ABOGADO 24 HORAS: +34 643647677 | DESPACHO: +34 91 157 37 28
Informe penal Prisión Provisional y su excepcionalidad

Informe penal Prisión Provisional y su excepcionalidad

¿Cuándo procede acordar la prisión provisional?

Supuestos excepcionales de la medida.

LA PRISIÓN PROVISIONAL O PRISIÓN PREVENTIVA. CAUSAS PARA EVITARLA. 

 

¿Qué es la prisión provisional?

 

La prisión provisional se regula en la Ley Enjuiciamiento Criminal art. 502 y siguientes y se debe acordar única y exclusivamente como medida excepcional con el fin de evitar: riesgo de fuga, reiteración delictiva, destrucción de pruebas y daños contra bienes jurídicos de la víctima.

 

¿Qué se entiende por medida excepcional?

 

La prisión provisional o preventiva es una medida cautelar,- es decir que se dicta antes de que finalice el proceso judicial-, que restringe el derecho a la libertad. Es por ello que tiene carácter excepcional y se debe recurrir a ella solo cuando no existan otras medidas que,- siendo igualmente válidas para conseguir los fines del proceso-, sean menos restrictivas con el derecho fundamental a la libertad personal reconocido en el artículo 17.1 de nuestra Constitución.

Estas condiciones se recogen en el artículo 502.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice textualmente:

“La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional”.

Este precepto cumple con lo que establece uno de los principios básicos del derecho penal como es el principio de ultima ratio o, lo que es lo mismo, el principio de intervención mínima. Es decir, la prisión provisional debe adoptarse únicamente como última opción, cuando no exista otra alternativa.

También se pronuncia en este sentido el Consejo de Europa en su resolución 11/65 donde se establecen los principios a los que se debe ajustar la prisión provisional:

“a) no debe ser obligatoria y la autoridad judicial tomará su decisión teniendo en cuenta las circunstancias del caso;

b) debe considerarse como medida excepcional, y

c) debe ser mantenida cuando sea estrictamente necesaria y en ningún caso debe aplicarse con fines “.

Se entiende por tanto que la prisión provisional nunca puede utilizarse con fines punitivos. No puede ser una medida que sirva para castigar al acusado ya que esto entraría en contradicción con la función de reeducación y reinserción de las penas que recoge el artículo 25.2 de la Constitución española.

 

¿Cuándo se puede adoptar la prisión provisional?

 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece los motivos por los cuales se puede adoptar la medida de la prisión provisional. Concretamente el artículo 503 recoge los siguientes:

  • Evitar riesgo de fuga.
  • Evitar reiteración delictiva.
  • Evitar la destrucción de pruebas.
  • Evitar daños contra bienes jurídicos de la víctima.

Todos estos motivos se deben valorar para encontrar la balanza que permita proteger a las presuntas víctimas sin vulnerar el derecho a la presunción de inocencia  del acusado durante el transcurso de un procedimiento judicial.

El Tribunal Constitucional en su sentencia  333/2006 de 20 de noviembre establece que en esta ponderación se debe tener en cuenta tanto la gravedad del delito y la posible pena como las circunstancias del caso concreto y las circunstancias personales.

Hay que puntualizar, tal y como establece la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2018, de 1 de junio, que el hecho de que a un sujeto se le aplique esta medida no supone un pronunciamiento de culpabilidad, como bien hemos dicho es provisional. La prisión provisional persigue el fin legítimo de evitar cualquiera de los cuatro motivos anteriormente mencionados.

En el mismo sentido, y de acuerdo a la sentencia 65/2008 de 9 de mayo del Tribunal Constitucional, el tiempo transcurrido en prisión provisional nunca tendrá efecto de firmeza. De otra manera se estaría contradiciendo la naturaleza provisional de la medida cautelar.

 

A) El riesgo de fuga

Para valorar si existe riesgo de fuga se debe prestar atención a la naturaleza del hecho delictivo y la gravedad de la posible pena. Está claro que no tendrá la misma probabilidad de fugarse alguien a quien le piden pasar tres años en prisión que alguien que se enfrenta a una posible condena de veinte años.

Por otro lado es muy importante el tema del arraigo. Se entiende que el riesgo de fuga queda reducido cuando el acusado tiene un trabajo (arraigo laboral) cuando tiene una familia y sobre todo si tiene hijos (arraigo familiar) o, cuando tiene amigos o una estructura social y un modo de vida adaptado a un lugar concreto (arraigo social).

Es básico también el aspecto económico. Se valora si la persona sobre la que se debate el riesgo de fuga tiene medios económicos para fugarse. Hay pocas posibilidades de que alguien que no tiene dinero pueda costearse un billete de avión para huir al extranjero.

Un ejemplo de ello es el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de 23 de diciembre de 2006 que decretó la prisión provisional de un hombre acusado por un delito contra la salud pública en su modalidad agravada. La Audiencia justifica la excepcionalidad de la medida no solo en base a la gravedad de los hechos que se le imputaban sino por la disponibilidad de importantes medios económicos.

 

B) La reiteración delictiva

También en este punto es importante tener en cuenta las circunstancias del hecho y la gravedad de los delitos que se le imputan al acusado. Además, tal y como ha sostenido el Tribunal Constitucional en la Sentencia del Pleno nº 47/2000, de 17 de marzo, deben existir indicios racionales de la comisión de una acción delictiva para que se pueda valorar si existe riesgo de reiteración.

Se entiende que para que existan indicios racionales de criminalidad deben concurrir datos que permitan el establecimiento de una relación entre el procesado y un comportamiento susceptible de ser considerado como constitutivo de una infracción sancionada penalmente.

 

C) La destrucción de pruebas

Este motivo será válido para adoptar la prisión preventiva solo cuando exista un peligro fundado y concreto. Es decir, no puede suponer una traba al derecho de defensa del acusado durante el proceso.

Se puede llegar a apreciar un peligro para destrucción de pruebas del proceso cuando exista riesgo de manipulación de testigos, destrucción de pruebas físicas u ocultación entre otras.

 

D) Los daños contra bienes jurídicos de las víctimas

Por último, este motivo pretende evitar causar daños contra bienes jurídicos de las víctimas. La finalidad no es solo evitar reiteración delictiva sino que está enfocada a la protección de la víctima.

