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Sentencia Alcoholemia por contradicción de Policías

Sentencia Alcoholemia por contradicción de Policías

La Audiencia Provincial tumba una sentencia de instancia de alcoholemia por la contradicción entre testimonios de distintos policías

En Madrid a 13 de junio de 2018 se logra otro caso de éxito por la absolución de una condena a un cliente por una alcoholemia, en la que Ospina Abogados defendió en todo momento que su cliente no conducía  el vehículo.

Ospina Abogados,  logra que el Tribunal de Apelación revocara la condena  de un caso de alcoholemia, donde se condeno a uno de nuestros clientes, al pago de 900 euros y a la retirada de un año del carnet de conducir.

El hecho tuvo lugar hace 3 años, en abril de 2015, cuando nuestro cliente fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol en una población al sur de Madrid, tras una prueba donde resultó con 0,69 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado.

El abogado defensor, Juan Gonzalo Ospina, argumentó en su recurso que éste en ningún momento había conducido el turismo ,sino que había bajado de su domicilio para recoger un teléfono móvil que había olvidado dentro del coche.

De igual manera los testimonios de los 3 policías que llevaron a cabo el control, eran completamente contradictorios, vulnerando así el derecho a la presunción de inocencia del acusado.

En definitiva gracias al abogado penalista Ospina, el tribunal en apelación determinó que nuestro cliente debía quedar absuelto de los cargos por los cuales se le acusaba en defensa de su presunción de inocencia.

¿Quieres saber más sobre el delito de alcoholemia?

En este artículo te explicamos los aspectos más importantes

La garantía y obligación de que la “víctima menor de edad” declare en presencia del Abogado de la Defensa o del Ministerio Fiscal.

La garantía y obligación de que la “víctima menor de edad” declare en presencia del Abogado de la Defensa o del Ministerio Fiscal.

La garantía y obligación de que la “víctima menor de edad” declare en presencia del Abogado de la Defensa o del Ministerio Fiscal.

El derecho penal, como herramienta del ius puniendi del Estado, tiene una serie de principios y normas que lo regulan. Uno de ellos, es el derecho de defensa, el derecho a un juicio o un proceso con todas las garantías y el derecho de contradicción. Esto es, el derecho a poder contradecir o rebatir la acusación que contra él se realice.

Por ello, se suscita cierta duda, en si las declaraciones prestadas por víctimas menores de edad, en comisarías de Policía y posteriormente en el Juzgado Instructor, son declaraciones válidas para enervar posteriormente la presunción de inocencia del acusado o si en su caso, de realizarse sin las debidas garantías las mismas devienen nulas. La respuesta la ha dado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo en aplicación a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “las declaraciones de los menores tienen que realizarse en presencia del abogado de la defensa o del Ministerio Fiscal además del Juez Instructor, de no ser así, tales declaraciones devendrían nulas”.

En aplicación a lo anterior, la Sentencia nº 632/2014 del Tribunal Supremo, sala 2ª, de lo penal, 14 de octubre de 2014 estima el recurso de casación contra la sentencia de Audiencia Provincial de Badajoz, sección 3 (civil y penal), 5 de febrero de 2014, debido a la infracción de esta garantía en el procedimiento penal. El recurso de casación se fundamenta en la infracción del artículo 24 CE en base al cual toda persona tiene el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales. En este caso, el acusado por abusos sexuales a una menor, considera que no se han llevado a cabo los medios de prueba pertinentes debido a que la menor no declaró ante ninguna autoridad judicial ni en presencia de su letrado ni del Ministerio Fiscal, basando la condena en una prueba indirecta que finalmente resultó ser contradictoria, no motivándose así suficientemente la quiebra de presunción de inocencia del acusado (ausencia de prueba y declaración directa de la presunta víctima).

