Las investigaciones comenzaron el pasado mes de octubre, cuando un laboratorio madrileño denunció ante la policía que se estaban vendiendo certificados de PCR falsos por 40€. La policía, tras las pesquisas oportunas, requirió a la titular de los anuncios y procedió a imputarla por un delito contra la salud publica y otro de falsedad documental.
La Investigada, natural de Honduras, se puso en contacto con el despacho penalista Ospina Abogados, el cual, preparó su defensa y representación. Tras la recomendación de la letrada Beatriz Uriarte, la denunciada se acogió a su derecho a no declarar.
La investigada declaró ante el juez instructor que se suplantó su identidad por parte de un tercero para la realización de estos anuncios, siendo puesta en libertad provisional.
