Los policías nacionales que formaron parte del grupo de seis agentes que el domingo 21 de marzo tiraron la puerta abajo de una casa –sin orden judicial– en el centro de Madrid, donde se estaba celebrando una fiesta, volvieron a entrar en un segundo piso la madrugada del día siguiente –también sin orden judicial–, esa vez por el método del resbalón.
En ninguna de las dos intervenciones los agentes contaron con el respaldo de un mandamiento judicial de entrada y registro en el piso, un domicilio, que el artículo 18 de la Constitución considera «inviolable».