Otra sentencia que también recoge esta garantía es la sentencia nº 174/2011 del Tribunal Constitucional, sala 2ª, 7 de noviembre de 2011 donde se condena a una persona por un delito continuado de abusos sexuales, utilizando como única prueba de cargo las declaraciones prestadas por la víctima, menor de edad, ante la policía y el Juez de instrucción, sin que a las mismas asistieran el Ministerio Fiscal ni el Letrado del acusado, no salvaguardando así el derecho del acusado a contradecir el testimonio que dio lugar a su condena.

Finalmente, el Tribunal Constitucional otorga el amparo solicitado por el acusado, considerando que en aplicación al artículo 24.2 de la Constitución se ha vulnerado el derecho al demandante a un proceso público con todas las garantías. A tal fin, el Tribunal procede a la anulación de la Sentencia núm. 346/2009, de 30 de junio, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la convocatoria de juicio oral, a fin de que, se celebre el mismo con pleno respeto de sus garantías procesales y la adopción de las medidas de protección que se entiendan necesarias en favor de la menor de edad que aparece como víctima de los hechos enjuiciados. Esta sentencia reproduce la jurisprudencia del TEDH sobre la forma de recoger y valorar el testimonio de menores de edad.

 

Juan Gonzalo Ospina Abogado Penalista

Ospina Abogados

 

Sentencia sobre delitos de torturas

Sentencia sobre delitos de torturas

SALA SEGUNDA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

SENTENCIA 123/201S,DE 2 DE FEBRERO

El Tribunal Supremo absuelve a tres individuos (agentes de la Guardia Civil) que estaban acusados y condenados por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, por haber presuntamente cometido delitos de torturas graves uno de ellos y de faltas de lesiones los otros dos contra un sujeto británico y sus amigos.

Una noche en Palma de Mallorca, el agente de la Guardia Civil condenado por la AP de Palma por torturas graves recibió un puñetazo  por parte de un individuo de nacionalidad británica debido a un altercado que hubo con él. Dicho individuo británico; sin perjuicio de que fue condenado por falta de lesiones y por desobediencia leve a los agentes de la autoridad; fue llevado a los calabozos y allí pasó a ser presunta víctima de un delito de torturas por parte de uno de los acusados, y faltas de lesiones por parte de los otros dos, en escarmiento a la actitud que tuvo con la Guardia Civil.

Los amigos del individuo británico que fue especialmente torturado fueron testigos tales agresiones por parte de los agentes de la Guardia Civil, sin embargo, al comienzo del Juicio Oral, dichos testigos de cargo, no comparecieron, ni tampoco habían testificado ante el Ministerio Fiscal ni ante la acusación particular. Tan solo había una declaración por parte de estos testigos, en sede policial.

De la jurisprudencia del TC, debemos recordar que, (mencionada  es  la STC 68/ 2010 de 18.10)” que, como regla general, sólo pueden considerarse pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal las practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que en forma oral se desarrolle ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia; de manera que la convicción sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios de prueba aportados a tal fin por las partes  (por  todas, SSTC núm. 182/1989,de 3 de noviembre, F.2; 195/2002,de 28 de octubre,  F. 2;206/2003,de 1de diciembre, F. 2; 1/2006,de 16 de enero, F. 4;345/2006, de 11 de diciembre, F. 3,y muy recientemente la STC del Pleno de 28/02/2013,especialmente F.F. 3, 4 y 5)”

En definitiva, la incomparecencia en Juicio Oral hizo imposible una valoración de la prueba que pudiera ser de cargo, por lo que las declaraciones en sede policial no lo son. La famosa STC 31/1981 explicó textualmente que: “dicha declaración, al formar par te del atestado tiene, en principio, únicamente valor de denuncia, como señala el art. 297 de la LECrim”.

Con referencia al atestado, esta STS continua alegando doctrina constitucional, que define como se valoran los atestados policiales: “el atestado se erige en «objeto” de prueba y no en “medio” de prueba, con el resultado de que los hechos que en él se afirman por funcionarias, testigos o imputados han de ser introducidos en el juicio oro/ o través de auténticas medios probatorios (STC núm. 217/1989, de 21 de diciembre, F. 2; 303/ 1993, de 25 de octubre, F. 4; 79/1994, de 14 de marzo, F. 3; 22/2000, de 14 de febrero, F. 5; 188/ 2002, de 14 de octubre, F. 2)”. Fue por esa razón, por falta de prueba de cargo por la que el TS dejó absueltos a los tres Guardias Civiles, debido a que en Juicio Oral no hubo testifical alguna.

