Los delitos económicos suponen un golpe a la economía nacional de más de un 3,5% del PIB español. En 2019, el número de procedimientos abiertos por delitos contra el patrimonio superaron con creces los índices de cualquier año anterior. Según un informe emitido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), estos delitos supusieron el pasado año a las arcas públicas, pérdidas de hasta 40.000 millones de euros, es decir, más del 3,5% sobre el valor del PIB español.
“A pesar de lo que podríamos pensar, que aumenten los procedimientos abiertos por delitos económicos son buenas noticias. Las administraciones están haciendo su trabajo y cada vez se investigan más casos que ya estaban ocurriendo, pero que, dados los recursos, eran imposibles de rastrear”, explica Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista experto en delitos económicos.
