Los mejores abogados penalistas analizan el valor de la seguridad jurídica y la garantía de la igualdad ciudadana ante la ley, dado que son piedra angular del derecho de defensa. Qué un elemento sea delito, así como la pena que puede sufrir su autor es algo que solo pueden decidir los representantes directos de los ciudadanos: los políticos. Así es como las normas se convierten en leyes, en algunos casos bajo la amenaza de inseguridad jurídica, pero siempre con la debida delegación de poder en los jueces, que deberán aplicarlas en el marco del comportamiento enjuiciado adecuado.
LA HIPERREGULACIÓN
España es un país que legisla mucho, rápido y mal. La locura legislativa de nuestro Estado bien podría ser una enfermedad: la hiperregulación. Desde 1979, se han dictado unas 400.000 normas, a un ritmo de más de 9.000 por año, y aun así perviven leyes como la franquista de secretos oficial. La abogacía está cansada de este fenómeno que supone el constante cambio y promulgación de nuevas normas, y que dificulta no solo un bien fundamental como debe ser la seguridad jurídica, sino que se llega a dudar sobre que normas aplicar.
Esta regulación constante genera, en no pocas ocasiones, que cuando el Congreso de los Diputados aprueba una nueva ley, las comunidades autónomas quieran dar también pasos, marcar diferencias o cubrir huecos generados, bifurcando la nueva norma hasta en 17 nuevos textos que rompen la globalidad de la norma y su necesaria coordinación en un estado de derecho por los mejores abogados penalistas.
ABUSO DEL DECRETO-LEY
Muy ligado al problema anterior, tenemos que destacar el abuso contante que los Gobiernos hacen del Decreto-Ley. Una herramienta que debería ser usada para casos urgentes, pero que realmente se está usando para que lo dictado entre rápidamente en vigor, ahorrando tiempo y enterrando el necesario debate público, político y social.
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Que la LECrim requiere aires nuevos es un debate que tan rápido se abre, se contesta. Pero lograr que un nuevo texto asuma los postulados constitucionales de modo uniforme es un tanto más complejo en el marco político actual.
Aún se recuerdan los intentos anteriores, en 2011 y 2013, para reformar la ley que regula el proceso penal desde 1882, abundantemente parcheada, pero sin, por ejemplo, adaptar la normativa española a las exigencias europeas. Tocar la LECrim precisa de reformas complementarias como la Ley Orgánica del Poder Judicial o el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El borrador de ley desprende excesivas facultades a jueces y fiscales, sin atender primero las demandas de la profesión de más medios y más personal. Y por supuesto es preciso determinar con claridad las funciones del “Juez de garantías”.
FALTA DE MEDIOS HUMANOS ENTRE LOS MEJORES ABOGADOS PENALISTAS
Es una queja clásica, pero no por ello deja de ser de suma importancia. Si el sistema judicial funciona no es por tener una planta suficiente, siendo necesario no solo sumar nuevos miembros, sino redistribuir las plantillas atendiendo a las cargas de trabajo reales, que se pueden prever en función de la movilidad demográfica, entre otros factores.
Por supuesto también arrastramos muchos años de encallamiento tecnológico, que dificulta el ejercicio letrado en espacios tan complejos como son las prisiones, pero también en las propias salas de justicia, con frecuentes fallos de conexión o caídas del sistema informático, que impiden un arranque real y efectivo de los juicios online.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Las universidades y espacios docentes tienen que lanzar una pregunta, ¿está su fórmula educativa preparada para los próximos 50 años?
Los actores implicados tenemos que establecer las estrategias pedagógicas necesarias para formar futuros abogados, o actualizar abogados en ejercicio, salvando un escalón: estamos ofreciendo cursos con nativos digitales en base a profesores del siglo XX, y aplicando las soluciones clásicas a nuevos retos.
La enseñanza jurídica tendrá que enfrentarse a sus propios desafíos con el surgimiento de nuevas tecnologías que no solo deben modificar la manera de ejercer el Derecho en todas las áreas de la profesión jurídica, sino la misma concepción que teníamos de la profesión.
CONCLUSIÓN. Los retos y desafíos del derecho penal por los mejores abogados penalistas se deben abordar, no asaltar. Tenemos que debatirlos situando en el centro al ciudadano, como el gran beneficiario de leyes adaptadas al siglo XXI, pero asegurándole su derecho a un juicio justo, con garantías, sin demoras, a tener un abogado de elección propia o uno sin coste alguno si no puede costeárselo… En definitiva, remitirnos al Artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