 

Ponderación y motivación de la medida

Para decidir sobre la adopción de la prisión provisional se ponderarán los intereses en juego, tanto de la víctima como del acusado, para poder tomar una decisión que resulte proporcional de acuerdo a las circunstancias del caso concreto. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en su sentencia 333/2006, de 20 noviembre  donde añade también:

“…esta ponderación no sea arbitraria, en el sentido de que resulte acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y especialmente con los fines que justifican la prisión provisional”.

Por último, es importante mencionar que siempre que se acuerde la medida de prisión provisional esta debe estar debidamente motivada. Así lo establece la Fiscalía General del Estado en su Circular 4/2005, de 15 de abril. En esta Circular se fijan cinco puntos que se deberán motivar en todas las decisiones que acuerden la prisión provisional:

1) Los elementos razonables.

2) Explicar la postura tomada.

3) Motivar el presupuesto y el fin legal.

4) Los elementos fácticos.

5) Los elementos personales.

La misma Circular añade que se debe evitar caer en fórmulas estereotipadas así como proceder a la mera repetición de textos normativos.

 

Desde Ospina Abogados valoramos cada una de las circunstancias del caso, para defender los derechos de nuestros clientes, su derecho más sagrado su libertad, ponderando los intereses en juego y que la prisión provisional sea usada en el menor número de casos posibles.

 

Juan Gonzalo Ospina Serrano

Socio Director – Ospina Abogados

 

Informe penal juicio oral

Informe penal juicio oral

INFORME JURÍDICO SOBRE ATENTADO, RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA

Ordenado de mayor a menor gravedad y pena:

ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD

Código Penal: art.  550

Acción: Agredir con (intimidación grave o violencia, oponer resistencia grave o acometer cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos.

Sujetos pasivo: autoridad, agentes de la autoridad, funcionarios públicos.

Pena:

– Prisión 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses si es contra autoridad.

– Prisión de 6 meses a 3 años en los demás casos (por ejemplo agente de

la autoridad, entre ellos los policías).

– Agravante: uso de armas u objetos peligrosos. Art. 551.1 (antiguo

552.1). Lo pide la Fiscalía pero no ”parece” haber pruebas de ello.

 

MÁXIMO CASO ARENILLAS: el mínimo de pena es menor que cuando ocurrieron

los hechos de Arenillas por la reforma de 2015.

2011: prisión 1 a 3 años en caso de NO ser contra autoridad pero sien

los demás casos como agente dela autoridad (policía).

2015: prisión de 6 meses a 3 años en caso de NO ser contra autoridad

pero sien los demás casos como agente de la autoridad (policía).

 

 

 

Pena: art. 66.1.2 C.P. 1-2 grados una o varias atenuantes muy cualificadas:

 

Tribunal Supremo (STS-580/2014 de 21 de julio):Requisitos para que exista atentado;

 

Acción: acto básico de acometimiento empleo de la fuerza, intimidación grave,

o resistencia también grave.

Lo esencial es la embestida o ataque violento (STS 328/2014 de 28 de abril)

– ATENCIÓN, la jurisprudencia anterior: En cuanto al acometimiento

tanto vale como embrestida, ataque o agresión, equiparándose los actos corporales (puñetazos, patadas) con la utilización de medios agresivos materaiales (STS 98/2007, de 16 de febrero). £n nuestro caso, se podría

fundamentar el manotazo y las lesiones sufridas como forcejeo y no

embestida.

 

o Sujeto pasivo: funcionario público o agente de autoridad;

 

o que dicho sujeto pasivo se hallare en el ejercicio de sus funciones propias del

cargo, y, si asi no fuera, que el autor del hecho hubiera actuado ”con ocasión de

ellas”. No se pretende proteger a la persona del funcionario, sino a la función

que éste desempeña por el carácter público de ésta.

 

0 Dale: “animus”o propósito de ofender a la autoridad o sus agentes, y que

consiste en faltar al respeto debido a quienes encarnan el principio de

autoridad.

 

– Dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad STS 1717/2015 de 30 de marzo de 2015.

 

Voluntad de acometer, emplear fuerza, intimidar o resistir, y el ánimo

de vulnerar o dejar malparado el principio de autoridad STS 3116/2014 de 21 de julio de 2014.

 

RESISTENCIA GRAVE:

[CódigoPenal: art. 550]o La resistencia grave es una parte del atentado así que la acción y el dolo es el

mismo que el que ya está explicado. Son lo mismo.

0 Carácter activo.

 

Tribunal Supremo (STS 580/2014 de 21 de julio)?

o El TS entiende la Resistencia Grave como: el ejercicio de una fuerza eminentemente física que supone el resultado exteriorizado de una oposición resuelta al cumplimiento de aquello que la autoridad a sus agentes conceptúan necesario., en cada caso, para el buen desempeño de sus funciones. Si se manifiesta de forma activa y alcanza los caracteres de grave.

 

 

RESISTENCIA NO GRAVE O PASIVA Y DESOBEDIENCIA GRAVE (son lo mismo):

Código Penal: art. 556.1

Acción: sin estar comprendidos en el artículo 550, resistir o desobedecer

gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones (todo

aquello que no acompañe violencia o intimidación).

o Sujeto pasivo: autoridad o sus agentes

0 Pena: prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses.

0 Carácter pasivo.

 

 

 

Tribunal Supremo:

 

Acción: naturaleza obstativa, de no hacer, de pasividad, contrario al delito de

atentado que exigía, por el contrario, una conducta activa, hosti ly violenta (STS

580/2014 de 21 de julio)

 

STS 1121/2013 de 22 dE marzo de 2013 establece que no comportan

acometimiento propiamente dicho Los requisitos son:

 

Reiterada y manifiesta oposición al cumplimiento de la orden legítima, emanada de la autoridad y los agentes.

Grave actitud de rebeldía

Persistencia en la negativa, en el cumplimiento voluntario del mandato.

Contumaz y recalcitrante negativa a cumplir el orden.

 

FORCEJEO: STS 108/2015 de 10 de noviembre de 2015: “aunque la resistencia

del art. 556 es de carácter pasivo puede concurrir alguna manifestación de

violencia o intimidación, de tono moderado y características más bien defensivas y neutralizadoras, cual sucede en el supuesto del forcejeo del sujetocon los agentes de la autoridad”.

