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Informe penal Estado de necesidad

Informe penal Estado de necesidad

Claves jurídicas para entender el estado de necesidad.

Una eximente en el Código Penal.

CLAVES JURIDICAS PARA ENTENDER EL ESTADO DE NECESIDAD. UNA EXIMENTE EN EL CÓDIGO PENAL.

 

¿Qué es el estado de necesidad?

 

El estado de necesidad es aquella situación en la que, con el fin de evitar un mal propio o ajeno, se realiza un delito que produce una lesión sobre el bien jurídico protegido de un tercero.

El estado de necesidad es causa eximente de responsabilidad criminal siempre y cuando se den una serie de requisitos, es decir, que implicaría la absolución del delito del que se estuviera siendo acusado, lo que daría lugar a su inocencia jurídica.

Por ejemplo: cuando es necesario matar a un tercero para salvar la vida propia (son bienes jurídicos de mismo valor).

 

¿Dónde está regulado el estado de necesidad en el CP?

 

Se encuentra previsto en el artículo 20.5 CP el cual establece que estará exento de responsabilidad criminal “El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber”.

 

 

¿Cuáles son los requisitos del estado de necesidad?

 

El artículo 20.5 CP establece tres requisitos para que el estado de necesidad sea causa eximente de responsabilidad criminal:

  • Primero: Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
  • Segundo: Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
  • Tercero: Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

Además de estos tres requisitos previstos por la ley, la doctrina y la jurisprudencia han venido a establecer cinco criterios para que concurra el estado de necesidad:

  • Primero: Pendencia acuciante y grave de un mal propio o ajeno, que no es preciso haya comenzado a producirse, bastando con que el sujeto de la acción pueda apreciar la existencia de una situación de peligro y riesgo intenso para un bien jurídicamente protegido y que requiera realizar una acción determinada para atajarlo.
  • Segundo: Necesidadde lesionar un bien jurídico de otro o de infringir un deber con el fin de soslayar aquella situación de peligro.
  • Tercero: Que el mal o daño causado no sea mayor que el que se pretende evitar, debiéndose ponderar en cada caso concreto los intereses en conflicto para poder calibrar la mayor, menor o igual entidad de los dos males, juicio de valor que “a posteriori” corresponderá formular a los Tribunales de Justicia.
  • Cuarto: Que el sujeto que obre en ese estadode necesidad no haya provocado intencionadamente tal situación.
  • Quinto: Que ese mismo sujeto, en razón de su cargo u oficio, no esté obligado a admitir o asumir los efectos del mal pendiente o actual.

 

Jurisprudencia sobre el estado de necesidad

 

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 2ª, de lo Penal), 22 de mayo 2018

En esta sentencia el TS casó, condenando por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y, no estimó una de las consideraciones de la recurrente basada en su ausencia de culpabilidad por estado de necesidad ya que alegaba una situación económica precaria, que la obligaba a transportar la cocaína dentro de su cuerpo de Colombia a España.

En resumen: en casos de tráfico de drogas por necesidades económicas, reiterada doctrina y jurisprudencia no han admitido la inocencia del delio cometido por estado de necesidad, porque entiende que son graves las consecuencias que originan los delitos contra la salud pública y que se pueden buscar otras vías que sean legales para pasar las dificultades económicas distintas al tráfico de drogas.

También podemos mencionar que esta postura ha sido definida por el TS en otras sentencias anteriores como STS de 14 de enero 2000 o STS de 7 de mayo 2009.  

 

Desde Ospina Abogados valoramos cada una de las circunstancias del caso, para defender los derechos de nuestros clientes, su derecho más sagrado su libertad, ponderando los intereses en juego y que la prisión provisional sea usada en el menor número de casos posibles.

Juan Gonzalo Ospina Serrano

Socio Director – Ospina Abogados

 

Informe penal Habeas Corpus

Informe penal Habeas Corpus

El habeas corpus como garantía constitucional.

Su relación con el derecho a la libertad y a la seguridad.

EL HABEAS CORPUS COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL. SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. 

 

¿Qué es el habeas corpus?

 

El Habeas Corpus es una garantía procesal regulada en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo y tiene su origen en el artículo 17.4 de la Constitución Española, está relacionado con el derecho la libertad y seguridad personal (art. 17.1 CE). Es una forma de comparecer ante el juez lo más rápido posible y decida si una detención es legal o no.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos también recoge en su artículo 5 el derecho a la libertad y a la seguridad, el cual establece una serie de requisitos que deberán cumplirse en caso de que una persona sea privada de libertad. El artículo 5.4 de este convenio recoge el derecho de aquellos que han sido detenidos de poder presentar un recurso ante un órgano judicial para que en el plazo de tiempo más corto posible se pronuncie sobre la legalidad de esta detención. 

El detenido podrá solicitar el Habeas Corpus en cualquier momento de la detención, y no solamente puede hacerlo él, si no su abogado, o cualquier familiar. En el caso de que el juez entienda que la detención es legal, entonces se continuará detenido (respetando siempre los plazos que se explican más abajo), pero si manifiesta que esa detención es ilegal, entonces se pondrá el detenido en libertad.

 

¿Cuál es la historia del habeas corpus?

El Habeas Corpus tiene su origen en Inglaterra, aunque no existe fecha exacta de ello, sin embargo, aparece por primera vez en la Carta Magna de 1215. 

Lo que se reconocía en esta Carta era que nadie (con indiferencia a la clase social a la que perteneciera) podía ser detenido arbitrariamente salvo que existiera un procedimiento judicial y existiera una orden expedida por el juez, o éste hubiera dictado sentencia.

Esta figura judicial comenzó a extenderse al resto de países de Europa y Estados Unidos. En el caso de España, el Habeas Corpus llegó bajo el nombre de “recurso de manifestación de persona”.

Se implementó en el Reino de Aragón en 1428, y posteriormente en las Cortes de Cádiz de 1812, hasta nuestros días. 

 

¿Cuáles son los principios del habeas corpus?

A) Agilidad

Se trata de un procedimiento judicial sumario y caracterizado por su extrema rapidez, puesto que la violación de libertad de dicha persona es necesario que sea reparada cuanto antes y en la mayor brevedad posible. El procedimiento judicial no puede ser superior ni exceder de las 24 horas.

B) Sencillez

No se requiere de formalizaciones ya que se puede comparecer verbalmente, y tampoco se necesita la asistencia de Letrado y de Procurador.

C) Generalidad

Están legitimados para presentar una solicitud de Habeas Corpus cualquier persona privada de libertad, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Juez de Oficio. Además, ninguna persona o agente puede evitar el control judicial de la legalidad de la detención.

D) Universalidad

Se puede instar ante cualquier supuesto de privación de libertad.

