La Dirección Adjunta de la Policía nunca ha dictado orden alguna que ampare estas actuaciones e insiste en que siempre se debe actuar de acuerdo al criterio de proporcionalidad.
«Una barbaridad», «un ataque a los derechos más elementales», «un abuso incomprensible», «un error». Son algunas de las expresiones vertidas por distintos juristas consultados por ABC ante la posibilidad de que la necesidad de impedir una fiesta o una reunión social de las restringidas en aras de la prevención del coronavirus pueda implicar que la Policía entre por la fuerza en un domicilio privado.
La reflexión es fruto de dos sucesos con amplia repercusión social que han tenido ya su reflejo en decisiones de los tribunales y que sucedieron las noches del 21 y el 22 de marzo en Madrid.
