir por las partes del proceso: la fiscalía, el juez, la defensa o la acusación particular.

    Esta prueba se realiza de la siguiente manera: la persona investigada realiza ante el juez un escrito a mano, el cual se compara con el cuerpo de escritura en cuestión. Esto sirve para determinar si es el autor de una determinada firma, una carta, o cualquier otro documento que pueda ser de relevancia en el proceso judicial.

    Esta prueba pericial, como cualquier otra, deberá cumplir con los requisitos que fija el artículo 478 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

    1. a) descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo.
    2. b) relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado.
    3. c) conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos.

    ¿Qué supone para el investigado negarse a realizar el cuerpo de escritura?

    El punto controvertido aparece cuando un investigado se niega a realizar esta prueba. Es importante establecer qué consecuencias tiene esta negación. ¿Se puede entender como una variante del derecho a no declarar contra sí mismo o a no confesarse culpable establecida en el artículo 24.2 de la Constitución?

    El Tribunal Constitucional ha considerado que la realización de esta prueba no es equiparable a declararse culpable. Se trataría nada más que de colaborar para llevar a cabo una prueba pericial, que en ningún caso presupone dicha declaración de culpabilidad.

    Un buen ejemplo de esto es la sentencia 926/2004 de 19 de julio del Tribunal Supremo la cual confirma la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Barcelona. En este caso el acusado fue absuelto de los supuestos delitos de falsedad y estafa aún habiéndose negado a practicar la pericial de cuerpo de escritura con la que se pretendía averiguar si su firma era la que constaba en distintas letras de cambio.

    Sin embargo, en la sentencia del Tribunal Supremo 259/2006 de 6 de marzo de 2006 se confirma la sentencia de la Audiencia Nacional, en este caso condenatoria, por un delito de amenazas terroristas. El acusado fue sorprendido in fraganti realizando las pintadas en cuestión y, en este caso, se valoró también la negativa reiterada de someterse a realizar la pericial de cuerpo de escritura.

    De la misma manera, la Comisión Europea de Derechos Humanos recoge en su Dictamen 8239/74 que una prueba de estas características no vulnera la presunción de inocencia. Respecto a esto, añade el Tribunal Supremo en su sentencia nº 1332/97:

    “…la posibilidad ofrecida al inculpado de probar un elemento que le disculpe no equivale a establecer una presunción de culpabilidad contraria a la presunción de inocencia, puesto que, si puede parecer evidente que, siendo positivo el resultado de la prueba, puede derivarse una sentencia condenatoria, tampoco lo es menos que este mismo examen, si fuera negativo, puede exculpar al imputado.”

    Por lo tanto, y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en especial su sentencia nº892/2008 de 26 de diciembre de 2008, la negativa a realizar una prueba pericial de cuerpo de escritura se valorará como cualquier otro indicio dentro del proceso penal.

    ¿Es la prueba de cuerpo de escritura invasiva con los derechos de la persona?


    Como bien explica la sentencia del Tribunal Supremo 259/2006, la realización de una prueba pericial de cuerpo de escritura no supone intervención corporal del investigado. Se entiende por tanto que esta no es invasiva con los derechos propios de la persona en tanto que no se está vulnerando ni su intimidad ni su integridad física.

    Sin embargo, tal y como mencionado anteriormente, un investigado está en su derecho a negarse a realizar dicha prueba y esto será simplemente un indicio más, a valorar por el juez a la hora de dictar la sentencia.

    Juan Gonzalo Ospina Serrano

    Abogado Penalista

    ¿ACUSADO DE UN DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL?

    ¿ACUSADO DE UN DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL?

    Dar un resultado de 0.60 mg/l en aire espirado, sin más pruebas que justifiquen la influencia del alcohol en la conducción podría no ser un delito.

    Ospina Abogados despacho especialista en derecho penal, vamos a explicar la posible línea de defensa para el caso de que un conductor haya sido acusado por dar positivo en el control de alcoholemia.

    ¿Cuándo se comete un delito contra la seguridad vial?

    El artículo 379.2 castiga a la persona que condujere un vehículo bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, siendo condenado en todo caso el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mg/l o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gr/l.