 

¿La detención ilegal vulnera el derecho de defensa?

 

El derecho de defensa se encuentra reconocido en el artículo 24 de la Constitución, y para su protección, en el ámbito o la esfera de la detención, cuenta con el mecanismo o garantía procesal de Habeas Corpus. De esta manera se pueden evitar situaciones de vulneración del derecho de defensa, como puede ser la falta de información al detenido sobre las causas de su detención, la no lectura de sus derechos en el momento de producirse la misma o, negársele la asistencia letrada.

Para que una detención sea legal debe cumplir con una serie de requisitos previstos en el artículo 17 de la Constitución Española, los artículos 489 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 1 de la Ley Orgánica de Habeas Corpus. Esta última prevé que se considera persona ilegalmente detenida:

  • Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes.
  •  Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
  • Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
  • Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.

Cuando se realiza una detención incumpliendo alguno de los requisitos que acabamos de mencionar, se está produciendo una detención ilegal, delito previsto en el artículo 136 Código Penal y se está vulneración el derecho de defensa del artículo 24 de la CE. 

También será ilegal la detención cuando se vulnera alguno o cualquiera de los derechos del detenido, previstos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 520.2 de la LECrim establece que “toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

1.  Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.

2. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

3. Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.

4. Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

5. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país.

6. Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.

7. Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.

8. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.

9. Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

10. Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla”.  

 

¿Cuándo se produce la vulneración de tiempos?

 

El Agente o Autoridad Judicial que realiza una detención, tiene dos opciones: o bien poner en libertad al detenido o entregarle al Juez más próximo al lugar en el que se haya realizado la detención dentro del plazo de 24 horas a contar a partir del momento en el que se ha producido la detención.

Si la detención es preventiva, ésta no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para aclarar los hechos, y cuentan con un plazo máximo de 72 horas (3 días). En este plazo de tiempo se tienen dos opciones: poner en libertad al detenido, o a disposición judicial.

En cualquier caso, la vulneración de los plazos, provocan que la detención pase de legal a ilegal. Y el mero retraso en la puesta en libertad o a disposición judicial del detenido, los agentes o autoridades de la policía judicial, podrían estar cometiendo un delito que podría suponerles la pena de inhabilitación especial de cargo público de 4 a 8 años. 

Una vez puesto el detenido a disposición judicial, el Juez cuenta con otro plazo de 72 horas para declarar su ingreso en prisión o poner en libertad provisional al detenido. Aquí también se convertirá la detención en ilegal si no se cumple este plazo de 3 días.

¿Es posible que un agente de la autoridad nos detenga por la comisión de un delito leve?

El artículo 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que: “No se podrá detener por simples faltas, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerle”.

Sin embargo, por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se modificó el Código Penal, ya no existen las faltas, sino los delitos leves, y lo establecido en el mencionado artículo 495 de la LECrim no fue modificado.

A pesar de esto, la Disposición adicional segunda del Código penal establece que: “Las menciones contenidas en las leyes procesales a las faltas se entenderán referidas a los delitos leves”.

Por lo que, no cabría la detención por la comisión de un delito leve, aunque si procediese en los casos establecidos en el artículo 495 LECrim y cuando concurriera con la comisión de otros delitos más graves.

 

¿Qué es la asistencia letrada al detenido? ¿Dónde se encuentra regulada?

 

La asistencia letrada al detenido se encuentra prevista en el artículo 17. 3 CE cuando establece que: “Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca”.

Además, el artículo 24. 2 también hace referencia a este derecho cuando prevé que: “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado…”.

La asistencia letrada al detenido es un derecho fundamental y puede ejercerse tanto cuando el detenido se encuentra en sede policial como judicial, y la no información al detenido de este derecho o negárselo convierte una detención legal en ilegal, pudiendo, en cualquier caso, solicitar el procedimiento de Habeas Corpus.

La asistencia letrada es irrenunciable, salvo en casos de delito contra la seguridad vial y siempre concurriendo una serie de requisitos. 

La asistencia letrada en sede judicial se encuentra también prevista en la Constitución Española, concretamente en su artículo 24.2, anteriormente mencionado, el cual establece que: “…todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado…”. Este artículo es una garantía complementaria al derecho de defensa en juicio.

Jurisprudencia de la garantía procesal del habeas corpus

 

Sentencia del Tribunal Constitucional, de 10 de febrero de 2014

Los hechos de este supuesto son los siguientes: el acusado presentó una solicitud de iniciación del procedimiento de Habeas Corpus, y se fundamentaba en que la detención que había sufrido por parte de la Guardia Civil de Fuerteventura no estaba justificada por no haber cometido ningún tipo de delito.

El Ministerio Fiscal solicitó la admisión del procedimiento de Habeas Corpus por entender que concurrían los requisitos legales establecidos. Sin embargo, el Juzgado de Instancia e Instrucción nº5 de Puerto de Rosario (Fuerteventura), denegó mediante auto la incoación del procedimiento de habeas corpus. Por esto el Ministerio Fiscal formuló incidente de nulidad de actuaciones de este Auto porque según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no se puede denegar la iniciación de un procedimiento de habeas corpus justificando que no concurren alguna de las situaciones legales de detención previstas en el artículo 1 de la Ley de Habeas Corpus. Este incidente de nulidad de actuaciones fue denegado mediante auto en el que se establecía que el detenido no sufrió ningún perjuicio. Por ello el MF interpuso recurso de amparo ante esta sala del TC.

Finalmente, el Tribunal Constitucional falla a favor del recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Fiscal, reconociendo que se ha producido una vulneración del derecho reconocido en el artículo 17.1 y 4 de la Constitución por haber denegado la iniciación del Procedimiento de Habeas Corpus.

Sentencia del Tribunal Constitucional, de 5 de marzo de 2018

El demandante de amparo fue detenido junto con otras tres personas por los agentes de la policía por un supuesto delito de lesiones. Ante esta detención solicitó la incoación del procedimiento de Habeas Corpus, el cual fue denegado.

Es entonces cuando el detenido invoca la vulneración del derecho a solicitar la iniciación del procedimiento de habeas corpus, tomándose solo en consideración cuestiones de fondo, por lo que es contrario a lo establecido en el artículo 17.4 CE. También alega la vulneración del derecho a la asistencia letrada previsto en el artículo 17.3 CE, por no comunicarle el policía al detenido de su derecho de acceder a las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención, ni tampoco permitió a su abogado tener acceso al atestado. Así como la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 24.1 CE.

Por todo ello finalmente el TC estima el recurso de amparo por vulneración del procedimiento de Habeas Corpus al detenido. 

 

Desde Ospina Abogados valoramos cada una de las circunstancias del caso, para defender los derechos de nuestros clientes, su derecho más sagrado su libertad, ponderando los intereses en juego y que la prisión provisional sea usada en el menor número de casos posibles.

