Si la multa finalmente se produce, cuando pasa el filtro de la Delegación del Gobierno, entonces el ciudadano tiene 15 días desde que se le notifica para presentar alegaciones.
En ese momento, la Delegación de Gobierno puede decidir entre archivarla o seguir adelante. En este último supuesto, el paso siguiente pasaría ya por recurrir ante un juez de lo contencioso-administrativo.
En esta vía, la policía y la guardia civil tienen presunción de veracidad. “Es tu palabra contra la del agente, que es la que prevalece”, explica el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina. “El agente puede esgrimir que en ese momento no sacaste la documentación necesaria, por ejemplo”.
