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Delito contra la libertad sexual

Delito contra la libertad sexual

DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Dicho delito viene comprendido en el Título VIII-artículos 178 y 194 del CP-centrados en la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía.

Según la Directiva 2011/93/UE, la edad por debajo de la cual, de conformidad con el Derecho Nacional, está prohibido realizar actos de carácter sexual con un menor, de tal suerte que la realización de actos de carácter sexual con menores de 16 años será considerado como un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones consentidas con una persona próxima al menor por edad, grado de desarrollo o madurez, permaneciendo la sanción penal cuando se actúa con engaño, pero modificando la edad que pasa a ser de menos de 18 y más de 16 años.

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Juango Ospina, de Ospina Abogados, te lo explica en este video.

 

Apropiación indebida

Apropiación indebida

DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA

El delito de apropiación indebida se encuentran en la nueva Sección 2.ª bis del Capítulo VI del Título XIII del Libro II CP, con la rúbrica “De la apropiación indebida”, comprendiendo los artículos 253 y 254.⚖✔

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Juango Ospina te explica el delito de apropiación indebida en este video:

 

Alzamiento de bienes

Alzamiento de bienes

DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES

El alzamiento de bienes, recogido en el artículo 257 del CP, es un delito socioeconómico que consiste en cualquier acción de un deudor dirigida a la sustracción u ocultación de todo o parte de su patrimonio. El objetivo del deudor es que el acreedor encuentre dificultades para hallar elementos patrimoniales con los que poder cubrir su deuda ??

Será castigado con las penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses el que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores; y quien con el mismo fin, realice, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de pre-iniciación ?

En el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídica pública, la pena a imponer será de 1 a 6 años y multa de 12 a 24 meses.

Este delito consiste en:

  1. Alzarse con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, a través de operaciones materiales, tales como la ocultación o la destrucción, bien a través de operaciones jurídicas, como la creación de hipotecas, las donaciones y enajenaciones reales o ficticias.
  2. Quien, con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.
  3. El responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión, y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del mismo, realice actos de disposición o contraiga obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente.

El bien jurídico protegido, la doctrina mayoritaria entiende que se protegen el patrimonio de los acreedores y, en concreto, su derecho de crédito, el cual forma parte del patrimonio.

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Pena

Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses

Agravante

  1. La pena irá de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses cuando la deuda sea Derecho público y la acreedora una persona jurídica pública.
  2. Dispone que el alzamiento se castigará con la pena en su mitad superior cuando concurran las circunstancias del artículo 250.1.1.º, 4.º o 5º CP:

 

  • Recaiga la conducta sobre cosas de primera necesidad.
  • Viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
  • La especial gravedad de comportamiento, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que se deje a la víctima o a su familia.
  • El valor de la defraudación sea superior a 50.000 euros.

Ejemplo

Los administradores de una sociedad con cuantiosas deudas impugnadas, existiendo requerimientos notariales al pago de alguna de ellas cierran los locales de la sociedad, se llevan el mobiliario y traspasan los activos y actividades de esta a otra sociedad de la que son fundadores y administradores (STS de 19 de diciembre de 2001)

Juango Ospina te explica el delito de alzamiento de bienes en este video:

 

Delito de daños

Delito de daños

¿Qué es el delito de daños?

El delito de daños viene regulado desde el artículo 263 al 267 del CP.
Comete un delito de daños aquel que causa daños en propiedad ajena. Estos delitos forman parte de las llamadas infracciones penales patrimoniales en las que no existe ánimo de lucro o apropiación

Elementos del delito de daños

??Para que se pueda dar el delito de daños, es necesario que la propiedad ajena dañada sea susceptible de valoración económica. En relación al delito de daños, la doctrina viene estimando que el objeto material del mismo es la cosa mueble o inmueble, material y económicamente valorable susceptible de deterioro o destrucción y de ejercicio de la propiedad (STS 3589/2015, de 16 de Junio).
Para que se dé el tipo agravado del delito de daños es necesario que se consuma o se intente consumar los elementos objetivos del tipo mencionados en el segundo epígrafe del artículo 263 CP.

Las penas establecidas para el tipo básico son de multa de 6 a 24 meses, y si el daño causado no excede de 400 € la pena es de multa de 1 a 3 meses. Si por el contrario se dan algunas de las causas del Artículo 263.2 las penas son de prisión de 1 a 3 años y de multa de 12 a 24 meses.

 

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¿Sabes en qué consiste el delito de daños? Juango Ospina te lo explica

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Delito de cohecho

Delito de cohecho

¿Qué es el delito de cohecho?