Juan Gonzalo Ospina Serrano

Socio Director – Ospina Abogados

 

Informe penal Tribunal del Jurado

Informe penal Tribunal del Jurado

Tribunal del Jurado.

¿En qué casos decide sobre la responsabilidad del imputado?

EL TRIBUNAL DEL JURADO. COMPETENCIA. COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN DEL MISMO. INCOMPATIBILIDADES. 

 

¿Qué es el Tribunal del Jurado?

 

El Tribunal del Jurado es un órgano que se encarga del enjuiciamiento de ciertos delitos concretados en el artículo 1 de la LO 5/1995, de 22 de mayo del Tribunal del Jurado.

Se compone de ciudadanos, que tienen funciones jurisdiccionales pero los cuales al mismo tiempo no necesitan conocimientos ni titulación en Derecho. Es un cauce de participación ciudadana en la administración de Justicia.

La participación ciudadana en la administración de Justicia a través del Jurado, supone el conocimiento en juicio de la causa penal, la cual será decidida por un tribunal de ciudadanos, jueces legos o no juristas , quienes tiene la funciones que tradicionalmente se les atribuyen a los magistrados.

Es un órgano colegiado penal, integrado por un Magistrado presidente, y un colegio de nueve ciudadanos jurados, elegidos aleatoriamente dentro de las listas de candidatos de carácter bienal.

El Tribunal de Jurado español establecido en la LOTJ, se enmarca dentro de la categoría de jurado puro. Estos tribunales son los que se integran por jueces legos en Derecho, es decir, ciudadanos elegidos ad casum (para la causa de que se trate), de tal manera que aportan a la decisión judicial la percepción de la sociedad, lo cual va en línea con el principio democrático.

 

 

Competencia del Tribunal del Jurado 

 

Tendrá competencia para el enjuiciamiento de los siguientes delitos, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la LOTJ, 5/1995 de 22 de mayo:

  • Delito contra la vida humana
  • Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones
  • Delitos contra el honor
  • Delitos de omisión del deber de socorro
  • Delitos contra la intimidad y el domicilio
  • Delitos contra la libertad
  • Delitos contra el medio ambiente
  • Homicidio e infanticidio
  • Infidelidad en la custodia de presos e infidelidad en la custodia de documentos
  • Cohecho y malversación de caudales públicos
  • Fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráficos de influencias
  • Omisión del deber de socorro
  • Allanamiento de morada

El juicio del Jurado se celebrará solo en el ámbito de la Audiencia Provincial, y en su caso, en los Tribunales que corresponda según el aforamiento del acusado.

En cualquier caso, quedan excluidos de la competencia del Jurado los delitos cuyo enjuiciamiento esté atribuido a la Audiencia Nacional.

 

Composición del Jurado y elección del mismo

 

  • El Magistrado-Presidente[1]: Le corresponde establecer el objeto del veredicto a los nueve jurados, así como darles instrucciones sobre cuál es su función y explicar las reglas que conllevan la deliberación y votación y la forma en la que deben reflejar el veredicto.
  • La instrucción o fase de investigación: En el jurado español, la instrucción o fase de investigación preliminar se atribuye a los juzgados de instrucción ordinarios, los cuales, una vez que el hecho ha sido calificado como competencia del Tribunal del Jurado, deberán tramitarlo conforme con las normas de procedimiento establecidas en la LOTJ 5/1995.
  • Procedimiento de selección: Este proceso tiene tres fases.

En el primero, se elaboran unas listas a partir del censo electoral provincial, en función de cada una de las provincias españolas, integradas por un número de candidatos que vayan a formar parte del Tribunal para las causas que se pretendan celebrar en los dos años posteriores. Realizado el sorteo,  elaboradas las listas bienales e incoada ya una causa de competencia del Tribunal Jurado, se elabora una segunda lista, a partir de la primera, integrada por treinta y seis candidatos, los cuales serán citados por el Secretario del Tribunal a la sesión constitutiva del mismo.

Finalmente, tendrá lugar el momento en el que se produce la selección definitiva de los nueve jurados titulares y los dos suplentes, antes de la apertura del juicio oral. Una vez seleccionados, deberán jurar su cargo ante el Magistrado-Presidente, quedando constituido el Tribunal del Jurado. 

[1]Artículo 54 LOTJ 5/1995.

Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-12095

(Acceso 11 de mayo de 2018).

 

Requisitos, incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones y excusas 

 

  • Requisitos para formar parte del Jurado [1] :
    • Ser español mayor de edad
    • Encontrarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos,
    • Saber leer y escribir
    • Ser vecino de cualquier municipio de la provincia donde se cometió el acto delictivo
    • No estar impedido física, psíquica o sensorialmente para poder desempeñar dicha función.
  • Prohibiciones incapacidades e incompatibilidades [2] y excusas para formar parte del jurado [3]:
    • Los condenados por delito doloso no podrán ser parte del jurado
    • Tampoco los que no hayan obtenido la rehabilitación,
    • Los procesados
    • Aquellos acusados respecto de los cuales se hubiera acordado la apertura de juicio oral
    • Los que estuvieran bajo detención, prisión provisional o cumpliendo pena por delito.

Ni los suspendidos en un procedimiento penal, en su empleo o cargo público mientras dure la suspensión. 

[1]Contenidos en el artículo 8 de la LOTJ 5/1995.

Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-12095

(Acceso 11 de mayo de 2018).

[2]Las incapacidades para ello vienen estipuladas en el artículo 10 LOTJ 5/1995.

[3]Establecido en los artículos 9-12 de LOTJ 5/1995

Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-12095

(Acceso 11 de mayo de 2018).

 

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Juan Gonzalo Ospina Serrano

Socio Director – Ospina Abogados

 

Informe penal Legítima Defensa

Informe penal Legítima Defensa

Legítima defensa.

Requisitos necesarios y jurisprundencia.

LA LEGÍTIMA DEFENSA EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL Y EN LA JURISPRUDENCIA. DERECHO COMPARADO (TEDH).

 

¿Qué es la legítima defensa?

 

Con arreglo a lo estipulado en el artículo 20 del Código Penal, están exentos de responsabilidad criminal aquellas personas que actúen en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que exista una agresión ilegítima previa, necesidad racional del medio empleado para repelerla y falta de provocación suficiente por parte de la persona que se defiende. Es decir, deben  existir  una de estas tres causas  por las que se  justifique esa conducta contraria a derecho y mediante la cual se exonere de responsabilidad a su autor.