 

STS 6023/2010 de 16 de noviembre de 2010: tiene cabida, junto a los supuestos

de resistencia pasiva, otros de resistencia activa como no estén revestidos de

dicha nota de gravedad: “conductas de menor entidad que ni gramatical ni

racionalmente puedan ser calificadas de atentado sin forzar exageradamente el

sentido del término”.

 

FLATAS RESISTENCIA LEVE Y DESOBEDIENCIA LEVE

 

Desaparece la falta de resistencia y desobediencia leve que se lleva por infracción

administrativa:

 

o El TS sienta la doctrina de que, tras la reforma operada en el Código Penal por

la LO 1/2015, la resistencia yla desobediencia que no revistan un carácter grave,

no serán constitutivas de delito cuando se cometan en relación con los agentes

de la autoridad (STS 195/2016, 3 de febrero de 2016)

 

Cuando no alcanzan la intensidad suficiente. Por ejemplo: un empujón sería

infracción administrativa pero un puñetazo o una patada serían  (sts 195/2016, 3 de febrero)

 

Ley de Seguridad Ciudadana: Art. 36. 6 infracción grave: La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando

no sean constitutivas de delito.

 

 

 

SENTENCIAS

 

STS 195/2016 de 3 de febrero de  2016: absolución de delito de resistencia porque no es grave, por lo que se trata de una infracción administrativa (únicamente empujón).

http: //www. poderiudicial es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch= —TS&reference=7597825&|inks=%2245%2F2016%22&0ptimize= 20160212&publicinterface=true

 

STS 1197/2017 24 de marzo de 201.7. se absuelve a una mujer del delito de atentado y se

condena por el del resistencia del art. 556 (NO GRAVE)

 

http:/¡www.poderiud¡ciaI.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=T

S&reference=7987096&links=atentado%20resistencia%203bsolver&optimize=20170410&publi

cinterface=true

 

STS 4651/2016 28 de octubre de 2016: se condena a un hombre por delito de resistencia del art. 556 en lugar de atentado por golpear a un policía durante su detención. El TS argumentó que era más beneficioso para él.

 

http://www.poderiudIcial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7855424&links=atentado%20resistencia%20absoIver&optimize:20161103&puincinterface=true

 

STS 4651/2016: dos mujeres son absueltas del delito de resistencia a un

causando lesión por caída de un agente y empujando a agentes.

 

http:/¡www.poderiudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7597825&links=atentado%20resistencia%20absolver&optimíze=20160212&publicinterface=true

 

(STS 2137/2017 de 19 de mayo de 2017: 2 personas son absueltas de una condena por atentado pero no por error en el tipo sino por error en la apreciación dela prueba.

 

http:/lwww.poderiudiciaI.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8048346&Iinks=atentado%20resistencia%20absoIver&optimize=20170607&publicinterface=true

 

CONCURSO IDEAL

 

En caso de lesiones causadas por el atentado se daría un concurso ideal de penas. El art.77.1 y 2 del Código Penal dispone que:

 

  1. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando una de ellos sea medio necesario para cometer el otro.

 

  1. En el primer caso, se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena asi computado exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado. ”

 

En el CASO ARENILLAS puede ser más favorable que se penaran por separado porque de esta forma la pena sería la multa más la pena de prisión normal, en vez de únicamente la prisión en su mitad superior.

 

LESIONES LEVES

 

Todo daño causado en la integridad corporal, o en la salud física o mental de una persona_ Art. 147.1 CP:

 

  1. “El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de 3 meses a 3 años o multa de ,6 a 1,2 meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia a seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico “

 

  1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses.

 

 

 

El delito leve por lesiones de menor gravedad será aquel que no necesite además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico“.

 

CIRCULAR DE LA FISCALÍA 1/2015 sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma penal operada por la LO 1/2015

 

httpsz/lwww.fiscal.es/fiscaI/PA WebApp SGNTJ NFlS/descarga/Circular 1 15 delitos leves. Ddf?idFile=493cb7fe—7e13-45e2-bfZO-eld6c48106bd

 

CLAVES PARA ENTENDER LA ESTAFA

CLAVES PARA ENTENDER LA ESTAFA

Claves para entender la estafa

LA ESTAFA PENAL.  UN DELITO CLÁSICO EN LOS DELITOS ECONÓMICOS. CONOCE LAS CLASES DE ESTAFAS Y LOS ELEMENTOS PENALES DE LA ESTAFA

 

¿QUÉ ES LA ESTAFA?

 

La estafa delito del Código Penal. El delito de estafa se produce cuando el delincuente engaña a la víctima y se queda su dinero. La estafa está regulada en el Código Penal como un delito contra el patrimonio. El Código la recoge en sus artículos 248 y siguientes definiendo la responsabilidad penal para el autor del delito de estafa, es decir, las penas de prisión por el delito y lo que se define como los elementos del tipo penal, ya que para que concurra un delito, se han de cumplir todos los elementos que previamente recoge el Código Penal.

El artículo del Código Penal que regula el delito de estafa, lo que se define jurídicamente como el tipo básico es el artículo 248.1, que refiere:

“Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”.

Para que pueda darse delito de estafa no basta cualquier engaño, este debe ser bastante. Hay engaño bastante cuando este crea un riesgo típicamente relevante para el patrimonio. En otras palabras, que el riesgo que crea el delincuente con su engaño esté descrito en la ley como un delito.

 

 

Ejemplo de un delito de estafa al engañar a la Seguridad Social:

El engaño también puede ser omisivo es decir, la inactividad es lo que lleva a producir engaño. Este es el caso de una sentencia del Tribunal Supremo en que se condena al autor por un delito de estafa al no haber comunicado el fallecimiento de su madre y seguir cobrando su pensión de jubilación durante años.

Se da en este caso error por omisión ante la negativa del autor de comunicar la situación anteriormente mencionada. Por otro lado, hay engaño bastante ya que este lleva a un desplazamiento patrimonial por parte de la Seguridad Social hacia el actor.

