DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA

El delito de apropiación indebida se encuentran en la nueva Sección 2.ª bis del Capítulo VI del Título XIII del Libro II CP, con la rúbrica “De la apropiación indebida”, comprendiendo los artículos 253 y 254.⚖✔

DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES

El alzamiento de bienes, recogido en el artículo 257 del CP, es un delito socioeconómico que consiste en cualquier acción de un deudor dirigida a la sustracción u ocultación de todo o parte de su patrimonio. El objetivo del deudor es que el acreedor encuentre dificultades para hallar elementos patrimoniales con los que poder cubrir su deuda ??

Será castigado con las penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses el que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores; y quien con el mismo fin, realice, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de pre-iniciación ?

En el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídica pública, la pena a imponer será de 1 a 6 años y multa de 12 a 24 meses.

Este delito consiste en:

1. Alzarse con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, a través de operaciones materiales, tales como la ocultación o la destrucción, bien a través de operaciones jurídicas, como la creación de hipotecas, las donaciones y enajenaciones reales o ficticias.
2. Quien, con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.
3. El responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión, y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del mismo, realice actos de disposición o contraiga obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente.

El bien jurídico protegido, la doctrina mayoritaria entiende que se protegen el patrimonio de los acreedores y, en concreto, su derecho de crédito, el cual forma parte del patrimonio.

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Pena

Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses

Agravante

1. La pena irá de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses cuando la deuda sea Derecho público y la acreedora una persona jurídica pública.
2. Dispone que el alzamiento se castigará con la pena en su mitad superior cuando concurran las circunstancias del artículo 250.1.1.º, 4.º o 5º CP:

• Recaiga la conducta sobre cosas de primera necesidad.
• Viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
• La especial gravedad de comportamiento, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que se deje a la víctima o a su familia.
• El valor de la defraudación sea superior a 50.000 euros.

Ejemplo

Los administradores de una sociedad con cuantiosas deudas impugnadas, existiendo requerimientos notariales al pago de alguna de ellas cierran los locales de la sociedad, se llevan el mobiliario y traspasan los activos y actividades de esta a otra sociedad de la que son fundadores y administradores (STS de 19 de diciembre de 2001)

¿Qué es el delito de daños?

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¿Qué es el delito de cohecho?

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Lo que debes saber sobre el delito de cohecho

Sentencia sobre prevaricación.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por el recurrente contra la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Zaragoza por un presunto delito de prevaricación cometido por los recurridos.

El alcalde de una localidad de Zaragoza tras la jubilación del secretario-interventor del ayuntamiento, dictó un Decreto (6/11) por el cual proponía a una de las auxiliares administrativas para desempeñar el cargo mientras que se nombraba a un funcionario titular habilitado para dicho cargo, bajo la aprobación de la Dirección General de la Administración Local de la Diputación General de Aragón (DGALDGA). Una vez se acabara el periodo de interinidad que se le asignaba, dicha auxiliar volvería a su puesto original. Ese mismo día el alcalde dictó otro Decreto (7/11) por el que hacía la misma proposición, pero sin mencionar la reincorporación de la auxiliar a su puesto de trabajo original. La DGALDGA anuló dicha incorporación, si bien la aceptó por unanimidad al no disponer todavía de funcionario habilitado para el cargo. Así el recurrente interpuso querella por delito de prevaricación administrativa contra el alcalde (en calidad de autor) y la susodicha (en calidad de cooperadora necesaria). Siendo ambos absueltos por la Audiencia Provincial.

Entiende la acusación que como sabían que el Decreto (6/11) no iba a ser aceptado por la DGALDGA debido a que “era ilegal”, prepararon otro (7/11) sin mencionar que la auxiliar administrativa volvería a su puesto de trabajo para así burlar la posible negativa de la DGALDGA. Para la parte recurrente los delitos serían: para el alcalde la autoría de un delito de prevaricación administrativa (Artículo 404 CP en relación al 405 CP)

Sin embargo, la Jurisprudencia de la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo viene exigiendo 5 requisitos para que se dé el delito de prevaricación: 1º) una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; 2º) que sea objetivamente contrario a Derecho, es decir, ilegal; 3º) que esa contradicción con el Derecho o la ilegalidad pueda manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales en el procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; 4º) que ocasione un resultado materialmente injusto; y 5º) que se dicte la resolución con la finalidad de hacer efectiva la voluntad de la autoridad o funcionario público, sabiendo que va en contra del Derecho. A este respecto se mencionan algunas Sentencias del Tribunal Supremo a saber 49/2010 de 4 de Febrero; 797/2015 de 24 de Noviembre, entre otras. Para este Tribunal no se puede decir que se den con los Decretos los requisitos nº 3 y nº 4, y por lo tanto se descarta el delito de prevaricación en este caso.