Para que se pueda dar la legítima defensa, es fundamental la necesidad de la misma.  Es por ello que el  Tribunal Supremo en sus sentencias de 26 de febrero de 2004 y de 9 de diciembre de 1999 se ha pronunciado afirmando que la necesidad de la defensa como reverso de la agresión ilegítima es un requisito esencial para que podamos hacer referencia a la legítima defensa.

 

Requisitos para la legítima defensa

 

Los requisitos [1] para que se pueda dar este supuesto son:

 

  1. Agresión ilegítima:

    Según la Sentencia de 9 de diciembre de 1999, se entiende por la misma todo ataque inminente, real, directo, injusto, inmotivado e imprevisto. Por lo que es necesaria la existencia de dolo, es decir, que sea causada intencionadamente.

    Debe ser real en tanto en cuanto la agresión exista de manera fehaciente.

    Por otro lado, en relación al carácter “inminente”, la legítima defensa debe realizarse frente a una agresión actual, por lo que si ya ha sido consumada y agotada, la reacción posterior no se consideraría legítima defensa si no venganza, considerado así por el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de mayo de 1998, donde para los casos en los que el agresor, una vez que ya se ha consumado su agresión , abandona el lugar de los hechos y la víctima decide dispararle por la espalda. Por tanto para esta situación no es posible apreciar la eximente de legítima defensa.

    Serán bienes jurídicos defendibles, la vida, la integridad física, así como los propios y los ajenos, asumiendo la defensa que la víctima no puede hacer.

    Además de todo ello y según reiterada jurisprudencia del TS, en sentencias como en la de 25 de septiembre de 2002 y de 10 de octubre de 1998,  se establece que para los supuestos de riña tumultuaria o en grupo, el acometimiento muto y voluntario es simultáneamente aceptado al igual que la riña y el desafío, excluyendo por tanto la idea de agresión ilegítima, generadora de la legítima defensa, por lo que los contendientes se convierten en recíprocos agresores.

    Del mismo modo, no sería agresión ilegítima aquella que se deriva de quien ejercita un derecho, por ejemplo aquellos casos en los que un policía o ciudadano proceda a realizar una detención en los casos previstos por ley.

     

  1. Necesidad de defensa:

    La necesidad de defensa implica que el agredido no puede acudir a otro medio que no sea el de defenderse para evitar el ataque del agresor y sus consecuencias, de tal manera que la acción de defensa se considera  adecuada para repeler o impedir la agresión concreta.

    Por otro lado, ante los casos  en los que fuera posible evitar la agresión ilegítima mediante la huida, el Tribunal Supremo ha declarado en varias sentencias como la del 2 de octubre de 2002 o la de 9 de diciembre de 1999, que no puede exigirse al agredido que evite el ataque huyendo, exceptuando  en aquellos casos donde la huida sea posible, no avergonzante de tal manera que sea seguro que no se vaya a producir dicha agresión.

     

  1. Falta de provocación suficiente por parte del defendido:

    Para que la defensa sea necesaria en este supuesto, debe existir falta de provocación previa por parte del que se defiende.

    En este sentido, el Tribunal Supremo entiende que la provocación suficiente es la que se adapta a la reacción del provocado. Del mismo modo, la doctrina ha señalado que se debe entender por provocación suficiente, aquella que al hombre medio le hubiera determinado una reacción agresiva.

    Ante esto debemos diferenciar si la provocación debe ser intencional o si es suficiente en los casos en los que se produce por descuido.

    Cuando la provocación va encaminada a que el provocado reaccione con la intención de atacarle, desaparece la posibilidad de legítima defensa ya que faltaría el “ánimo de defenderse”, lo cual es esencial en este caso.

    Este ánimo defensivo es el elemento subjetivo de la legítima defensa, por lo que debe concurrir siempre en la misma, además del hecho de que el que se defiende, haya obrado conociendo las circunstancias del ataque del que era objeto y  teniendo intención de defenderse.

     

Racionalidad y proporcionalidad

 

La defensa requiere que haya una necesidad racional del medio empleado, esto es que no pueda recurrirse a otro medio no lesivo. 

Del mismo modo se alude a la proporcionalidad en sentido racional, la cual ha de examinarse desde el punto de vista objetivo y subjetivo, en función de la situación personal y afectiva en la que los implicados se encuentran, y no analizarlo desde la semejanza material de las armas o instrumentos utilizados. Por lo que además, habrá que tener en cuenta las posibilidades reales de una defensa adecuada a la entidad del ataque, la gravedad del bien jurídico en peligro y la propia naturaleza humana, de modo que “esa ponderación de la necesidad instrumental de la defensa, ha de hacerse comprendiendo las circunstancias en las que actuaba el sujeto[2]”.

Desde el punto de vista de la doctrina y jurisprudencia, se señala que no es necesaria la imposición de unas exigencias objetivas e igualitarias, ya que estas restringirían el ámbito de la legítima defensa, aunque del mismo modo, no se descarta ni la valoración de la posible perturbación psicológica la cual puede conllevar a que se produzca la agresión, ni tampoco la necesidad de acudir al doble patrón objetivo y subjetivo para establecer la proporcionalidad de los medios. Por lo que en este sentido, es ahora cuando la ley habla de la necesidad de que el medio empleado debe ser “racional”, por tanto se entiende que debe haber una flexibilidad y graduación que no puede someterse a las reglas predeterminadas, es decir, no se puede exigir a quien actúa bajo la presión, tener que defenderse, reflexionando y ponderando en ese momento sobre cuáles son los medios de defensa adecuados en ese momento para proteger su vida.[3]

Por otro lado, tal y como ha señalado el Tribunal Supremo en su sentencia número 470/2005 de 14 de abril de ese mismo año y acorde con la doctrina y el artículo 20.4 del Código Penal, podemos decir que el legislador advierte “ proporcionalidad” al efecto de distinguir entre defensa necesaria y estado de necesidad.

Lo que la ley requiere para la defensa es la “necesidad racional del medio empleado” para impedir o ahuyentar la agresión. Por lo que entre los resultados de acción de la defensa y los posibles resultados de la agresión, debe existir proporcionalidad, pues la defensa está justificada en base a su necesidad y no por la proporcionalidad mencionada.

Solo para los casos en los que la insignificancia de la agresión y la gravedad de las consecuencias de defensa para el agresor resulten desproporcionados, podremos pensar en una limitación del derecho de defensa. Es decir, en este supuesto, la defensa necesaria debe ser considerada desde una perspectiva ex ante, donde se pueda establecer que la necesidad se manifiesta a partir de la posición del sujeto agredido en el momento del ataque. 

Por tanto, podemos afirmar que contra el injusto proceder agresivo, la defensa ha de situarse en el plano de adecuación, buscando la proporcionalidad que invocando el peligro o riesgo inminentes, se mantenga dentro de los límites, sin que haya lugar a excesos.