 

La estafa agravada:

Cabe por último mencionar que concurre aquí la modalidad agravada en tanto que la estafa se produjo durante un periodo de tiempo que abarcó varios años y ascendió a una cantidad de 51.569,10 €.

El dolo en el delito de estafa: dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual para el engaño.

Para que se cometa delito de estafa hace falta también lo que se denomina jurídicamente como dolo. El dolo es la voluntad de cometer un delito sabiendo que lo que haces es ilegal. Existen tres tipos de dolo: el directo, el indirecto y el eventual.

El dolo directo es aquel en que el delincuente tiene objetivo de cometer el acto que es contrario a la ley. Por ejemplo, aquel que pone una bomba en un coche para matar a la persona que va dentro.

En el dolo indirecto el delincuente no tiene intención de realizar el hecho ilícito pero este es una consecuencia inevitable de la acción que quiere llevar a cabo.

Por último, en el dolo eventual quien comete el delito no tiene intención de provocar ese resultado aunque sabe que es una posibilidad derivada de su acción y aun así sigue adelante con ella.

Según la jurisprudencia cualquiera de estos tipos de dolo es válido para cometer delito de estafa. El Tribunal Supremo ha corroborado que el dolo eventual es suficiente para apreciar delito en una sentencia en que el acusado, sin tener la licencia pertinente, había construido y vendido posteriormente unas viviendas. El Tribunal aprecio engaño que llevo a producir error en los compradores que, de haber sabido que las viviendas que compraban no tenían la licencia oportuna, no la hubiesen adquirido y hubiesen evitado el posterior perjuicio patrimonial que esto les provocaba. Por lo tanto, cabe delito de estafa aun con dolo eventual.

 

¿Se puede estafar con imprudencia? No. La estafa no cabe por imprudencia:

No se puede perpetrar estafa por imprudencia, es decir,  el mero hecho de actuar sin la diligencia requerida no comporta un delito de estafa, como ya hemos dicho debe existir dolo.

Este delito requiere también ánimo de lucro. Este ánimo de lucro es la intención de sacar un beneficio económico. El beneficio puede favorecer tanto a quien comete el delito como a una tercera persona.

 

Tipo cualificado del delito de estafa:

Además del tipo básico de delito de estafa el Código Penal recoge en el artículo 250.1 siete circunstancias en las cuales la comisión de la estafa se considera de mayor gravedad. Esto comporta por lo tanto, que las penas también serán más altas. Las circunstancias son las siguientes:

  1. Que la estafa “recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social”. Debe entenderse que se trata de bienes básicos, un buen ejemplo de esto serían los alimentos.
  2. Que la estafa se lleve a cabo “abusando de firma de otro, sustracción, ocultación o inutilización de proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase”.
  3. La estafa se da sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico”.
  4. Estafa que “revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deja a la víctima o a su familia”. En este caso se requiere que quien comete el delito sepa que está dejando a la víctima o víctimas en una situación económica gravemente desfavorable.
  5. Casos en que “el valor de lo defraudado supera los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas”.
  6. La estafa “se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador o aprovechamiento de credibilidad empresarial o profesional”.
  7. 7. Estafa procesal. Este subtipo se da dentro de procedimiento judicial cuando el delincuente pretende engañar al juez para producirle error y que dicte una resolución que le favorezca, al autor o a un tercero.

Sin embargo, aquí es interesante mencionar un caso en el que la Audiencia Provincial de Sevilla dijo que no existía estafa procesal para el supuesto en que el demandante se identificaba de manera incorrecta en la demanda. Aparecía como ESCAYOLAS SUAREZ S.L. (EN LIQUIDACIÓN) cuando en realidad debía ser DECORACIONES EN ESCAYOLA SUAREZ S.L. (EN LIQUIDACIÓN).

En este caso se consideró que no había delito de estafa procesal ya que se da el elemento del engaño. Además no se podía hacer culpable al acusado ya que el error fue fruto de una equivocación de su abogado en la redacción de la demanda. Por último no se da el requisito del dolo, indispensable para que se cometa delito de estafa.

 

SUPUESTOS DE ESTAFA:

 

Existen multitud de supuestos y de casos que se comenten por este delito de estafa, ya que en una sociedad moderna, los delincuentes se aprovechan de la desconfianza, de las ofertas inusuales, “gangas”, para quedarse el dinero de sus víctimas. En Ospina Abogados expertos en derecho penal hemos definido distintas causas por las que se puede cometer este delito de estafa:

 

LA ESTAFA VACACIONAL:

En el ámbito vacacional es bastante frecuente la comisión de estafas. La estafa vacacional tiene dos variantes básicas. Por un lado la estafa de billetes de avión y por otro la estafa en hospedaje.

a) Billetes de avión

Respecto a la primera, se puede dar tanto a través de agencias de viajes simuladas, que te venden un billete haciéndote creer que son una agencia real, como a través de páginas web. En ambos supuestos una vez la víctima intenta hacer uso de ese billete de avión se da cuenta de que este es falso y de que ha sido estafada.

b) Hospedaje

En segundo lugar, la estafa en hospedaje se da con el alquiler de apartamentos vacacionales. La generalización del uso de nuevas tecnologías así como la creación de distintas páginas web en este ámbito, -como es el caso de Air BnB-, han provocado que muchas personas se aparten de los métodos tradicionales de reserva de alojamientos para dejar paso a los nuevos. En estos casos se puede producir estafa cuando se alquile un alojamiento inexistente, en el cual la víctima, atraída por su bajo precio o por la rebaja realizada en este paga una parte por adelantado de un apartamento que nunca llegará a disfrutar. También se dan casos en los que el mismo alojamiento ha sido alquilado a más de una persona al mismo tiempo.

 

LA ESTAFA INFORMÁTICA:

Otro tipo de estafa es la denominada estafa informática. Como bien sabemos, en los últimos años ha habido un gran aumento y desarrollo en el mundo de las nuevas tecnologías. Esto, aun suponiendo grandes ventajas en muchos aspectos de nuestras vidas, también ha fomentado la perpetración de ciertos delitos que, aunque ya existían con anterioridad, ahora se pueden cometer por vías alternativas a las convencionales.

La regulación de la estafa informática la encontramos en el artículo 248.2ª) del Código Penal, que dice:

También cometen estafa los que “los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro”.