    Como ha establecido el Tribunal Supremo en reiteradas resoluciones, el delito contra la seguridad vial supone un peligro de infracción abstracto, es decir, basta con que el sujeto condujera el vehículo en la vía pública bajo el influjo de una ingesta de alcohol que limitase o alterase sus capacidades necesarias para una buena conducción.

    Uno de los elementos del tipo que se requiere para que el hecho sea delictivo es dar un resultado superior a 0,60 mg/l en aire, pero a continuación analizaremos si ese podría ser el único requisito para fundar una condena.

    ¿Es suficiente dar 0,60 mg/l en aire espirado para ser condenado por un delito contra la seguridad vial?

    Es cierto que desde el año 2007 ha quedado establecido un quantum de alcohol en sangre y en aire espirado a partir del cual la conducta está tipificada como un delito del artículo 379 del Código Penal.

    Ahora bien, se han dictado algunas sentencias en las cuales el juzgador no ha considerado que la prueba de cargo, es decir, el resultado positivo del control de alcoholemia, fuera suficiente para condenar al procesado. Y no se debe a que la prueba se haya practicado vulnerando los principios constitucionales, sino que si la única prueba que existe es este resultado positivo en el etilómetro, entiende el juzgador, que se estaría ante una vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución española.

    ¿Qué pasaría si la única prueba fuera el resultado positivo del control de alcoholemia?

    En los casos en los que no existe más prueba incriminatoria que un resultado positivo en el control de alcoholemia, es bueno saber que esto no tendría por qué ser determinante por sí mismo para entender que la conducción estaba influenciada por el alcohol detectado en aire o sangre.

    Hay que diferenciar entre haber consumido alcohol, algo que no se niega en ninguno de los casos, pues los etilómetros dieron positivo, y entre haber tenido conducción influenciada por el alcohol. La conducción ha de causar un peligro real contra la seguridad del tráfico como consecuencia de que las condiciones psico-físicas del sujeto estén alteradas por la ingesta de alcohol.

    Esto es algo que no se puede probar exclusivamente con el resultado positivo de la prueba, sino que se necesitan otros elementos de prueba como la diligencia de sintomatología de los agentes o la existencia de una anomalía en la conducción. Jurisprudencia: STC 68/2004, de 19 de abril donde el Tribunal Constitucional establece que se vulnera la presunción de inocencia si no existen más pruebas que acrediten que la conducción del sujeto estaba siendo influenciada por bebidas alcohólicas.

    Conclusión:

    No sólo podría ser necesario haber dado positivo en el control, sino que podrían ser necesarias más pruebas que acreditasen que realmente la conducción del sujeto estaba influenciada por el consumo de bebidas alcohólicas provocando así un peligro para la seguridad vial.

    Por último, no olvidar que en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio in dubio pro reo, de modo que, cuando haya un atisbo de duda en el juzgador, éste deberá proceder a la absolución del acusado.

     

    Juan Gonzalo Ospina abogado penalista.

    Ania de Diego Sarmiento abogada.

     

    ¿ACUSADO DE UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA?

    ¿ACUSADO DE UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA?

    Poseer 10 gramos de marihuana, sin prueba de cargo periférica, podría ser considerado como autoconsumo.

    En este caso analizaremos desde Ospina Abogados despacho especialista en derecho penal, las posibles líneas de defensa que existen para un cliente al que se le interceptaron dos bolsas con 10 gramos de marihuana cada una.

    ¿ES DELITO LA POSESIÓN DE 10 GRAMOS DE MARIHUANA?

    Depende, y esto es así porque habrá que analizar siempre cada supuesto de hecho concreto. El artículo 368.1 del Código Penal recoge los elementos que se consideran delictivos cuando se posea marihuana u otras sustancias nocivas, resumiendo: cometerán delito los que cultiven, elaboren, trafiquen o promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, así como quien las posea con aquellos fines.

    Encontramos los siguientes elementos para definir lo que se considera como “tráfico de drogas”:

    ¿Qué se considera como tráfico de drogas desde una posición jurídica?