Finalmente, podemos concluir que para determinar la racionalidad, deben primar módulos objetivos, atendiendo a la paridad entre el bien jurídico que se tutela y el afectado por la reacción defensiva, además de la proporcionalidad del medio o instrumento utilizado, empleo o uso que del mismo se hubiese realizado, circunstancias del hecho, condiciones personales de la víctima y las posibilidades de auxilio con las que pudiera contar, para que tras ponderar todas estas circunstancias, se pueda elegir por aquellos medios de defensa más proporcionados de acuerdo con lo que era necesario para repeler la agresión[4]. 

 

[1] Wolters Kluwer: Legítima defensa. Disponible en: http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjQ1MztbLUouLM_DzbsMz01LySVACZmvNuIAAAAA==WKE (Acceso 10 de mayo de 2018).

[2] Sentencia del Tribunal Supremo nº 444/2004 de 1 de abril.

[3] Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero del 2000, de 16 de noviembre de 2000 y de 17 de octubre de 2001.

[4] Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1997, de 29 de enero de 1998 y de 22 de mayo de 2001.

 

 

En la Jurisprudencia

 

Sentencia condenatoria

Sentencia de la AP de Barcelona, número 314/2008, en la que se condena al acusado a un delito de lesiones con la concurrencia de circunstancias atenuantes. En este supuesto no cabe apreciar la legítima defensa, ya que se pudo corroborar la que la defensa no era proporcional a la agresión ya que existía previamente una provocación por parte del denunciado, quien empezó insultando al perjudicado.  

Por lo que de los tres requisitos que se necesitan para que se aplique la eximente de legítima defensa, los cuáles son:

  • Agresión ilegítima: la cuál supone la puesta en peligro de bienes jurídicamente protegidos. Ese peligro debe ser real y objetivo, con potencia de dañar. Del mismo modo, si no hay agresión, no podemos hablar de legítima defensa[1].
  • Necesidad racional del medio empleado
  • Falta de provocación: La doctrina y la jurisprudencia hablan de provocación o amenaza adecuada, por lo que debemos distinguir entre “provocar” y “dar motivo u ocasión”. Por lo que es necesario que la provocación sea adecuada y proporcionada a la agresión[2].

Vemos en este caso que no se dan estas condiciones para que se pueda apreciar dicha eximente. No obstante, la AP consideró aplicar la eximente incompleta de embriaguez, establecida en el art. 21.1, en relación con el art. 20.2 CP.

 

Sentencia estimatoria de la legítima defensa 

Sentencia del Tribunal Supremo 431/2017,  de fecha 14/06/2017 [3]Dicha sentencia trata sobre el recurso de casación planteado por el acusado, el cual había sido absuelto en primera instancia por  un Tribunal Jurado, de un delito de homicidio ya que se le había concedido la eximente completa de legítima defensa.

Dicha sentencia de primera instancia fue recurrida por el Ministerio Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el cuál estimó el recurso presentado por el Ministerio Público. Tras todo ello el denunciado formalizó el  oportuno recurso de casación. En el juicio celebrado finalmente se estimó la concurrencia de la eximente completa de legítima defensa, debido a que el recurrente materializó su ataque con la navaja contra el fallecido al haberle dirigido previamente este último varios golpes con un cuchillo que portaba de color rojo de grandes dimensiones, de resultas de los cuales sufrió una herida grave en el costado por la que comenzó a sangrar abundantemente, resultando racionalmente necesario el empleo de la navaja para repeler la agresión ejecutada por el difunto, para impedir que prosiguiera con la misma, no habiendo mediado provocación suficiente por parte del acusado.

[1] Sentencia del TS, 6 de octubre de 1993. 

[2] Sentencias TS de 15 de junio de 1983 y de 17 de octubre de 1989.

[3] Sentencia del TS 431/2017 de 14 de junio. Disponible en: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8070417&links=%22431%2F2017%22&optimize=20170623&publicinterface=true (Acceso 10 de mayo de 2018). 

 

Derecho comparado: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Carlo Giuliani

 

Los días 19, 20, 21 de julio de 2001, se celebró en Génova la cumbre del G8.

Ante esto se organizaron numerosas manifestaciones “ antiglobalización” en la ciudad, por lo que las autoridades italianas establecieron medidas de seguridad para ello.

La Ley no. 149 de 8 de junio de 2000, autorizaba en su sección 4 el que se desplegase personal militar para garantizar la seguridad pública en conexión con la cumbre. Por todo ello, se designó el centro histórico como “zona roja” y fue acordonado por una valla de metal, por lo que solo los residentes y trabajadores en esa área tenían el acceso permitido. Además no se podía entrar al puerto ya que estaba prohibido y el aeropuerto estaba cerrado al tráfico.

La zona roja estaba contenida dentro de una zona amarilla.

Las instrucciones eran establecer una línea de defensa dentro de la zona roja con el fin de repeler cualquier intento de ruptura por parte de los manifestantes, al mismo tiempo se estableció una línea de defensa dentro de la zona amarilla para tratar cualquier incidente ya que se tenía en cuenta la posición de los participantes en varios lugares y de las acciones perpetradas por elementos más extremistas, por lo que se pusieron en marcha medidas de orden público en las calles afectadas por las manifestaciones, teniendo en cuenta el riesgo de violencia, alentada por la presencia multitudinaria de personas.

En la mañana del 20 de julio se produjeron numerosos incidentes y enfrentamientos muy violentos por parte del “Black Bloc” y los oficiales.

Los representantes del movimiento no global y de asociaciones comunistas, anunciaron que tenían como objetivo tratar de penetrar en la zona roja. Ante esto, el jefe de la autoridad policial de Génova, desplegó agentes para detener la marcha. Los que encabezaban dicho movimiento eran un grupo formado por políticos y periodistas, los cuales llevaban grabadoras de vídeo y cámaras.

A las cinco de la tarde de ese día, un grupo de manifestantes violento, fue observado por el batallón Sicilia, consistente en alrededor de cincuenta carabinieri estacionados cerca de la Piazza Alimonda. Los carabinieri recibieron órdenes de cargar a pie, seguidos por dos jeeps. Ante esto, los manifestantes consiguieron retroceder, viéndose los carabinieri obligados a retirarse, aunque de manera desordenada. En vista de estos los jeeps intentaron hacer lo mismo. Uno de ellos logró irse mientras que el otro, encontró su salida bloqueada por un contenedor de basura volcado. De repente, varios manifestantes que empuñaban piedras, palos y barras de hierro lo rodeaban, logrando romper las ventanas laterales y ventana trasera del vehículo. Además, los manifestantes gritaban insultos y amenazas a los carabinieri que se encontraban dentro del jeep, e incluso llegaron a arrojar piedras y un extintor dentro del vehículo. En él se encontraban tres policías los cuales eran, Filippo Cavataio, conductor, Mario Placanica quién sufría los efectos de las granadas de los gases lacrimógenos y un ataque de pánico ante lo que estaba ocurriendo,  y Darío Raffone.

