La Audiencia Provincial tumba una sentencia de instancia de alcoholemia por la contradicción entre testimonios de distintos policías

SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

STC 22/2017, de13 de febrero de 2017

El Tribunal Constitutional estima un recurso de amparo, anulando asi la sentencia
qne confirmaba la condena a nu hombre por apropiacién indebida. La sentencia le
habia condenado a I aim de prisién y el pago de 13.500€ por responsabilidad civil.
Sin embargo, no le absuelve de Ios cargos y podría ser condenado de nuevo dado
que anula el recurso de apelacion pero no la condena de primera instancia.

La STC 22/2017 es un ejemplo de la protección de los derechos fundamentales en
nuestro sistema constitucional cuando se condena a un hombre injustamente. El delito
por el que se le condenó es el de apropiacién indebida que se da al apropiarse de un bien
que se tiene pero no que no es propiedad del que lo tiene. En los hechos de la sentencia
que le condenó se explica que el condenado era administrador de una empresa
inmobiliaria y en una operación le pagaron 3.500 € por una promoción para reservar
una vivienda que la empresa  iba a construir. La promoción no se llevó a cabo y el
condenado retuvo para él ese dinero con el objetivo de incorporarlo a su patrimonio.

La defensa del condenado que recurrió al amparo al Tribunal Constitucional alegó que
había habido una vulneración de la tutela judicial efectiva, del derecho a la defensa y de
la presunción de inocencia (articulo 24 CE). Sobre el primer argumento, alegan que el
Tribunal que le condenó se apartó de la doctrina constitucional. Según ellos, el Tribunal
interpretó el artículo 132.2 del Código Penal sobre prescripciones de forma diferente a lo
establecido. En cuanto al derecho a la defensa aludieron que la abogada que
llevé la acusación contra el condenado fue la misma que le atendió en primer lugar, asi
que sabía datos que podian perjudicarle. Por último, defendieron que la presunción de
inocencia había sido violada porque no había prueba suficiente que demostrase que
había desviado los fondos para hacer con ellos algo distinto.

En lo que respecta al TC, primeramente suspendió la pena que estaba cumpliendo el
condenado para estudiar el caso. Sobre el primer argumento explicó que el Tribunal
que confirmó la condena por apropiación indebida había incurrido en “negativa
manifiesta al cumplimiento del deber de acatamiento de la doctrina del TC”. La doctrina
decía que la demanda o querella “es una solicitud de iniciación del procedimiento pero
no es un procedimienlo iniciado”. Como el primer argumento de amparo fue validado, el
TC estimó el recurso sin estudiar las posibles vulneraciones al derecho de defensa y al
de la presunción de inocencia. De esla manera, el Tribunal que desestimó el recurso de
apelación tendrá que volver a estudiar los hechos probados y los elementos del delito.

SENTENCIA 59/2009, DE 19 DE ENERO

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por unos acusados de un delito de alzamiento de bienes contra la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Los acusados fueron condenados a un año de prisión (dos de ellos) y a dos años de prisión (uno de ellos), y a las multas de 12 meses (a dos de ellos a razón de 20 y SO € diarios respectivamente) y de 18 meses (a uno de ellos a razón de 20 C diarios).

Uno de los condenados por este delito de alzamiento de bienes enjuiciado y condenado en la referida sentencia, antes de ser siquiera procesado por el mencionado, sabiendo que existía un procedimiento penal en contra suya por un delito de apropiación indebida, procedió a vender a terceras personas que no tenían que ver con la intención de alzar los bienes del acusado. De hecho, la propia STS destaca que el acusado, con pleno conocimiento de la existencia de dicho procedimiento peñol y consciente de la posibilidad de resultar condenado al pago de la responsabilidad civil, como finalmente sucedió, y a sabiendas de que con ello imposibilitaría el cobro de tol responsabilidad civil a favor de la contraparte, vendió a terceras personas, ajenas a las intenciones del acusado, varias fincas de su propiedad, las cuales habrían permitido en su día atender siquiera en parte al pago de la responsabilidad civil dimanante de la sentencia antedicha. Su hija, también acusada, compró una parcela o solar, sabiendo ella perfectamente la situación procesal en la que se encontraba su padre. Al igual, la mujer del acusado, también acusada, compró algunos bienes inmuebles, los cuales vendió con posterioridad. Por los hechos expuestos, los acusados fueron condenados como autores de delito de alzamiento de bienes.

En el recurso de casación interpuesto por el acusado, se consideraba que el dolo del alzamiento de bienes se da desde que hay ejecución de la apropiación indebida por la que fue condenado con posterioridad a los hechos del alzamiento de bienes. Sin embargo, el razonamiento de la Sala II del TS fue que la tesis del recurrente no es sostenible. En efecto, sostener que el dolo de la apropiación indebida es al mismo tiempo el dolo del alzamiento de bienes futuro, ejecutado para eludir el cumplimiento de las obligaciones que pudieran derivarse del proceso por ese mismo delito, sin haber demostrado el plan del autor, es incompatible con las acciones que configuran cada tipo aplicable y con el tiempo en que las mismas han sido realizadas. Por lo tanto, el punto de vista de la Audiencia es correcto, al exigir como elemento del dolo del alzamiento de bienes, al menos el conocimiento por el autor de un hecho objetivo que le permita suponer las eventuales consecuencias patrimoniales de la comisión de un delito, como es en el presente caso la admisión a trámite de la querello, que como tol objetiva la pretensión del perjudicado por el delito. Por estos razonamientos el acusado fue finalmente condenado por delito de alzamiento de bienes