    Para que se considere “tráfico de drogas” es esencial saber cuál es el fin de la posesión de la droga, si es la venta o el autoconsumo. La venta de droga, es en cualquier caso un delito, mientras que el autoconsumo de marihuana u otras sustancias no (no se puede criminalizar al toxicómano o drogodependiente). De esta forma el Tribunal Supremo establece aquellos criterios para diferenciar dicho fin, entre los que se destacan: la cantidad de droga aprendida, la incautación de distintas cantidades de dinero, instrumentos utilizados para el pesaje, la aparición de distintas bolsas para su distribución, anotaciones de posibles clientes… (STS 1609/1997, de 2 de enero; o STS 741/2016, de 6 de octubre).

    ¿Qué posibles líneas de defensa hay para la posesión de marihuana u otras sustancias tóxicas?

    1. ¿Puedo defender la presunción de inocencia en mi caso?

    La presunción de inocencia es un derecho constitucional que se define como el derecho que tienen los ciudadanos a no ser considerados autores de hechos delictivos, correspondiendo a la parte acusadora la carga de la prueba de la autoría (STC 105/1988).

    Para que se pueda desvirtuar la presunción de inocencia y considerar que el sujeto ha cometido un delito deben existir más indicios incriminatorios que lo prueben. Deben darse datos objetivos de los que indudablemente se pruebe la finalidad de vender. Estos indicios, son los ya referidos anteriormente, entre los que se destacan: además de la cantidad o variedad de droga que se haya intervenido, pueden ser la posesión de instrumentos para la manipulación de la droga como balanzas o navajas, tener la droga repartida en varias bolsitas o poseer una abundante cantidad de billetes de pequeño valor. Jurisprudencia: STS 2063/2002, de 23 de mayo, donde se confirma la sentencia absolutoria de los acusados por un delito contra la salud pública por entenderse insuficiente la prueba dirigida a demostrar la finalidad de traficar.

    1. ¿Qué es el autoconsumo?:

    El autoconsumo es la utilización de la sustancia nociva para el uso propio, entendiendo lícito y legal, aquella cantidad destinada para el consumo según las dosis necesarias en un uso diario.

    Para analizar si estamos ante un supuesto de autoconsumo hay que verificar distintas cuestiones, entre ellas, la cualidad del sujeto al que se le ha intervenido la droga. Si es consumidor habitual se podrá presumir que su posesión está destinada al autoconsumo. Por el contrario, si la persona no es consumidora difícilmente podrá probarse que era para su consumo. Una vez acreditado esto, habrá que acudir a los baremos de la Tabla del Instituto Nacional de Toxicología del año 2001 que establece que la cantidad de marihuana que puede consumir una persona al día ronda entre los 15 y 20 gramos, y para 5 días se pueden consumir hasta 100 gramos. Esto quiere decir que toda cantidad que se incaute y no supere el parámetro de los 100 gramos de marihuana, no podrá considerarse como delito, sino como consumo propio y, por tanto, hecho atípico, por ejemplo; STS 629/2016, de 12 de junio o STS 741/2016, de 6 de octubre, donde se casan las sentencias que condenan a los acusados por un delito contra la salud pública debido a que la cantidad de droga incautada no supera los márgenes establecidos por la tabla del Instituto Nacional de Toxicología.

    1. ¿Me pueden absolver si falta algún elemento del tipo penal?

    Si queda acreditado que el destino de la droga es el autoconsumo, esto es, producido ante la falta de indicios sobre el ánimo de enriquecimiento, nos encontraríamos con que faltan los elementos del tipo; el tráfico de drogas no se cumple y por ello no podría encajar la conducta en el delito del artículo 368.1 del Código Penal, debiendo acordarse la absolución y por lo tanto la inocencia del investigado o acusado.

    Conclusión:

    La posesión de 10 gramos de marihuana podría considerarse destinada al autoconsumo, siempre y cuando quede acreditado que su posesión era para uso propio, lo cual podría ser sancionable como una sanción administrativa en virtud al artículo 36, apartado 16 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana; toda vez que según los baremos del Instituto Nacional de Toxicología se considera que un consumidor habitual puede ingerir hasta 100 gramos en 5 días, siempre y cuando no existan indicios racionales objetivos y externos, de que se pretendía obtener un enriquecimiento.

    Juan Gonzalo Ospina abogado penalista.

    Ania de Diego Sarmiento abogada.

