Suspensión de juicio oral por nulidad de actuaciones

Un incidente con nulidad de actuaciones consigue suspender la celebración de un juicio oral para volver a la fase de instrucción y practicar aquellas diligencias necesarias para esclarecer los hechos que en día de hoy se enjuiciaban.

Juan Gonzalo Ospina, socio fundador de Ospina Abogados, planteó como cuestión previa al inicio de las sesiones del juicio oral, un incidente de nulidad por entender que se había vulnerado el derecho de defensa en el proceso de nuestro cliente.

En este caso, había sido acusado de un delito por el que no había declarado en calidad de investigado durante la fase de instrucción, vulnerando de esta forma el artículo 128 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 24.2 de la Constitución Española, refiriendo que, toda persona a la que se le impute un hecho penal tiene derecho a hacer valer su versión de los hechos, con todas las garantías procesales.

Ospina puso de manifiesto la STS 33/2003 de febrero, para explicar que, aunque era cierto que el acusado había declarado durante la fase de instrucción con un abogado, el juez instructor, en ningún momento, le imputó el delito por el que hoy se enjuiciaba.

De esta forma, la trasformación de las diligencias previas a los trámites del procedimiento abreviado, y posteriormente, los escritos de acusación y la celebración del juicio oral, vulneraban el derecho a defenderse de nuestro cliente.

Pese a la oposición del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, entendiendo que no se habían vulnerado estos derechos fundamentales, la magistrada-juez determinó el acuerdo del incidente de nulidad conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y de nuestro propio ordenamiento jurídico.

Es cierto que el auto de procedimiento abreviado puede recoger delitos nuevos conexos o relacionados con los hechos por los que se hayan tomado declaraciones con carácter previo. Sin embargo, al ser delitos completamente distintos, con hechos que no guardaban correlación alguna, el juicio no podría celebrarse al entender una vulneración flagrante del derecho a la defensa del acusado. Un nuevo éxito de la administración de justicia, de nuestros jueces y de nuestro Estado de Derecho, toda vez que se demuestra que España es un país de garantías, con un poder judicial que defiende, por encima de todo, los derechos de los ciudadanos.