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Sentencia sobre abuso sexual a menores

Sentencia sobre abuso sexual a menores

Sentencia del día: Abuso sexual a menores

Tribunal Supremo Sala de lo Penal Sentencia 568/2017 de 17 de julio de 2017

 El Tribunal Supremo absolvió a un hombre que se le acusaba de un delito de abusos sexuales a menores, entre ellos, varios amigos de su hijo. El recurrente interpuso recurso de casación alegando vulneración a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, infracción de la Ley por indebida aplicación del delito e infracción de la Ley por indebida aplicación del delito de abuso sexual del artículo 183.1 CP.

El recurrente alegó que se había vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías en cuanto a la valoración de la prueba ya que, el Tribunal sabía que con la prueba preconstituida no era suficiente para condenarle ya que los menores no habían relatado ningún hecho constitutivo de abuso sexual, ya que por la salud psíquica de los menores es aconsejable que el relato de los hechos se haga mediante vídeo grabado, sin embargo, en este caso el Tribunal optó por el testimonio de los menores en el juicio oral como forma de concretar le prueba sin que, en ningún caso, supusiera una nueva valoración de la prueba. Además se alega que los hechos son deformados por lo progenitores de los menores ya que estos no mencionan abuso alguno.

Es por ello que, dado que en las grabaciones el recurrente considera que no se hace referencia al delito de abuso sexual, éste estaría infringiendo la ley en cuanto a una indebida aplicación del mismo sobre el recurrente. Así el Tribunal llevó a cabo un análisis de las declaraciones de los menores para ver en ellas las posibles contradicciones. Tras un exhaustivo examen el Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que no existían pruebas suficientes para acusar al recurrente de un delito de abuso sexual por lo que finalizó estimando el recurso de casación y por ende, absolviendo al recurrente.

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Sentencia sobre apropiación indebida

Sentencia sobre apropiación indebida

Sentencia del día: Apropiación indebida

SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

STC 22/2017, de13 de febrero de 2017

El Tribunal Constitutional estima un recurso de amparo, anulando asi la sentencia
qne confirmaba la condena a nu hombre por apropiacién indebida. La sentencia le
habia condenado a I aim de prisién y el pago de 13.500€ por responsabilidad civil.
Sin embargo, no le absuelve de Ios cargos y podría ser condenado de nuevo dado
que anula el recurso de apelacion pero no la condena de primera instancia.

La STC 22/2017 es un ejemplo de la protección de los derechos fundamentales en
nuestro sistema constitucional cuando se condena a un hombre injustamente. El delito
por el que se le condenó es el de apropiacién indebida que se da al apropiarse de un bien
que se tiene pero no que no es propiedad del que lo tiene. En los hechos de la sentencia
que le condenó se explica que el condenado era administrador de una empresa
inmobiliaria y en una operación le pagaron 3.500 € por una promoción para reservar
una vivienda que la empresa  iba a construir. La promoción no se llevó a cabo y el
condenado retuvo para él ese dinero con el objetivo de incorporarlo a su patrimonio.

La defensa del condenado que recurrió al amparo al Tribunal Constitucional alegó que
había habido una vulneración de la tutela judicial efectiva, del derecho a la defensa y de
la presunción de inocencia (articulo 24 CE). Sobre el primer argumento, alegan que el
Tribunal que le condenó se apartó de la doctrina constitucional. Según ellos, el Tribunal
interpretó el artículo 132.2 del Código Penal sobre prescripciones de forma diferente a lo
establecido. En cuanto al derecho a la defensa aludieron que la abogada que
llevé la acusación contra el condenado fue la misma que le atendió en primer lugar, asi
que sabía datos que podian perjudicarle. Por último, defendieron que la presunción de
inocencia había sido violada porque no había prueba suficiente que demostrase que
había desviado los fondos para hacer con ellos algo distinto.

