El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina participa como invitado en Noticias Intereconomía, donde se discute el caso Otegui y la posibilidad de mantener su inhabilitación de empleo o cargo público para las elecciones del 2021. Explica cómo la decisión del Tribunal Supremo, que estima ajustada a derecho, no tiene recurso en nuestro ordenamiento por la vía ordinaria. No obstante, cabría un posible recurso de revisión, así como, si se viera vulnerado algún derecho fundamental, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Aclara, además, que en el caso de que un inhabilitado acudiera a su puesto de trabajo, podría incurrir en un delito de desobediencia. En cualquier caso, sus funciones carecerían de fondo, y no podría recibir ninguna remuneración por parte del Estado.
