Según informaron a ABC en fuentes jurídicas presentes en la declaración, los policías, de los que cuatro están representados por la Abogacía del Estado y dos, por un abogado particular, han sostenido que el delito flagrante no era la fiesta, que constituye una falta administrativa, sino la negativa del morador de la vivienda a identificarse. Según su lectura, incurrió en un ilícito de desobediencia grave que justificó tirar la puerta con un ariete.
Durante el interrogatorio, en el que han contestado a todas las partes, incluido al abogado de la acusación particular, el letrado Juango Ospina, han descartado que contasen con órdenes o instrucciones expresas de superiores que les impusiera ese modo de proceder. Han defendido que en todo caso la operación se ajustó a derecho y que fue sopesada por ellos mismos sobre la marcha.