Se entiende como la recepción o solicitud de una propuesta por la cual un funcionario público o autoridad no actuaría de forma acorde a su cargo, eludiendo así sus responsabilidades como funcionario público.
Este delito viene regulado en los artículos 419 y siguientes del Código Penal, dentro del capítulo de los Delitos contra la Administración Pública. El soborno juega un papel crucial para la comisión de este delito.

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Lo que debes saber sobre el delito de cohecho

➡Requisitos:
El autor puede ser: Una autoridad o funcionario público que solicite o reciba algún tipo de beneficio o favor en el ejercicio correcto de su cargo o realizando un acto contrario a los deberes inherentes al mismo.
Un particular que entregue, ofrezca o solicite algún tipo de favor o algún tipo de beneficio.
➡Penas:
Prisión de tres a seis años.
Multa de doce a veinticuatro meses.
Inhabilitación especial para empleo o cargo público, y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a doce años.
Esta pena se entiende, sin perjuicio, de las que se deriven del delito cometido en el ejercicio incorrecto de sus funciones como funcionario o autoridad pública.
➡Atenuantes:
Cuando la autoridad admita regalos u otros bienes ofrecidos en consideración a su cargo o función.
Se prevé una rebaja de la pena en los casos en los que el soborno se produce en causa penal y para favorecer al reo siempre que se haga:
Cónyuge o persona con la que se tenga de forma estable una análoga relación de afectividad
Ascendiente
Descendiente o hermano, por naturaleza, adopción, afinidad.
➡Pena:
Prisión de seis meses a un año.
Suspensión de empleo y cargo de uno a tres años.
Prisión dos a cuatro años, en caso de que la dádiva, favor o retribución sea debido a hacer un correcto ejercicio de su cargo.
➡Exención:
Cuando el particular denuncie el hecho ante la autoridad, antes de la apertura del procedimiento Y siempre que no hayan transcurrido más de dos meses, desde la fecha de los hechos. Quedará exento de la pena que en estos se impone.❗

Juango te explica el delito de Cohecho en este video

Delito de Prevaricación

Delito de Prevaricación

¿Qué es el delito de prevaricación?

El delito de prevaricación es el delito relacionado con la corrupción por antonomasia. La prevaricación es un delito cometido por la autoridad o un funcionario público cuando dicta una resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia en un asunto administrativo (acto o resolución administrativa).✔
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Sentencia sobre prevaricación.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por el recurrente contra la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Zaragoza por un presunto delito de prevaricación cometido por los recurridos.

El alcalde de una localidad de Zaragoza tras la jubilación del secretario-interventor del ayuntamiento, dictó un Decreto (6/11) por el cual proponía a una de las auxiliares administrativas para desempeñar el cargo mientras que se nombraba a un funcionario titular habilitado para dicho cargo, bajo la aprobación de la Dirección General de la Administración Local de la Diputación General de Aragón (DGALDGA). Una vez se acabara el periodo de interinidad que se le asignaba, dicha auxiliar volvería a su puesto original. Ese mismo día el alcalde dictó otro Decreto (7/11) por el que hacía la misma proposición, pero sin mencionar la reincorporación de la auxiliar a su puesto de trabajo original. La DGALDGA anuló dicha incorporación, si bien la aceptó por unanimidad al no disponer todavía de funcionario habilitado para el cargo. Así el recurrente interpuso querella por delito de prevaricación administrativa contra el alcalde (en calidad de autor) y la susodicha (en calidad de cooperadora necesaria). Siendo ambos absueltos por la Audiencia Provincial.

Entiende la acusación que como sabían que el Decreto (6/11) no iba a ser aceptado por la DGALDGA debido a que “era ilegal”, prepararon otro (7/11) sin mencionar que la auxiliar administrativa volvería a su puesto de trabajo para así burlar la posible negativa de la DGALDGA. Para la parte recurrente los delitos serían: para el alcalde la autoría de un delito de prevaricación administrativa (Artículo 404 CP en relación al 405 CP)

Sin embargo, la Jurisprudencia de la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo viene exigiendo 5 requisitos para que se dé el delito de prevaricación: 1º) una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; 2º) que sea objetivamente contrario a Derecho, es decir, ilegal; 3º) que esa contradicción con el Derecho o la ilegalidad pueda manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales en el procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; 4º) que ocasione un resultado materialmente injusto; y 5º) que se dicte la resolución con la finalidad de hacer efectiva la voluntad de la autoridad o funcionario público, sabiendo que va en contra del Derecho. A este respecto se mencionan algunas Sentencias del Tribunal Supremo a saber 49/2010 de 4 de Febrero; 797/2015 de 24 de Noviembre, entre otras. Para este Tribunal no se puede decir que se den con los Decretos los requisitos nº 3 y nº 4, y por lo tanto se descarta el delito de prevaricación en este caso.