En lo que respecta al TC, primeramente suspendió la pena que estaba cumpliendo el
condenado para estudiar el caso. Sobre el primer argumento explicó que el Tribunal
que confirmó la condena por apropiación indebida había incurrido en “negativa
manifiesta al cumplimiento del deber de acatamiento de la doctrina del TC”. La doctrina
decía que la demanda o querella “es una solicitud de iniciación del procedimiento pero
no es un procedimienlo iniciado”. Como el primer argumento de amparo fue validado, el
TC estimó el recurso sin estudiar las posibles vulneraciones al derecho de defensa y al
de la presunción de inocencia. De esla manera, el Tribunal que desestimó el recurso de
apelación tendrá que volver a estudiar los hechos probados y los elementos del delito.

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Juango Ospina te lo explica en este artículo

Sentencia sobre alzamiento de bienes

Sentencia sobre alzamiento de bienes

Sentencia del día : alzamiento de bienes

SENTENCIA 59/2009, DE 19 DE ENERO

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por unos acusados de un delito de alzamiento de bienes contra la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Los acusados fueron condenados a un año de prisión (dos de ellos) y a dos años de prisión (uno de ellos), y a las multas de 12 meses (a dos de ellos a razón de 20 y SO € diarios respectivamente) y de 18 meses (a uno de ellos a razón de 20 C diarios).

Uno de los condenados por este delito de alzamiento de bienes enjuiciado y condenado en la referida sentencia, antes de ser siquiera procesado por el mencionado, sabiendo que existía un procedimiento penal en contra suya por un delito de apropiación indebida, procedió a vender a terceras personas que no tenían que ver con la intención de alzar los bienes del acusado. De hecho, la propia STS destaca que el acusado, con pleno conocimiento de la existencia de dicho procedimiento peñol y consciente de la posibilidad de resultar condenado al pago de la responsabilidad civil, como finalmente sucedió, y a sabiendas de que con ello imposibilitaría el cobro de tol responsabilidad civil a favor de la contraparte, vendió a terceras personas, ajenas a las intenciones del acusado, varias fincas de su propiedad, las cuales habrían permitido en su día atender siquiera en parte al pago de la responsabilidad civil dimanante de la sentencia antedicha. Su hija, también acusada, compró una parcela o solar, sabiendo ella perfectamente la situación procesal en la que se encontraba su padre. Al igual, la mujer del acusado, también acusada, compró algunos bienes inmuebles, los cuales vendió con posterioridad. Por los hechos expuestos, los acusados fueron condenados como autores de delito de alzamiento de bienes.

En el recurso de casación interpuesto por el acusado, se consideraba que el dolo del alzamiento de bienes se da desde que hay ejecución de la apropiación indebida por la que fue condenado con posterioridad a los hechos del alzamiento de bienes. Sin embargo, el razonamiento de la Sala II del TS fue que la tesis del recurrente no es sostenible. En efecto, sostener que el dolo de la apropiación indebida es al mismo tiempo el dolo del alzamiento de bienes futuro, ejecutado para eludir el cumplimiento de las obligaciones que pudieran derivarse del proceso por ese mismo delito, sin haber demostrado el plan del autor, es incompatible con las acciones que configuran cada tipo aplicable y con el tiempo en que las mismas han sido realizadas. Por lo tanto, el punto de vista de la Audiencia es correcto, al exigir como elemento del dolo del alzamiento de bienes, al menos el conocimiento por el autor de un hecho objetivo que le permita suponer las eventuales consecuencias patrimoniales de la comisión de un delito, como es en el presente caso la admisión a trámite de la querello, que como tol objetiva la pretensión del perjudicado por el delito. Por estos razonamientos el acusado fue finalmente condenado por delito de alzamiento de bienes

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