     

    La Manada, la agresión sexual o abuso sin intimidación

    La Manada, la agresión sexual o abuso sin intimidación

    Tras el revuelo social que ha despertado la sentencia 38/2018 de 20 de abril dictada por la  Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra conocida como la sentencia de La Manada, desde Ospina Abogados intentamos hacer una aproximación jurídica, de la misma.

    La sentencia recoge como hechos probados, resumiendo los mismos, como:
    Los cinco procesados, denominados así mismos como La Manada, entablan una conversación con “la denunciante” sobre las 2:50 am del 7 de julio de 2016 en las fiestas de San Fermín. La denunciante decide marchar de la Plaza para ir al coche a dormir, ofreciéndose los procesados en acompañarla. Marchan de la Plaza y entran en dos hoteles preguntando por alguna habitación por horas.
    Una vez en la calle Paulino Caballero, el procesado José Ángel Prenda finge estar alojado en el inmueble, para una vez dentro del portal abrir a los otros procesados y a la denunciante. Ángel Boza, tiró de ella hacia él y de la otra mano Alfonso Cabezuelo, quien de modo súbito y repentino, sin violencia, entró en el recinto. La denunciante, se sintió impresionada y sin capacidad de reacción, notó cómo le quitaban el sujetador, le desabrochaban el jersey, experimentó angustia, intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad. Se realizaron diversos actos de naturaleza sexual, con ánimo libidinoso, actuando de común acuerdo, con penetraciones bucales, vaginales y anales con eyaculación interna en dos ocasiones. Durante el acto el procesado Antonio Guerrero grabó  seis vídeos con 59 segundos de duración y tomó dos fotos; Alfonso Cabezuelo grabó un vídeo de 39 segundos.
    Al finalizar se marcharon escalonadamente, apoderándose Antonio Guerrero del teléfono móvil de la víctima. La denunciante cuando marcharon los procesados, se subió los leggins, buscó su riñonera para coger el teléfono móvil y llamar a R. (su amigo) comprobó que no estaba lo que incrementó su inquietud y desasosiego, comenzó a llorar y salió a la calle llorando. Salió del portal, caminó sola 20 segundos, hasta sentarse en un banco llorando desconsoladamente, hasta la llegada de un pareja quien llamó al 112. Fue trasladada a urgencias. Tuvo lesión eritrmatosa en la zona de horquilla posterior. Arrojó un resultado positivo de 0,91 +/- 0,05 g/l de alcohol en sangre.
    Los procesados a las 11:15 del día 7 de julio de 2016 serían detenidos por agentes de la Policía Municipal de Pamplona.

    CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA MANADA

    El juicio oral contra La Manada tuvo 11 sesiones en las que se valoró y se practicaron todas las pruebas propuestas por las partes. La sala, determinó que los hechos probados constituyen de cinco delitos continuados de abuso sexual con prevalimiento previsto en el artículo 181 del Código Penal y un delito leve de hurto del artículo 234.2 del mismo cuerpo legal.
    Por su parte, el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares consideraron que las prácticas sexuales realizadas contra la denunciante suponían de cinco delitos continuados de agresión sexual de los artículos 178, 179, 180.1. Las defensas solicitaban la libre absolución al considerar que el acto sexual había sido consentido, libre y conscientemente por parte de la denunciante.

    LA VIOLENCIA EN LA AGRESIÓN SEXUAL

     