Un ejemplo muy habitual de estafa informática es el conocido como pharming. Este método consiste en la consecución de claves de cuentas bancarias ya sea mediante la simulación de la página web de un banco o con la captación de datos mediante formularios adjuntos en “correos anzuelo”.

En este aspecto es interesante tener en consideración la noticia de un caso de Ospina Abogados en que una inmobiliaria robaba a sus clientes a través de un virus informático:

https://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/Operacion-policial-inmobiliaria-clientes-informatico_0_3167083269.html

 

LA ESTAFA MERCANTIL

Otra modalidad es la estafa mercantil, también conocida como negocio jurídico criminalizado. En estos casos el delincuente simula una relación negocial para engañar a su víctima. De esta manera se gana su confianza para, más tarde, incumplir lo prometido apropiándose del dinero u otro bien patrimonial de la víctima.

Un claro ejemplo es el de la sentencia del Tribunal Supremo en el que los dos acusados, clientes de Ospina Abogados, fueron absueltos tras ser acusados de un delito de estafa supuestamente llevado a cabo mediante una funeraria. El tribunal falló que no se trataba de estafa ya que no había engaño y por lo tanto, no se daban los elementos del tipo que recoge el Código Penal.

 

LA ESTAFA “TIMO NIGERIANO”

Tenemos por otro lado la variante de estafa denominada “timo nigeriano”. Se trata de hacer creer a la víctima que ha sido la ganadora de una cantidad de dinero o de un premio pero que, -como condición para tener acceso a este-, debe ingresar una cantidad de dinero fijada. Esta suele ser intrascendente a los ojos de la víctima en comparación con lo que se le promete ganar.

Es muy usual el uso del correo electrónico como arma para realizar el “timo nigeriano”. Un claro ejemplo es un caso que llego al Tribunal Supremo en el cual se condenó a los miembros de una organización criminal que se dedicaba a enviar e-mails a sus víctimas anunciándoles que habían ganado un premio de Lotería. A cambio pedían el desembolso de una cantidad para cobrarlo. Llegaron a estafar a 68 personas por un importe que ascendía a unos 1,3 millones de euros.

 

LA ESTAFA DESDE BITCOINS

Además de los anteriores, existe también la estafa desde bitcoins. Los bitcoins son monedas que, como todas las demás, sirven para intercambiar bienes y servicios. Lo que diferencia a estás monedas del resto es que son divisas electrónicas.

Los bitcoins presentan una serie de ventajas como son la ausencia de intermediarios, el hecho de que no se pueden falsificar o que no sea necesario mostrar tu identidad para usarla, entre otras. Sin embargo, los bitcoins también han elevado la comisión de ciertos delitos como es el caso de la estafa.

Son muchos los tipos de estafas relacionados con bitcoins pero nos vamos a centrar en dos de los más comunes. Por un lado la estafa producida mediante “servicios de cartera online”. El peligro se encuentra en que dichos servicios almacenen copias de las claves privadas de los bitcoins, lo que nos puede llevar a perderlos. Desde Ospina Abogados recomendamos informarse primero y utilizar servicios de cartera fiables, que no se apropien de nuestras claves.

Otro tipo de estafa que afecta a los bitcoins, -y que es también bastante común en otras clases de estafa-, es la estafa piramidal. Esta funciona de la siguiente manera: los estafadores mediante páginas web de inversión intentan mostrar un negocio seguro y muy fructífero, prometiendo beneficios elevados a corto plazo. En un principio se paga a los primeros inversores con los depósitos de aquellos que invierten más tarde y, una vez se ha conseguido acumular gran cantidad de bitcoins, desparecen dejando a los últimos inversores sin cobrar.

En este ámbito es interesante prestar atención al artículo del abogado Juan Gonzalo Ospina, de Ospina Abogados, sobre las estafas con bitcoins:

https://okdiario.com/opinion/2018/04/13/vieja-estafa-informatica-bitcoin-2114661

 

LA ESTAFA DE VENTA FRAUDULENTA

Por último mencionar la estafa de venta fraudulenta. Consiste en vender algo que a la hora de la verdad no existe o, aun existiendo, es propiedad de otra persona que nada tiene que ver con esa compra venta. En estos supuestos la estafa se lleva a cabo, bien por parte de falsos propietarios, o bien por falsas agencias.

 

BIBLIOGRAFIA

– Código Penal español.

– Jesús- María Silva Sánchez y Ramón Ragués i Vallès, 2011, Lecciones de derecho penal, Barcelona, editorial Atelier.

– Oliva- Ayala, 2016, Penal económico y de la Empresa, Madrid, editorial Francis Lefebvre.

– Agustín Gomez Beret, 2017. Top 5 estafas con bitcoin. Recuperado de: http://www.cartafinanciera.com

 

 

Citación judicial. Investigado ante el juez instructor. La motivación del auto.

Citación judicial. Investigado ante el juez instructor. La motivación del auto.

Citado a declarar ante el juez. La citación en calidad de investigado y la obligación intrínseca de su motivación en auto conforme el derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa.

La Constitución española es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. La misma recoge los Derechos Fundamentales, derechos inherentes a cada ser humano por el mero hecho de serlo. El artículo 24 de la Constitución, con dos apartados recoge entre otros, el derecho a obtener tutela judicial efectiva”, el “derecho de defensa” así como la presunción de inocencia” de cada ciudadano.

El artículo 24.1 de la Constitución recoge: Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

Por su parte, el artículo 24.2 de la Constitución Española garantiza el derecho a todos los individuos “al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.”

Uno de los derechos fundamentales, de toda persona investigada en un procedimiento penal, es el derecho a conocer: los hechos que se le atribuyen realizados y la preliminar calificación jurídica de estos, con el fin, de poder defenderse con todas las garantías de la acusación que se realiza contra él. Normalmente, la comunicación de la investigación, se debería de realizar en forma de auto judicial, al ser una resolución que recoge decidir sobre derechos fundamentales. Así lo regula nuestro ordenamiento jurídico, en su artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, define el auto como: “aquella resolución de carácter judicial que dicten los Juzgados y Tribunales cuando decidan incidentes o puntos esenciales que afecten de una manera directa a los imputados o procesados, responsables civiles, acusadores particulares o actores civiles”, entre otros.

