Nuestro despacho penalista considera que vulnerar la Constitución es atentar contra la convivencia.
Ospina Abogados muestra su profundo rechazo ante el acuerdo firmado por PSOE y Junts por entender que es un pacto que, más allá de ideología de los ejes derecha e izquierda, redunda en el totalitarismo atacando los derechos fundamentales, entre ellos: la igualdad ante la ley, la independencia judicial, y la tutela judicial efectiva como elementos propios de cualquier democracia de calidad.
Un estado que vulnera los derechos fundamentales se convierte tarde o temprano en un estado fallido.
“Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”, refiere el artículo 30 de la Constitución, mientras que “los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley”, puesto que así lo establece expresamente también en su artículo 117.1. Por su parte uno de los principios rectores del Estatuto General de la Abogacía en España, en su punto 1.5 señala que “En el Estado social y democrático de Derecho, los profesionales de la Abogacía desempeñan una función esencial y sirven los intereses de la Justicia, mediante el asesoramiento jurídico y la defensa de los derechos y libertades públicas”.
Por ello nos posicionamos inequívocamente del único lado que pueden elegir quienes respetan el Estado de Derecho; nos adherimos a la declaración institucional de la Junta de Gobierno del ICAM, y estaremos junto a los jueces y magistrados en la defensa de la Constitución.
Así realizamos una llamada solidaria y responsable a toda la comunidad jurídica:
- Denunciando públicamente la gravedad de los hechos y que suponen un quebrantamiento de las reglas de juego de la que nos dotamos en la Transición.
- Solicitando una nueva convocatoria electoral, o en su defecto el sometimiento de la decisión de tramitar la proposición de ley a referéndum consultivo previsto en el artículo 92.1 de la Constitución, y por tanto "a todos los ciudadanos".
- Y, en última instancia, articulando la movilización de todos los operadores jurídicos en defensa de nuestros principios constitucionales que han garantizado durante los últimos 40 años, la convivencia pacífica, y que nos han dotado de un bienestar social desconocido hasta ese momento.
Con este comunicado nos sumamos a los compañeros y compañeras que vienen manifestando su oposición a este pacto de sillones que degrada la Carta Magna; a TODAS LAS ASOCIACIONES DE JUECES que de forma unánime rechazan el acuerdo; y tendemos nuestra mano a los constitucionalistas que desde el servicio público apuntalan día a día la necesaria independencia judicial.
