Beatriz Uriarte: abogada penalista experta en violencia de género

Entrevista realizada a Beatriz Uriarte, abogada penalista especialista en delitos de maltrato y violencia de género:

Pregunta (P): Usted es una abogada joven y a pesar de ello con gran bagaje profesional. ¿Qué es lo que más le entusiasma de su profesión?

Respuesta (R): En la abogacía defendemos los derechos de nuestros clientes y, por ende, su libertad. Los clientes nos confían su bien más preciado y no podemos sino protegerlo y trabajar día a día por preservarlo.

Otro rasgo característico de nuestra profesión es la confianza que los clientes depositan en nosotros, con quienes no tenían ninguna relación previa, más que alguna referencia u opinión de nuestro despacho. Al final, lo más importante es establecer un vínculo de confianza mutua. Confían en que seamos sus protectores y sus garantes últimos en el sistema judicial.

P: El derecho penal es una disciplina que conlleva mucha responsabilidad y requiere de una gran confianza del cliente. ¿Cómo se maneja la presión y como se gana la confianza del cliente?

R: La confianza es la piedra angular de la relación abogado-cliente en cualquier rama del derecho. Los abogados no sólo han de tener conocimientos jurídicos, pues estos de forma aislada no son suficientes. Esos conocimientos tienen que ir acompañados de la capacidad de ofrecer a nuestros representados el apoyo moral, cercanía y aliento en los momentos complicados.

Para manejar estos procedimientos penales es necesario ir de la mano del cliente, caminar juntos y construir poco a poco la línea de defensa que se ajuste a cada caso concreto.

P: Eso tendrá aún más importancia en su caso, una abogada especializada en violencia de género. ¿Cómo ha llegado a especializarse en estos casos?

R: En los casos de violencia de género siempre existe cierto miedo e incluso vergüenza a la hora de denunciar. El motivo por el que me especialice en estos casos es la recurrente llamada de auxilio por parte de las víctimas, quienes generalmente, en estos procedimientos se sienten solas o desamparadas. Mi objetivo es eliminar la palabra “soledad” y acompañarles desde el inicio del procedimiento, es decir, desde la interposición de la denuncia, hasta el día del juicio o su recurso.

El primer paso hay que darlo en dirección a la confianza de la víctima, ofreciéndole apoyo, comprensión y seguridad. Hay que tener en cuenta que, en muchos casos, esta persona llega con un escudo psicológico resquebrajado. Los procedimientos de violencia de género son una montaña rusa emocional que hay que saber estabilizar para evitar un recorrido lleno subidas y caídas al vacío.

P: ¿Qué particularidades tiene un caso de violencia contra las mujeres y qué exige eso a una abogada?

R: En estos casos, la cualidad que ha de tener una abogada es sin duda la seguridad, cualidad que, además, ha de saber transmitir. Las dudas por parte de la víctima son frecuentes y ha de tener una especial sensibilización con la misma, entendiendo la posición en la que se encuentra, ofreciéndole un plus de atención y apoyo.

P: Los casos tienen una gran carga emocional. ¿Cómo se prepara para mantener el criterio profesional ante todo?

R: Está claro que detrás de cada caso hay un cliente, pero se nos suele olvidar que detrás de cada toga hay un abogado. Nuestro trabajo depende, en gran parte, de la sensibilidad personal de cada uno. Sin embargo, debemos evitar llevarnos por las emociones a la hora de realizar nuestro trabajo. Es cierto que hay que tener mucha empatía y entender el marco que rodea el procedimiento, pero sin llegar a hacerlo en ningún momento personal, pues estaríamos perdiendo toda seguridad y confianza.

Lo que nunca falta en mis casos es el desempeño profesional, técnico y correcto, acompañado de una especial sensibilidad con la víctima. Ahí reside la verdadera clave del éxito. No sólo se trata de ganar el caso, sino de restablecer la quiebra de fidelidades, de confianza y de seguridad en la víctima.

P: La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es un instrumento importante para proteger a las mujeres. ¿Cree que es un margen adecuado o habría que intentar de reformar o mejorarla, desde su punto de vista de la práctica de la defensa?

R: La Ley Orgánica de Medidas de Protección ha supuesto sin duda un gran avance. Sin embargo, nunca es suficiente y hay que seguir legislando al respecto. La parte positiva sería que, en lo referente a la violencia de género, siempre hay cierta voluntad política, por lo que no existen obstáculos reales para continuar desarrollando estas medidas. Hablar de Ley es hablar de garantía de derechos.

P: Hemos tenido recientemente sentencias relevantes en la materia, como del TS sobre delito las ‘llamadas perdidas’ a víctimas. ¿Cree que la judicatura tiene la suficiente sensibilidad en la materia?

R: Sin duda alguna la judicatura tiene la suficiente sensibilidad en la materia. La reciente sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuyo ponente es Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, es una muestra de ello. El magistrado admite como prueba y condena por vez primera, el hecho de que el investigado realice llamadas perdidas a la víctima con la que tiene una orden de alejamiento vigente. De esta forma, el tribunal entiende, como no puede ser de otra forma, que se trata de una conducta que perturba la tranquilidad y amenaza la seguridad de la víctima.

P: Al hilo de esta sentencia, ¿cree que los protocolos establecidos para proteger a las victimas funcionan bien en todos los aspectos?

R: La gran mayoría de los protocolos establecidos para proteger a las víctimas funcionan correctamente, lo que no obsta para que haya que continuar aunando esfuerzos con el fin de erradicar la violencia de género. Este trabajo debe dirigirse para que las intervenciones tengan como objetivo prioritario la prevención, detección y atención de las víctimas, de forma cada vez más efectiva.

P: Si tuviera que pedir medidas o reformas al legislador, ¿Qué pediría?

R: En base a mi experiencia y a los recientes estudios que se han realizado en la materia, pediría al legislador una modificación legislativa que contemple la libertad vigilada como medida cautelar, para mayor protección de la víctima y de sus hijos e hijas. Siendo también necesario, desde mi punto de vista, una mayor inversión en medidas de reeducación para los condenados, con el fin de evitar la reincidencia.