Placanica sacó su pistola de orden y amenazó a los manifestantes que lo rodeaban. Repitió el grito varias veces, pero los manifestantes no se alejaban por lo que efectuó dos disparos. El primero golpeó a Carlo Giuliani, quien en ese momento se encontraba a unos metros del todoterreno y tenia un extintor de incendos sobre su cabeza. Giuliani cayó al suelo. Minutos más tarde, el conductor logró liberar el vehículo, pasando por encima del cuerpo de Giuliani dos veces, uno en reversa y el segundo en  una dirección anterior.

Al no haber obtenido satisfacción en los tribunales italianos, el padre  y los hermanos de Carlos Giuliani presentaron demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, preteniendo que la Corte declarase la violación por parte de Italia del artículo 2 del Convenio de Derechos Humanos, tanto en su aspecto material por existir un uso abusivo de la fuerza policial, como en su vertiente procedimental, al no haber realizado una investigación suficiente sobre las causas y circunstancias de la muerte del manifestante.

Por un lado, en relación al posible uso de la fuerza, la Corte consideró que no se produjo una violación del citado artículo ya que atendidas todas las circunstancias acaecidas ese día, se determinó que las autoridades italianas efectuaron una planificación de las operaciones policiales adecuada a la información de la que disponían y en relación a la rapidez con la que se producían los acontecimientos. Además, las pruebas que se practicaron demostraron que los manifestantes rodearon y atacaron el vehículo policial, el cual no estaba blindado, persistiendo estos en su actitud aun después de ser avisados del uso de armas de fuego. Es por ello que la Corte consideró el uso de la fuerza necesario en este caso, para asegurar la vida de las personas frente a una violencia ilegal.

Por otro lado, en lo relativo a la violación por parte de Italia del artículo 2 del CEDH, la Corte estimó que había habido una vulneración del mismo en su vertiente procedimental, ya que se apreciaron defectos relevantes en la investigación llevada a cabo por las autoridades italianas, en tanto en cuanto, a pesar de hallarse un fragmento metálico en la cabeza del señor Giuliani, el mismo no fue extraído ni remitido a los laboratorios de balísitica para hacer las determinaciones pertinentes, las cuales permitieran la reconstrucción de los hechos, de tal manera que se pudiera averiguar si el disparo impactó de forma directa, además del agravio producido por la incineración del cadáver cursada por las autoridades, lo cual impidió a los demandantes el que se pudiera realizar un correcto análisis de la autopsia.

No obstante, los magistrados consideraron que Placanica se encontraban en una situación peligrosa, encerrado en un automóvil y rodeado de manifestantes con actitud hostil, por lo que independientemente de la dirección en la que se efectuaron los golpes, los magistrados estimaron que Placanica actuó en defensa propia.

Finalmente, en 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos absolvió por completo al gobierno de todas las acusaciones de haber contribuido indirectamente a la muerte de Giuliani. 

 

Bibliografía, jurisprudencia y doctrina

 

 

Desde Ospina Abogados valoramos cada una de las circunstancias del caso, para defender los derechos de nuestros clientes, su derecho más sagrado su libertad, ponderando los intereses en juego y que la prisión provisional sea usada en el menor número de casos posibles.

 

Juan Gonzalo Ospina Serrano

Socio Director – Ospina Abogados

 

Informe penal Prisión Provisional y su excepcionalidad

Informe penal Prisión Provisional y su excepcionalidad

¿Cuándo procede acordar la prisión provisional?

Supuestos excepcionales de la medida.

LA PRISIÓN PROVISIONAL O PRISIÓN PREVENTIVA. CAUSAS PARA EVITARLA. 

 

¿Qué es la prisión provisional?

 

La prisión provisional se regula en la Ley Enjuiciamiento Criminal art. 502 y siguientes y se debe acordar única y exclusivamente como medida excepcional con el fin de evitar: riesgo de fuga, reiteración delictiva, destrucción de pruebas y daños contra bienes jurídicos de la víctima.

 

¿Qué se entiende por medida excepcional?

 

La prisión provisional o preventiva es una medida cautelar,- es decir que se dicta antes de que finalice el proceso judicial-, que restringe el derecho a la libertad. Es por ello que tiene carácter excepcional y se debe recurrir a ella solo cuando no existan otras medidas que,- siendo igualmente válidas para conseguir los fines del proceso-, sean menos restrictivas con el derecho fundamental a la libertad personal reconocido en el artículo 17.1 de nuestra Constitución.

Estas condiciones se recogen en el artículo 502.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice textualmente:

“La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional”.

Este precepto cumple con lo que establece uno de los principios básicos del derecho penal como es el principio de ultima ratio o, lo que es lo mismo, el principio de intervención mínima. Es decir, la prisión provisional debe adoptarse únicamente como última opción, cuando no exista otra alternativa.

También se pronuncia en este sentido el Consejo de Europa en su resolución 11/65 donde se establecen los principios a los que se debe ajustar la prisión provisional:

“a) no debe ser obligatoria y la autoridad judicial tomará su decisión teniendo en cuenta las circunstancias del caso;

b) debe considerarse como medida excepcional, y

c) debe ser mantenida cuando sea estrictamente necesaria y en ningún caso debe aplicarse con fines “.

Se entiende por tanto que la prisión provisional nunca puede utilizarse con fines punitivos. No puede ser una medida que sirva para castigar al acusado ya que esto entraría en contradicción con la función de reeducación y reinserción de las penas que recoge el artículo 25.2 de la Constitución española.

 

¿Cuándo se puede adoptar la prisión provisional?

 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece los motivos por los cuales se puede adoptar la medida de la prisión provisional. Concretamente el artículo 503 recoge los siguientes:

  • Evitar riesgo de fuga.
  • Evitar reiteración delictiva.
  • Evitar la destrucción de pruebas.
  • Evitar daños contra bienes jurídicos de la víctima.

Todos estos motivos se deben valorar para encontrar la balanza que permita proteger a las presuntas víctimas sin vulnerar el derecho a la presunción de inocencia  del acusado durante el transcurso de un procedimiento judicial.

El Tribunal Constitucional en su sentencia  333/2006 de 20 de noviembre establece que en esta ponderación se debe tener en cuenta tanto la gravedad del delito y la posible pena como las circunstancias del caso concreto y las circunstancias personales.

