Entrevista
realizada a Beatriz Uriarte, abogada penalista especialista en delitos de
maltrato y violencia de género:
Pregunta
(P): Usted es una abogada joven y a pesar de ello con gran bagaje profesional.
¿Qué es lo que más le entusiasma de su profesión?
Respuesta
(R): En la abogacía defendemos los derechos de nuestros clientes y, por ende,
su libertad. Los clientes nos confían su bien más preciado y no podemos sino
protegerlo y trabajar día a día por preservarlo.
Otro
rasgo característico de nuestra profesión es la confianza que los clientes
depositan en nosotros, con quienes no tenían ninguna relación previa, más que
alguna referencia u opinión de nuestro despacho. Al final, lo más importante es
establecer un vínculo de confianza mutua. Confían en que seamos sus protectores
y sus garantes últimos en el sistema judicial.
P:
El derecho penal es una disciplina que conlleva mucha responsabilidad y
requiere de una gran confianza del cliente. ¿Cómo se maneja la presión y como
se gana la confianza del cliente?
R:
La confianza es la piedra angular de la relación abogado-cliente en cualquier
rama del derecho. Los abogados no sólo han de tener conocimientos jurídicos,
pues estos de forma aislada no son suficientes. Esos conocimientos tienen que
ir acompañados de la capacidad de ofrecer a nuestros representados el apoyo
moral, cercanía y aliento en los momentos complicados.
Para
manejar estos procedimientos penales es necesario ir de la mano del cliente,
caminar juntos y construir poco a poco la línea de defensa que se ajuste a cada
caso concreto.
P:
Eso tendrá aún más importancia en su caso, una abogada especializada en
violencia de género. ¿Cómo ha llegado a especializarse en estos casos?
R:
En los casos de violencia de género siempre existe cierto miedo e incluso
vergüenza a la hora de denunciar. El motivo por el que me especialice en estos
casos es la recurrente llamada de auxilio por parte de las víctimas, quienes
generalmente, en estos procedimientos se sienten solas o desamparadas. Mi
objetivo es eliminar la palabra “soledad” y acompañarles desde el inicio del
procedimiento, es decir, desde la interposición de la denuncia, hasta el día
del juicio o su recurso.
El
primer paso hay que darlo en dirección a la confianza de la víctima,
ofreciéndole apoyo, comprensión y seguridad. Hay que tener en cuenta que, en
muchos casos, esta persona llega con un escudo psicológico resquebrajado. Los
procedimientos de violencia de género son una montaña rusa emocional que hay
que saber estabilizar para evitar un recorrido lleno subidas y caídas al vacío.
P:
¿Qué particularidades tiene un caso de violencia contra las mujeres y qué exige
eso a una abogada?
R:
En estos casos, la cualidad que ha de tener una abogada es sin duda la
seguridad, cualidad que, además, ha de saber transmitir. Las dudas por parte de
la víctima son frecuentes y ha de tener una especial sensibilización con la
misma, entendiendo la posición en la que se encuentra, ofreciéndole un plus de
atención y apoyo.
P:
Los casos tienen una gran carga emocional. ¿Cómo se prepara para mantener el
criterio profesional ante todo?
R:
Está claro que detrás de cada caso hay un cliente, pero se nos suele olvidar
que detrás de cada toga hay un abogado. Nuestro trabajo depende, en gran parte,
de la sensibilidad personal de cada uno. Sin embargo, debemos evitar llevarnos
por las emociones a la hora de realizar nuestro trabajo. Es cierto que hay que
tener mucha empatía y entender el marco que rodea el procedimiento, pero sin
llegar a hacerlo en ningún momento personal, pues estaríamos perdiendo toda
seguridad y confianza.
Lo
que nunca falta en mis casos es el desempeño profesional, técnico y correcto,
acompañado de una especial sensibilidad con la víctima. Ahí reside la verdadera
clave del éxito. No sólo se trata de ganar el caso, sino de restablecer la
quiebra de fidelidades, de confianza y de seguridad en la víctima.
P:
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
es un instrumento importante para proteger a las mujeres. ¿Cree que es un
margen adecuado o habría que intentar de reformar o mejorarla, desde su punto
de vista de la práctica de la defensa?
R:
La Ley Orgánica de Medidas de Protección ha supuesto sin duda un gran avance.
Sin embargo, nunca es suficiente y hay que seguir legislando al respecto. La
parte positiva sería que, en lo referente a la violencia de género, siempre hay
cierta voluntad política, por lo que no existen obstáculos reales para
continuar desarrollando estas medidas. Hablar de Ley es hablar de garantía de
derechos.
P:
Hemos tenido recientemente sentencias relevantes en la materia, como del TS
sobre delito las ‘llamadas perdidas’ a víctimas. ¿Cree que la judicatura tiene
la suficiente sensibilidad en la materia?
R:
Sin duda alguna la judicatura tiene la suficiente sensibilidad en la materia.
La reciente sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuyo ponente
es Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, es una muestra de ello. El magistrado
admite como prueba y condena por vez primera, el hecho de que el investigado
realice llamadas perdidas a la víctima con la que tiene una orden de
alejamiento vigente. De esta forma, el tribunal entiende, como no puede ser de
otra forma, que se trata de una conducta que perturba la tranquilidad y amenaza
la seguridad de la víctima.
P:
Al hilo de esta sentencia, ¿cree que los protocolos establecidos para proteger
a las victimas funcionan bien en todos los aspectos?
R:
La gran mayoría de los protocolos establecidos para proteger a las víctimas
funcionan correctamente, lo que no obsta para que haya que continuar aunando
esfuerzos con el fin de erradicar la violencia de género. Este trabajo debe
dirigirse para que las intervenciones tengan como objetivo prioritario la
prevención, detección y atención de las víctimas, de forma cada vez más
efectiva.
P:
Si tuviera que pedir medidas o reformas al legislador, ¿Qué pediría?
R:
En base a mi experiencia y a los recientes estudios que se han realizado en la
materia, pediría al legislador una modificación legislativa que contemple la
libertad vigilada como medida cautelar, para mayor protección de la víctima y
de sus hijos e hijas. Siendo también necesario, desde mi punto de vista, una
mayor inversión en medidas de reeducación para los condenados, con el fin de
evitar la reincidencia.