También, el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que: “desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, se dictará auto declarándola procesada y mandando que se entiendan con ella las diligencias en la forma y del modo dispuesto en este título y en los demás de esta Ley.” De lo que se deriva que todos los autos o citaciones de imputación deben estar perfectamente motivados, argumentando tanto el relato fáctico como el jurídico. Se debe desarrollar en ellos los hechos presuntamente constitutivos del delito, o cuanto menos, los indicios racionales de criminalidad existentes, que hacen pensar que el investigado es sospechoso. De este modo, sería garantizado el derecho a la información de aquella persona investigada y/o detenida, no cargando el proceso judicial de oscuridad y de lagunas.

Existen numerosas sentencias del Tribunal Constitucional que se han manifestado favorablemente en este sentido, como la STC 131/2014 de 21 de julio que resuelve: “este tribunal ha declarado reiteradamente que el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 ce) garantiza a todos los que puedan resultar afectados por la decisión que se dicte en un proceso judicial el derecho a conocer su existencia, a fin de que tengan la posibilidad de intervenir en el, ser oídos, y ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Un instrumento capital de esa correcta constitución de la relación jurídico-procesal, cuya quiebra puede constituir una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva es, indudablemente, el régimen de emplazamientos, citaciones y notificaciones a las partes de los distintos actos procesales que tienen lugar en el seno de un procedimiento judicial; solo así cabe garantizar los indisponibles principios de contradicción e igualdad de armas entre las partes del litigio”.

La falta o deficiente realización del emplazamiento a quien ha de ser, o puede ser, parte en el proceso coloca al interesado en una situación de indefensión; lo que vulnera el referido derecho fundamental a la tutela judicial efectiva SSTC 219/1999, de 29 de noviembre de 1999, y 128/2000, de 16 de mayo del 2000.

No obstante, en la actualidad, las citaciones de los investigados en forma de auto raramente ocurren, o si ocurren, en pocas ocasiones se argumenta o describe como es debido por el órgano judicial, los hechos constitutivos del delito o los indicios que apuntan al reo como sospechoso. De este modo, se minora el derecho del investigado a ser sujeto de una investigación procesal con todas las garantías, y se le relega a una posición más que vulnerable contraria a nuestra Constitución.

Juan Gonzalo Ospina Abogado Penalista

Ospina Abogados

Informe penal juicio oral

Informe penal juicio oral

INFORME SOBRE DERECHO PENITENCIARIO

 El derecho penitenciario es el conjunto de normas reguladoras de la actividad penitenciaria dirigida a la ejecución de penas y medidas privativas de libertad y cuya finalidad es conseguir la reeducación y la reinserción social, finalidad que se encuentra recogida en el art 25.2 CE en forma de mandato constitucional al legislador.

En cuanto a su naturaleza la doctrina se divide, ya que algunos piensan que la naturaleza del derecho penitenciario reside en el Derecho Pena mientras que otros, entienden que reside en el Derecho Administrativo, sin embargo, en los últimos años se ha ido abriendo camino a la autonomía propia del Derecho Penitenciario, por razón de sus fuentes en cuanto a que este derecho se encuentra regulado por normas independientes, por razón de materia porque constituye una materia específica que exige tratamiento normativo y doctrinal autónoma y por último por razón de jurisdicción, ya que se atribuye un órgano específico como es el juez de vigilancia penitenciaria.

El Derecho Penitenciario viene recogido en reiterada jurisprudencia, que se centra en la base del art 25.2 de resocialización y reinserción de los individuos sentenciados en la sociedad, así el Auto del Tribunal Supremo. Sala de lo Penal 8904/2017 de 6 de julio de 2017 dice que “. Por otra parte, los distintos grados previstos en el régimen de cumplimiento de las penas privativas de libertad, junto con los mecanismos regulados dentro del ámbito del tratamiento penitenciario, pueden permitir, a través de su correcta aplicación, el avance posible en cada caso en la reinserción del delincuente, lo cual no debe ser incompatible con el respeto a aquellos diversos fines asignados a la pena, aun cuando la duración total de la privación de libertad se prolongue más allá de los límites generales del artículo 76 Código Penal ante la imposibilidad de proceder a la acumulación con las demás penas impuestas a la misma persona por hechos cometidos en distintos periodos temporales.”

Además el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre este tema como bien han recogido la STS nº 195/2010STS Nº 28/1988 y 204/1999 entre otras muchas diciendo que la finalidad de reinserción social del artículo 25.2 de la Constitución Española , no constituye derecho fundamental alguno en la persona de quien cumple pena de prisión, sino simplemente un mandato constitucional dirigido al legislador y que además, incluso como mandato al legislador, se trata solo de la consignación de una de las finalidades de las penas privativas de libertad, la principal sin duda por ser la única reconocida en nuestra Ley Fundamental, sin embargo, una sanción penal que no responda exclusivamente a esta finalidad no sería inconstitucional.

Por ello, la reinserción y resocialización debe ser la principal finalidad del derecho penitenciario sin en, ningún sobrepasar los límites de las penas que se encuentran establecido en la ley y por ello, se debe avanzar conjuntamente en la reinserción garantizando el cumplimiento de la pena, ya que sino la finalidad de la pena quedaría sin efecto. Esto se concreta en el Auto del Tribunal Supremo. Sala de lo Penal 8904/2017 de 6 de julio de 2017 que dice que “La interpretación de los artículos 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y del artículo 76 del Código Penal , debe hacerse compatible con todos aquellos fines, permitiendo la máxima eficacia en materia de reinserción del penado en la sociedad y evitando que pudiera generarse una situación de impunidad respecto de posibles delitos futuros en aquellos casos en los que las penas impuestas en las primeras sentencias superasen los límites máximos establecidos en la Ley” En lo relativo a lo que dice el Tribunal Supremo en este Auto se deben examinar ambos artículos. Por un lado, el artículo 988 de la LECrim dice que “Cuando una sentencia sea firme, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 141 de esta Ley, lo declarará así el Juez o el Tribunal que la hubiera dictado.

