En la madrugada del 21 de marzo se celebraba una fiesta ilegal en la que la Policía Nacional intervino derribando la puerta por el método del ariete. El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina de Ospina Abogados denuncia que se hizo uso de la fuerza coercitiva de manera «desproporcionada» con la entrada en el domicilio.
La policía argumenta que intervino basándose en que se estaba cometiendo un “delito flagrante” al constatar que se trataba de una fiesta ilegal prohibidas por la crisis sanitaria de la Covid-19 y tras desobedecer sus requerimientos.
Ospina, afirma que no se estaba cometiendo delito al no abrir la puerta a un agente de policía y que sería una desobediencia leve y no grave, sancionado por la Ley de Seguridad Ciudadana, y advierte de que, ante la duda de si era delito o no “los agentes debieron solicitar una orden judicial”. El domicilio al que entraron los agentes no era un “piso turístico” como figura en el atestado policial. Su defendido tiene un contrato de alquiler de “larga duración” que no es un piso “turístico” por lo que estudia acciones legales a tomar contra lo que considera un “irrefutable” allanamiento de morada.