Hay que puntualizar, tal y como establece la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2018, de 1 de junio, que el hecho de que a un sujeto se le aplique esta medida no supone un pronunciamiento de culpabilidad, como bien hemos dicho es provisional. La prisión provisional persigue el fin legítimo de evitar cualquiera de los cuatro motivos anteriormente mencionados.

En el mismo sentido, y de acuerdo a la sentencia 65/2008 de 9 de mayo del Tribunal Constitucional, el tiempo transcurrido en prisión provisional nunca tendrá efecto de firmeza. De otra manera se estaría contradiciendo la naturaleza provisional de la medida cautelar.

 

A) El riesgo de fuga

Para valorar si existe riesgo de fuga se debe prestar atención a la naturaleza del hecho delictivo y la gravedad de la posible pena. Está claro que no tendrá la misma probabilidad de fugarse alguien a quien le piden pasar tres años en prisión que alguien que se enfrenta a una posible condena de veinte años.

Por otro lado es muy importante el tema del arraigo. Se entiende que el riesgo de fuga queda reducido cuando el acusado tiene un trabajo (arraigo laboral) cuando tiene una familia y sobre todo si tiene hijos (arraigo familiar) o, cuando tiene amigos o una estructura social y un modo de vida adaptado a un lugar concreto (arraigo social).

Es básico también el aspecto económico. Se valora si la persona sobre la que se debate el riesgo de fuga tiene medios económicos para fugarse. Hay pocas posibilidades de que alguien que no tiene dinero pueda costearse un billete de avión para huir al extranjero.

Un ejemplo de ello es el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de 23 de diciembre de 2006 que decretó la prisión provisional de un hombre acusado por un delito contra la salud pública en su modalidad agravada. La Audiencia justifica la excepcionalidad de la medida no solo en base a la gravedad de los hechos que se le imputaban sino por la disponibilidad de importantes medios económicos.

 

B) La reiteración delictiva

También en este punto es importante tener en cuenta las circunstancias del hecho y la gravedad de los delitos que se le imputan al acusado. Además, tal y como ha sostenido el Tribunal Constitucional en la Sentencia del Pleno nº 47/2000, de 17 de marzo, deben existir indicios racionales de la comisión de una acción delictiva para que se pueda valorar si existe riesgo de reiteración.

Se entiende que para que existan indicios racionales de criminalidad deben concurrir datos que permitan el establecimiento de una relación entre el procesado y un comportamiento susceptible de ser considerado como constitutivo de una infracción sancionada penalmente.

 

C) La destrucción de pruebas

Este motivo será válido para adoptar la prisión preventiva solo cuando exista un peligro fundado y concreto. Es decir, no puede suponer una traba al derecho de defensa del acusado durante el proceso.

Se puede llegar a apreciar un peligro para destrucción de pruebas del proceso cuando exista riesgo de manipulación de testigos, destrucción de pruebas físicas u ocultación entre otras.

 

D) Los daños contra bienes jurídicos de las víctimas

Por último, este motivo pretende evitar causar daños contra bienes jurídicos de las víctimas. La finalidad no es solo evitar reiteración delictiva sino que está enfocada a la protección de la víctima.

 

Ponderación y motivación de la medida

 

Para decidir sobre la adopción de la prisión provisional se ponderarán los intereses en juego, tanto de la víctima como del acusado, para poder tomar una decisión que resulte proporcional de acuerdo a las circunstancias del caso concreto. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en su sentencia 333/2006, de 20 noviembre  donde añade también:

“…esta ponderación no sea arbitraria, en el sentido de que resulte acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y especialmente con los fines que justifican la prisión provisional”.

Por último, es importante mencionar que siempre que se acuerde la medida de prisión provisional esta debe estar debidamente motivada. Así lo establece la Fiscalía General del Estado en su Circular 4/2005, de 15 de abril. En esta Circular se fijan cinco puntos que se deberán motivar en todas las decisiones que acuerden la prisión provisional:

1) Los elementos razonables.

2) Explicar la postura tomada.

3) Motivar el presupuesto y el fin legal.

4) Los elementos fácticos.

5) Los elementos personales.

La misma Circular añade que se debe evitar caer en fórmulas estereotipadas así como proceder a la mera repetición de textos normativos.

 

Desde Ospina Abogados valoramos cada una de las circunstancias del caso, para defender los derechos de nuestros clientes, su derecho más sagrado su libertad, ponderando los intereses en juego y que la prisión provisional sea usada en el menor número de casos posibles.

 

Juan Gonzalo Ospina Serrano

Socio Director – Ospina Abogados

 

Informe penal juicio oral

Informe penal juicio oral

INFORME JURÍDICO SOBRE ATENTADO, RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA

Ordenado de mayor a menor gravedad y pena:

ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD

Código Penal: art.  550

Acción: Agredir con (intimidación grave o violencia, oponer resistencia grave o acometer cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos.

Sujetos pasivo: autoridad, agentes de la autoridad, funcionarios públicos.

Pena:

– Prisión 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses si es contra autoridad.

– Prisión de 6 meses a 3 años en los demás casos (por ejemplo agente de

la autoridad, entre ellos los policías).

– Agravante: uso de armas u objetos peligrosos. Art. 551.1 (antiguo

552.1). Lo pide la Fiscalía pero no ”parece” haber pruebas de ello.

 

MÁXIMO CASO ARENILLAS: el mínimo de pena es menor que cuando ocurrieron

los hechos de Arenillas por la reforma de 2015.

2011: prisión 1 a 3 años en caso de NO ser contra autoridad pero sien

los demás casos como agente dela autoridad (policía).

2015: prisión de 6 meses a 3 años en caso de NO ser contra autoridad

pero sien los demás casos como agente de la autoridad (policía).

 

 

 

Pena: art. 66.1.2 C.P. 1-2 grados una o varias atenuantes muy cualificadas:

 

Tribunal Supremo (STS-580/2014 de 21 de julio):Requisitos para que exista atentado;

 

Acción: acto básico de acometimiento empleo de la fuerza, intimidación grave,

o resistencia también grave.

Lo esencial es la embestida o ataque violento (STS 328/2014 de 28 de abril)

– ATENCIÓN, la jurisprudencia anterior: En cuanto al acometimiento

tanto vale como embrestida, ataque o agresión, equiparándose los actos corporales (puñetazos, patadas) con la utilización de medios agresivos materaiales (STS 98/2007, de 16 de febrero). £n nuestro caso, se podría

fundamentar el manotazo y las lesiones sufridas como forcejeo y no

embestida.

 

o Sujeto pasivo: funcionario público o agente de autoridad;

 

o que dicho sujeto pasivo se hallare en el ejercicio de sus funciones propias del

cargo, y, si asi no fuera, que el autor del hecho hubiera actuado ”con ocasión de

ellas”. No se pretende proteger a la persona del funcionario, sino a la función

que éste desempeña por el carácter público de ésta.

