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Abogados derecho penitenciario

Abogados especialistas en derecho penitenciario

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El régimen penitenciario se regula por la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

El fin primordial de las Instituciones Penitenciarias es la reeducación y reinserción social de los penados, teniendo a su cargo una labor asistencial y de ayuda para estos y los librados.

En Ospina Abogados defendemos en primer término la finalidad resocializadora de la pena, que el penado no es un ser eliminado de la sociedad, sino una persona que continúa formando parte de la misma, incluso como miembro activo, si bien sometido a un particular régimen jurídico, motivado por el comportamiento antisocial a aquel y encaminado a preparar su vuelta a la vida libre en las mejores condiciones para ejercitar socialmente su libertad.

¿Cómo lo hacemos?

La confianza y el trato cercano entre el cliente y nuestro despacho son nuestras principales características y puntos de partida.

En Ospina Abogados hacemos un seguimiento completo y hasta el final del caso de nuestros clientes.

  1. La prisión preventiva:

El derecho penitenciario español regula la situación en prisión y en momentos de semi libertad de aquellas personas, investigadas o condenadas en un procedimiento penal. La principal ley es la Ley Orgánica Penitenciaria, desarrollada además a través del Reglamento Penitenciario, entre otras.

La prisión en España puede plantearse en la fase de instrucción, esto es, en la primera fase del procedimiento penal, cuando se están reconstruyendo los elementos del delito, como una medida cautelar excepcionalísima. La misma está regulada en los artículos 502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal titulado el capítulo como “La prisión preventiva”.

La prisión preventiva sólo puede ser acordada mediante resolución judicial en forma de auto, y tras escuchar en audiencia al interesado, en lo que se denomina como “vista del 505” en relación con el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¿Cuándo se acordará la prisión preventiva?

La prisión preventiva en España sólo se puede acordar por el juez instructor que esté investigando la causa o en su caso un sustituto, sólo se adoptará cuando sea objetivamente necesaria, y cuando no existan otras medidas menos lesivas para el derecho fundamental a la libertad del investigado, cómo pueden ser: la imposición de una fianza, retirada del pasaporte y prohibición de salida de España, imposición del deber de firmar ante el juzgado, o simplemente comunicar un domicilio de notificaciones.

¿Qué requisitos exige la prisión preventiva?

La prisión preventiva, al ser una medida tan lesiva para la libertad, exige para que esta se acuerde que concurran unas causas muy tasadas, la ley las recoge en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y siguientes:

  1. Que existan en la causa hechos que revistan una pena de prisión igual o superior a dos años. Podría acordarse también para aquellos hechos con pena inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales, derivados de un delito doloso.
  2. Que aparezcan en la causa “motivos bastantes” para creer responsable criminalmente al investigado.
  3. Que se persiga alguno de los siguientes fines: a) Asegurar la presencia del investigado en el proceso cuando exista riesgo de fuga. B) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas. C) Evitar que actué contra la víctima.
  4. Para evitar que el investigado o encausado comenta otros hechos, evitar la reiteración delictiva.

¿Cuánto tiempo durará la prisión preventiva?

La prisión preventiva durará “el tiempo imprescindible” para alcanzar alguno de los fines relacionados con esta medida. Sin embargo el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la prisión según las circunstancias por las que se acordó en: 1 año si el delito tiene pena privativa de libertad igual o inferior a 3 años; 2 años si la pena privativa de libertad señalada fuera superior a 3 años. No obstante, si concurren circunstancias excepcionales, se podrá acordar una prórroga de hasta 2 años más, si el delito tuviera pena privativa de libertad superior a 3 años; o de hasta 6 meses si el delito tuviera pena igual o inferior a 3 años.

Es decir:

  • Para delitos con penas inferiores a 3 años de cárcel, de hasta 1 año.
  • Para delitos con penas superiores a 3 años de cárcel, de hasta 2 años.

Cumplidos los 2 años anteriores:

  • Para delitos con penas superiores a 3 años, cumplidos los 2 años anteriores, prorrogable hasta 2 años más. Total 4 años de prisión preventiva.
  • Para delitos con penas iguales o inferiores a 3 años, cumplidos los 2 años anteriores, prorrogable hasta 6 meses más.

 

  1. Prisión en ejecución de condena.

Celebrado el juicio oral y de existir un fallo condenatorio –sentencia condenatoria– con una pena privativa de libertad, tras la revisión de la condena en segunda instancia en un Tribunal de apelación y si esta es desestimada, finalmente se llega a la ejecución de la pena de prisión. Si esta no puede quedar suspendida o sustituida por multa, conforme el artículo 80 del Código Penal, se acordará el ingreso en prisión del condenado.

Una vez en prisión, toda persona tiene una serie de derechos y obligaciones que le son propios, con el fin de cumplir el objetivo de la prisión, que en España es, sobre todo, la reinserción y resocialización del condenado conforme el artículo 25.1 de la Constitución.

Dependiendo de la duración de la pena de prisión el interno será clasificado: en primer, segundo o tercer grado. Lo normal será la clasificación en segundo grado ya que los primeros grados están reservados para supuestos excepcionales.

Una vez clasificado, se podrá optar a los permisos de salida, que serán progresivos si existe buena conducta e informes positivos por parte del Centro Penitenciario. Habiendo gozado de permisos de salida, llegará la clasificación en tercer grado y finalmente la ansiada libertad condicional.

Sin embargo para un correcto desarrollo del tiempo en prisión es necesario conocer las obligaciones y deberes del interno con el fin de que pueda cumplir la pena en el menor plazo de tiempo necesario acorde a sus circunstancias.

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