    El Código Penal de 1995 y la STSS 411/2014 de 26 de mayo, entre otras, definen la violencia y su condición de “irrestibilidad”. La sala define que para exista violencia: “esta debe ser idónea, no para vencer la resistencia de la víctima, por mucho que esta según el Tribunal Supremo, no tenga que ser desesperada sino real, verdadera, decidida, continuada y que exteriorice inequívocamente la voluntad contraria del acto sexual, sino para doblegar la voluntad del sujeto pasivo”. “La magnitud de la violencia ha de medirse en criterios cuantitativos y no cualitativos a efectos de determinar su idoneidad”, y para ello la sala valora la totalidad de circunstancias concurrentes tanto objetivas como subjetivas.
    La sala valora como la violencia, según jurisprudencia, como STS 39/2009 de 29 de enero, tiene que ser causal. Es decir, ha de existir un nexo entre la violencia ejercida y el contacto sexual alcanzado, “al que no habría accedido la denunciante de no mediar aquella”.
    Por ello, la sala, entiende que de la prueba practicada con la ley y la jurisprudencia vigente no puede considerarse los hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual sino de abuso con prevalimiento. Porque la violencia típica del delito de agresión sexual, equivale con acometimiento, coacción o imposición material para doblegar la voluntad de la víctima, “atendiendo a las circunstancias personales y fácticas concurrentes en el caso concreto, sin que sea necesario que sea irresistible desde un punto de vista objetivo, pues no es exigible a la víctima que ponga en riesgo serio su integridad física o incluso su vida en defensa de su libertad sexual”.
    La sala refiere, que las acusaciones no han probado el empleo de un medio físico para doblegar la voluntad de la denunciante, que implicaría según el ordenamiento jurídico, una agresión real más o menos violenta, golpes, empujones, desgarros; en definitiva, fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la denunciante y obligarla a realizar actos de naturaleza sexual, integrando esta violencia al elemento penal de la agresión sexual. Por lo que la violencia, no puede ser considerada.

    LA INTIMIDACIÓN EN LA AGRESIÓN SEXUAL

    La sala en el juicio a La Manada, intenta precisar si del acervo probatorio existió intimidación como medio para la consecución del delito. Comisión alternativa para calificar los hechos como agresión sexual y no abuso con prevalimiento, como así finalmente resolvió. Por ello, analizaron cómo la intimidación se define como, “constreñimiento psicológico, consistente en la amenaza o el anuncio de un mal grave, futuro y verosímil, si la víctima no accede a participar en una determinada acción sexual”.
    En este sentido el TS 9/2016 define la intimidación: “amenaza de un mal, que no es imprescindible que sea inmediato, basta con que sea grave, futuro y verosímil. Exigiendo que la intimidación se seria, previa, inmediata, grave y determinante al consentimiento forzado”. No es necesario que la intimidación tenga un grado que resulte irresistible sino que sea suficiente para someter o suprimir la voluntad de resistencia.
    Por lo tanto, la sala, analizadas las circunstancias del caso, no aprecia intimidación a los efectos de incluirlo dentro del delito de la agresión sexual, como medio para conseguir el delito, que según la doctrina requiere ser previa, inmediata, grave y determinante.

    DEL ABUSO SEXUAL CON PREVALIMIENTO

    Los magistrados por el contrario estiman, que los procesados conformaron de modo voluntario una situación de “preeminencia” sobre la denunciante, que les generó una posición privilegiada sobre ella, “aprovechando la superioridad generada para abusar sexualmente de la denunciante quien de esta forma no prestó su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación”.
    La sala explica como, el escenario, la asimetría de edad y características físicas, la desigualdad de madurez y experiencia en actividades sexuales entre procesados y denunciante, crearon una “atmósfera coactiva, que contribuyó causalmente para configurar una situación de abuso de superioridad de la que se prevalieron”, los procesados. Es por ello que la sala describe que ante esta situación, se sintió impresionada y sin capacidad de reacción.
    Y gracias a la propia declaración de la víctima, a quien la sala le da una credibilidad absoluta, detalla su verosimilitud, “sobre la realidad de esta profunda alteración emocional en que se hallaba la denunciante”. Considerando que la denunciante calló en un bloqueo emocional que le impidió reaccionar ante los hechos y le hizo adoptar la disposición de ánimo probada.
    La sala valora los vídeos aportados sin considerar en los mismos signos que les pueda hacer valorar “bienestar, sosiego, comodidad, goce o disfrute en la situación de la denunciante”.
    Por todo ello la sala, considera que los hechos probados, relacionados con la prueba practicada en su conjunto, con el Código Penal y con la jurisprudencia actual son asumibles dentro del delito de abuso sexual con prevalimiento y acceso carnal del artículo 181 del Código Penal, en el subtipo agravado del número cuatro en relación con el 192 y 74 del Código a la pena de 9 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
    El Magistrado D. Ricardo Javier González González, respecto a la sentencia de referencia emitió un voto particular con una extensión de 134 folios. En el mismo detalla desde su óptica legal y valoración jurídica su análisis sobre como los procesados debieran de ser absueltos.
    Juan Gonzalo Ospina
    Abogado Penalista
    Ospina Abogados
    *Este análisis a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra se hace desde una perspectiva legal sin valorar la idoneidad o no de la resolución comentada.

