Los hechos denunciados se remontan a diciembre de 2016, cuando el denunciante requería de un préstamo de 5 millones de euros para renovar una licencia bancaria y hacer frente a diferentes obligaciones tributarias.
Ospina Abogados, despacho penalista especializado en penal económico y penal informático, fue el encargado de asumir la defensa del caso. Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte solicitaron el archivo del caso tras la práctica de las diligencias de investigación solicitadas por ambas partes para esclarecer los hechos, de donde se desprendió que el denunciado no tenía ninguna relación con los hechos delictivos.