 

0 Dale: “animus”o propósito de ofender a la autoridad o sus agentes, y que

consiste en faltar al respeto debido a quienes encarnan el principio de

autoridad.

 

– Dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad STS 1717/2015 de 30 de marzo de 2015.

 

Voluntad de acometer, emplear fuerza, intimidar o resistir, y el ánimo

de vulnerar o dejar malparado el principio de autoridad STS 3116/2014 de 21 de julio de 2014.

 

RESISTENCIA GRAVE:

[CódigoPenal: art. 550]o La resistencia grave es una parte del atentado así que la acción y el dolo es el

mismo que el que ya está explicado. Son lo mismo.

0 Carácter activo.

 

Tribunal Supremo (STS 580/2014 de 21 de julio)?

o El TS entiende la Resistencia Grave como: el ejercicio de una fuerza eminentemente física que supone el resultado exteriorizado de una oposición resuelta al cumplimiento de aquello que la autoridad a sus agentes conceptúan necesario., en cada caso, para el buen desempeño de sus funciones. Si se manifiesta de forma activa y alcanza los caracteres de grave.

 

 

RESISTENCIA NO GRAVE O PASIVA Y DESOBEDIENCIA GRAVE (son lo mismo):

Código Penal: art. 556.1

Acción: sin estar comprendidos en el artículo 550, resistir o desobedecer

gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones (todo

aquello que no acompañe violencia o intimidación).

o Sujeto pasivo: autoridad o sus agentes

0 Pena: prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses.

0 Carácter pasivo.

 

 

 

Tribunal Supremo:

 

Acción: naturaleza obstativa, de no hacer, de pasividad, contrario al delito de

atentado que exigía, por el contrario, una conducta activa, hosti ly violenta (STS

580/2014 de 21 de julio)

 

STS 1121/2013 de 22 dE marzo de 2013 establece que no comportan

acometimiento propiamente dicho Los requisitos son:

 

Reiterada y manifiesta oposición al cumplimiento de la orden legítima, emanada de la autoridad y los agentes.

Grave actitud de rebeldía

Persistencia en la negativa, en el cumplimiento voluntario del mandato.

Contumaz y recalcitrante negativa a cumplir el orden.

 

FORCEJEO: STS 108/2015 de 10 de noviembre de 2015: “aunque la resistencia

del art. 556 es de carácter pasivo puede concurrir alguna manifestación de

violencia o intimidación, de tono moderado y características más bien defensivas y neutralizadoras, cual sucede en el supuesto del forcejeo del sujetocon los agentes de la autoridad”.

 

STS 6023/2010 de 16 de noviembre de 2010: tiene cabida, junto a los supuestos

de resistencia pasiva, otros de resistencia activa como no estén revestidos de

dicha nota de gravedad: “conductas de menor entidad que ni gramatical ni

racionalmente puedan ser calificadas de atentado sin forzar exageradamente el

sentido del término”.

 

FLATAS RESISTENCIA LEVE Y DESOBEDIENCIA LEVE

 

Desaparece la falta de resistencia y desobediencia leve que se lleva por infracción

administrativa:

 

o El TS sienta la doctrina de que, tras la reforma operada en el Código Penal por

la LO 1/2015, la resistencia yla desobediencia que no revistan un carácter grave,

no serán constitutivas de delito cuando se cometan en relación con los agentes

de la autoridad (STS 195/2016, 3 de febrero de 2016)

 

Cuando no alcanzan la intensidad suficiente. Por ejemplo: un empujón sería

infracción administrativa pero un puñetazo o una patada serían  (sts 195/2016, 3 de febrero)

 

Ley de Seguridad Ciudadana: Art. 36. 6 infracción grave: La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando

no sean constitutivas de delito.

 

 

 

SENTENCIAS

 

STS 195/2016 de 3 de febrero de  2016: absolución de delito de resistencia porque no es grave, por lo que se trata de una infracción administrativa (únicamente empujón).

http: //www. poderiudicial es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch= —TS&reference=7597825&|inks=%2245%2F2016%22&0ptimize= 20160212&publicinterface=true

 

STS 1197/2017 24 de marzo de 201.7. se absuelve a una mujer del delito de atentado y se

condena por el del resistencia del art. 556 (NO GRAVE)

 

http:/¡www.poderiud¡ciaI.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=T

S&reference=7987096&links=atentado%20resistencia%203bsolver&optimize=20170410&publi

cinterface=true

 

STS 4651/2016 28 de octubre de 2016: se condena a un hombre por delito de resistencia del art. 556 en lugar de atentado por golpear a un policía durante su detención. El TS argumentó que era más beneficioso para él.

 

http://www.poderiudIcial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7855424&links=atentado%20resistencia%20absoIver&optimize:20161103&puincinterface=true

 

STS 4651/2016: dos mujeres son absueltas del delito de resistencia a un

causando lesión por caída de un agente y empujando a agentes.

 

http:/¡www.poderiudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7597825&links=atentado%20resistencia%20absolver&optimíze=20160212&publicinterface=true

 

(STS 2137/2017 de 19 de mayo de 2017: 2 personas son absueltas de una condena por atentado pero no por error en el tipo sino por error en la apreciación dela prueba.

 

http:/lwww.poderiudiciaI.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8048346&Iinks=atentado%20resistencia%20absoIver&optimize=20170607&publicinterface=true

 

CONCURSO IDEAL

 

En caso de lesiones causadas por el atentado se daría un concurso ideal de penas. El art.77.1 y 2 del Código Penal dispone que:

 

  1. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando una de ellos sea medio necesario para cometer el otro.

 

  1. En el primer caso, se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena asi computado exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado. ”

 

En el CASO ARENILLAS puede ser más favorable que se penaran por separado porque de esta forma la pena sería la multa más la pena de prisión normal, en vez de únicamente la prisión en su mitad superior.

 

LESIONES LEVES

 

Todo daño causado en la integridad corporal, o en la salud física o mental de una persona_ Art. 147.1 CP:

 

  1. “El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de 3 meses a 3 años o multa de ,6 a 1,2 meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia a seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico “

 

  1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses.

 

 

 

El delito leve por lesiones de menor gravedad será aquel que no necesite además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico“.

 

CIRCULAR DE LA FISCALÍA 1/2015 sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma penal operada por la LO 1/2015

 

httpsz/lwww.fiscal.es/fiscaI/PA WebApp SGNTJ NFlS/descarga/Circular 1 15 delitos leves. Ddf?idFile=493cb7fe—7e13-45e2-bfZO-eld6c48106bd