Hecha esta declaración, se procederá a ejecutar la sentencia aunque el reo esté sometido a otra causa, en cuyo caso se le conducirá, cuando sea necesario, desde el establecimiento penal en que se halle cumpliendo la condena al lugar donde se esté instruyendo la causa pendiente.

Cuando el culpable de varias infracciones penales haya sido condenado en distintos procesos por hechos que pudieron ser objeto de uno solo, conforme a lo previsto en el artículo 17 de esta Ley, el Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia, de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o del condenado, procederá a fijar el límite del cumplimiento de las penas impuestas conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal. Para ello, el Secretario judicial reclamará la hoja histórico-penal del Registro central de penados y rebeldes y testimonio de las sentencias condenatorias y previo dictamen del Ministerio Fiscal, cuando no sea el solicitante, el Juez o Tribunal dictará auto en el que se relacionarán todas las penas impuestas al reo, determinando el máximo de cumplimiento de las mismas. Contra tal auto podrán el Ministerio Fiscal y el condenado interponer recurso de casación por infracción de Ley.”

Y por otro lado, el artículo 76 CP  que dice que: “ 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite máximo será:

  1. a) De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.
  2. b) De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
  3. c) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
  4. d) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
  5. e) Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis.
  6. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.”

Finalmente el Auto del Tribunal Supremo anteriormente citado concluye con “los distintos grados previstos en el régimen de cumplimiento de las penas privativas de libertad, junto con los mecanismos regulados dentro del ámbito del tratamiento penitenciario, pueden permitir, a través de su correcta aplicación, el avance posible en cada caso en la reinserción del delincuente, lo cual no debe ser incompatible con el respeto a aquellos diversos fines asignados a la pena, aun cuando la duración total de la privación de libertad se prolongue más allá de los límites generales del artículo 76 Código Penal ante la imposibilidad de proceder a la acumulación con las demás penas impuestas a la misma persona por hechos cometidos en distintos periodos temporales.”

 

 

Informe penal juicio oral

Informe penal juicio oral

INFORME PENAL JUICIO ORAL

 

El procedimiento penal, se divide en tres fases: fase de instrucción (o investigación), la fase intermedia y la fase del juico oral. Esta última, se inicia mediante auto de apertura de juicio oral. La fase inmediatamente anterior, como decimos es la fase intermedia. Esta, finaliza con los escritos de acusación y defensa, y tras la pronunciación del Tribunal a cerca de la admisión o no de las pruebas solicitadas por las partes, se procede a la citación a las mismas, así como de testigos y peritos para que tenga lugar el Juicio Oral, mediante Auto.

El Auto de apertura del Juicio Oral, si no existen presupuestos que aconsejen su sobreseimiento, da inicio a la tercera fase del procedimiento penal ocasionando una serie de efectos[1]. Los efectos que produce son cuatro. Uno desde un punto de vista subjetivo, otro desde un punto de vista objetivo y el tercero, desde una perspectiva formal, y el último como un efecto directo e inmediato[2].

El primero de ellos, desde un punto de vista subjetivo, impide que se puedan adherir al procedimiento nuevas partes acusadoras una vez que se ha citado a las partes para el Juicio Oral. Esto quiere decir, que antes de la calificación de los hechos por parte de las partes, momento procesal en el que se les entrega el sumario para calificar los hechos jurídicamente, se han de adherir al procedimiento los que se consideren y estén legitimados activamente para hacerlo.

En segundo lugar, otro efecto que causa el Auto de apertura del Juicio Oral es, desde un punto de vista objetivo, “el auto de conclusión impide la revocación del sumario y con ella la entrada de material fáctico en la instrucción, sobre la cual han de fundamentar las partes su pretensión[3]”. Esto quiere decir, que una vez que se da apertura al Juicio Oral, ya no es posible incluir nuevo material relativo a los hechos, de lo que no se hubiera incluido en la causa hasta ese momento procesal.

Seguidamente, el tercer efecto que ocasiona el Auto de apertura del Juicio Oral es, desde un punto de vista formal, que es el efecto de publicidad que produce el referido Auto, puesto que a partir de ese momento, la sociedad puede acudir a la vista del juicio; declarándose el secreto de sumario (secreto de la instrucción o investigación) que sea oportuno para las partes y de manera absoluta para la sociedad[4].

Por último,  este Auto, produce efectos “directo e inmediato” en las partes debido a que en casos de delitos graves les deja a las partes la opción de sin más realizar el escrito de calificación jurídica de los hechos o plantear un artículo de previo pronunciamiento o excepción procesal[5].

Después del Auto de apertura de Juicio Oral, las partes tendrán que calificar jurídicamente los hechos acaecidos, mediante sus respectivos escritos de calificación jurídica  provisional de los hechos. Es por ello, que algunos opinan que el Auto de apertura del Juicio Oral se encentra todavía en la fase intermedia[6].

Antes de que llegue el Juicio Oral, las partes disponen de una serie de presupuestos procesales establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los cuales son llamados artículos de previo pronunciamiento o cuestiones previas. Por estas cuestiones, todavía no se daría apertura al Juicio Oral, puesto que el Tribunal tendría que motivar cada una de las cuestiones previas que fueran alegadas por las partes. Las cuestiones previas (Artículo 666 LECrim), pueden ser de dos tipos: procesales y materiales atendiendo a tenor de lo mencionado en el meritado artículo de la LECrim, las cuestiones previas son las siguientes: “Serán tan sólo objeto de artículos de previo pronunciamiento las cuestiones o excepciones siguientes:

  1. ª la de declinatoria de jurisdicción.
  2. ª La de cosa juzgada.
  3. ª La de prescripción del delito.
  4. ª La de amnistía o indulto.
  5. ª La falta de autorización administrativa para procesar en los casos en que sea necesaria, con arreglo a la Constitución y a Leyes especiales”.

Con respecto a las cuestiones previas procesales, existen dos tipos la excepción número 1 y la 5. Con respecto a la Declinatoria de la Jurisdicción, puede ser por falta de jurisdicción de los Tribunales para conocer del asunto, por conflictos de competencia territorial entre Tribunales del mismo grado, por falta de competencia a razón de la persona (porque por ejemplo esté aforado) y por falta de competencia objetiva en virtud de la materia y de estar en un procedimiento inadecuado. El segundo caso de cuestión previa procesal es la falta de autorización administrativa para procesar en los casos en que sea necesaria. Este último está previsto para los miembros del poder legislativo (Congreso y Senado), y se alega mediante un suplicatorio, el cual solo procede cuando se trate de hechos presuntamente punibles cometidos por un Diputado o por un Senador (STC 30/1997, de 24 de Febrero)[7]. Cabe decir que, las declinatorias de jurisdicción serán las primeras cuestiones previas en ser resueltas por parte del Tribunal, y ya luego, si las hubiera, las del fondo del asunto.