    JUAN GONZALO OSPINA EN BUENOS DÍAS MADRID COMENTANDO LA SENTENCIA

    Juan Gonzalo Ospina
    Abogado Penalista
    Ospina Abogados
    *Este análisis a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra se hace desde una perspectiva legal sin valorar la idoneidad o no de la resolución comentada.
    ¿Qué es la prisión permanente revisable? Penas y consecuencias

    ¿Qué es la prisión permanente revisable? Penas y consecuencias

    ¿QUÉ ES LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE?

     

    La Prisión Permanente Revisable es una las penas recogidas en el Código Penal español para quienes han cometido una serie de hechos tipificados como delitos excepcionales y de extrema gravedad, únicamente relacionados con algún tipo de asesinato. Es decir, la pena de Prisión Permanente Revisable, se regula en el Código Penal solamente para aquellos culpables de haber cometido un delito relacionado con la vida, que haya terminado en la muerte de la víctima.

    Quedan excluidos, los delitos de agresión sexual que no conlleven a la muerte, al igual que quedan excluidos los delincuentes reincidentes. De la misma manera no se prevé la pena de Prisión Permanente Revisable para aquellos condenados, que no hayan revelado el lugar en el que han escondido el cuerpo, o inclusive, queda excluida para que en caso de la muerte de la víctima, siendo esta mayor de edad, el asesino no hubiera agredido sexualmente de la misma.

    Por todo ello, a diferencia de lo que se escucha en la opinión pública, la pena de Prisión Permanente Revisable, no se prevé ni para violadores, ni para aquellos asesinatos de índole mediática, sino se dan las circunstancias concretas que prevé la ley.

    La pena de Prisión Permanente Revisable se introdujo en el Código Penal con la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo 2015, que modificaba ciertos artículos del Código Penal. Esta Ley Orgánica, ha sido conocida como “Ley Mordaza” por ciertos sectores, y reforma los artículos más importantes del Código Penal en lo que al cumplimiento de las penas se refiere.

    Para conocer la regulación de la pena de Prisión Permanente Revisable habría que leer entre otros el artículo 140 del Código Penal en el que se establece:

    1.- Si el asesinato se comete sobre una víctima menor de 16 años.

    2.- Si el asesinato se comente tras acometer un delito contra la libertad sexual.

    3.- Si el asesinato se comete en el seno de una organización criminal o terrorista.

     4.- Si el condenado ha cometido dos o más asesinatos.

    5.- Si se acomete el asesinato contra el jefe de Estado, jefe de Estado extranjero en España, o si es un delito de lesa humanidad.

    Lo que prevé la Prisión Permanente Revisable, es que el cumplimiento de la pena de prisión será solamente revisada para optar a la suspensión de la misma tras haber cumplido 25 años de condena, siempre y cuando el interno, esté clasificado en tercer grado penitenciario. Esto queda regulado en el artículo 76 del Código Penal que prevé, el cumplimiento efectivo de la pena de Prisión Permanente Revisable para aquellos supuestos que regula la ley. El artículo 92 del Código Penal recoge, que no será sino hasta el cumplimiento de 25 años de condena cuando la pena será revisada por un Tribunal colegiado y en un trámite de audiencia oral. Para acceder a la suspensión de la pena de Prisión Permanente Revisable según el artículo 78 bis del Código Penal se tendrá que estar clasificado en tercer grado y esta clasificación según la condena si es por dos o más delitos, no llegará sino hasta el cumplimiento de 18 años de prisión.

    La reforma que introduce la Prisión Permanente Revisable, también modificó y aumentó la pena de prisión para el condenado por homicidio de 10 a 15 años, y por asesinato a una pena de prisión de 15 a 25 años.

    Por ello, de momento y si no existe ningún cambio legislativo, la pena de Prisión Permanente Revisable ni se prevé como norma general, ni se comprende para un marco amplio de delitos. No se prevé para agresores sexuales, ni delincuentes reincidentes, sino para un marco muy limitado de tipos penales todos ellos relacionados única y exclusivamente con la vida.

     

    Juan Gonzalo Ospina. Abogado Penalista

     

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