Una vez fue decretado el pasado lunes 30 de marzo la suspensión de actividades no esenciales, se produjeron durante las primeras 24 horas 76 detenciones y 10.000 actas de sanción, poniendo de manifiesto las carencias de un sistema de prevención que dista de ser perfecto.
“España se encuentra en el tercer puesto del ranking europeo de seguridad ciudadana. Con tan solo 46 delitos por cada 1.000 habitantes, creemos firmemente en la profesionalidad de nuestros agentes. Aun así, queda analizar si las denuncias o detenciones han sido justificadas atendiendo a la explicación que se le ofreció al policía”, continua Ospina.
El abogado denuncia que puedan llegarse a criminalizar ciertas conductas humanas, sosteniendo que el proceso penal debería ser la última herramienta para penalizar una conducta por desobediencia. “Antes de la vía penal está la administrativa. Junto a la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana pueden interponerse sanciones de hasta 30.000 euros que no tendrían por qué resolverse con detenciones o ingresos en prisión.”