Si se estimara la ausencia de jurisdicción del Tribunal, todos los Autos se remitirán al Tribunal que es competente para conocer del asunto. Estas cuestiones previas son impugnables en casos de Juicio Sumario[8].

En relación a las cuestiones previas materiales, hay que decir que se pueden dar las causas 2ª, 3ª y 4ª del Artículo 666 LECrim. Por lo tanto, las cuestiones previas de carácter material que se pueden alegar son la de cosa juzgada, la prescripción del delito, y la amnistía o el indulto.

La cuestión previa por cosa juzgada requiere como norma general de dos requisitos: a) identidad subjetiva pasiva (del sujeto activo del delito – condenado e imputado –)  y b) identidad objetiva (identidad del hecho punible)[9]. En otras palabras, para que se aprecie, verdaderamente se han tenido que haber juzgado anteriormente los mismos hechos que se pretenden juzgar en el nuevo Juicio Oral y además, de ser los mismos hechos, que se le hubieran juzgado al mismo acusado.

Para que se pueda apreciar la cuestión previa por prescripción del delito, es necesario que, este haya verdaderamente prescrito teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 131 CP, que señala un baremo de prescripción del delito según la pena que conlleve.

Por último para alegar una cuestión previa material a razón de una amnistía o indulto, es necesario acudir al Artículo 130.4 CP (que extingue la responsabilidad criminal por el indulto) y a lo establecido en la Ley, de 18 de Junio de 1870, del Indulto.

Para finalizar, cabe decir sobre las cuestiones previas, que en el caso de estar ante un procedimiento abreviado penal, estas cuestiones pueden plantearse oralmente al inicio de las sesiones del Juicio Oral[10].

Una vez iniciado el Juicio Oral, puede existir conformidad entre las partes. La conformidad tiene dos estadios claramente diferenciados. Por un lado, cuando la defensa hace su escrito de calificación provisional de los hechos, solicitando la conformidad y quedando a la espera de ser aceptada por la contraparte, y por el otro, en el inicio de las sesiones del Juicio Oral, momento en el que el Presidente del Tribunal preguntará a las partes si hay conformidad[11].

Antes de comenzar con las sesiones del Juicio Oral se admitirá o no la pruebas alegadas para proceder con las sesiones del Juicio. Durante las sesiones, se practicarán las pruebas que hayan sido admitidas, esto es, las documentales, las testificales y las periciales si las hubiera, así como el interrogatorio de las partes por parte del Tribunal y los abogados de cada parte, pudiendo la defensa no contestar a ninguna pregunta si no lo desea para sus intereses jurídicos.

Finalizadas las sesiones (serán más o menos atendiendo a la complejidad de la causa) se procede a dar paso a las conclusiones definitivas. En ellas se realizan las definitivas pretensiones penales en base a la calificación jurídica definitiva de los hechos. Una vez presentadas las conclusiones definitivas, el Presidente del Tribunal dará paso a las partes para que oralmente digan sus informes penales definitivos respecto del caso enjuiciado, teniendo la última palabra el acusado. Dándose paso a la conclusión del Juicio Oral quedando el caso visto para Sentencia que se publicará dentro de los 3 días siguientes a la finalización del Juicio Oral.

Por último cabe mencionar que se podría dar el caso de la suspensión del Juicio Oral si se dan alguna de las siguientes causas: 1) por causa de fuerza mayor (por ejemplo muere el padre del Juez), 2) por imposibilidad de la práctica de la prueba, 3) por ruptura de la concentración de las pruebas en el Tribunal conocedor del caso, 4) por conexidad jurídica (si aparecen cuestiones incidentales que no se puedan conocer en el acto del Juicio Oral, 5) por conexidad fáctica y posible vulneración del derecho de defensa (Art. 24 CE) y 6) por vulneración del derecho de defensa (Art 24 CE) – vulneración con certeza –[12].

 

[1] GIMENO SENDRA, Vicente; Derecho Procesal Penal; Segunda Edición; Ed. Thomson Reuters; pag 782; 2015.

[2] GIMENO SENDRA, Vicente; Derecho Procesal Penal; Segunda Edición; Ed. Thomson Reuters; pag 782; 2015.

[3] GIMENO SENDRA, Vicente; Derecho Procesal Penal; Segunda Edición; Ed. Thomson Reuters; pag 782; 2015.

[4] GIMENO SENDRA, Vicente; Derecho Procesal Penal; Segunda Edición; Ed. Thomson Reuters; pag 782; 2015.

[5] GIMENO SENDRA, Vicente; Derecho Procesal Penal; Segunda Edición; Ed. Thomson Reuters; pag 782; 2015.

[6] GIMENO SENDRA, Vicente; Derecho Procesal Penal; Segunda Edición; Ed. Thomson Reuters; pag 782; 2015.

[7] GIMENO SENDRA, Vicente; Derecho Procesal Penal; Segunda Edición; Ed. Thomson Reuters; pag 784; 2015.

[8] GIMENO SENDRA, Vicente; Derecho Procesal Penal; Segunda Edición; Ed. Thomson Reuters; pag 788; 2015.

[9] GIMENO SENDRA, Vicente; Derecho Procesal Penal; Segunda Edición; Ed. Thomson Reuters; pag 784; 2015.

[10] GIMENO SENDRA, Vicente; Derecho Procesal Penal; Segunda Edición; Ed. Thomson Reuters; pag 787; 2015.

[11] GIMENO SENDRA, Vicente; Derecho Procesal Penal; Segunda Edición; Ed. Thomson Reuters; pag 789 y 790; 2015.

[12] GIMENO SENDRA, Vicente; Derecho Procesal Penal; Segunda Edición; Ed. Thomson Reuters; pag 796 y 797; 2015.